En un clima envuelto por el escándalo cripto que ocupa la centralidad en la discusión política de estos días, la Cámara de Senadores realizará este jueves la primera sesión del período extraordinario. Primera, pues no descarta volver a reunirse al día siguiente para debatir sobre el pliego de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según se resolvió este miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria, los temas que se pondrán a consideración, a partir de las 12, son la suspensión de las PASO, la ley antimafias, el juicio en ausencia y reiterancia y reincidencia.

Según confiaron a parlamentario.com, no prosperó la propuesta del oficialismo para sumar a esta primera reunión del año la sesión preparatoria. Así las cosas, eso quedó para el próximo lunes 24 de febrero a las 14.

Se sabe que la primera parte de esta sesión que se espera extensa, estará invadida por cuestiones de privilegio contra el presidente de la Nación por el escándalo $Libra, el negocio que Javier Milei “difundió” -tal su explicación- el viernes pasado en las redes sociales, sumergiendo desde entonces a su gestión en una polémica que lejos está de concluir, y que en la Cámara baja ha llevado a algunos bloques a especular con pedidos de juicio político. Según pudo saber este medio, serían más de 30 las cuestiones de privilegio que se plantearían en esta sesión.

En primer lugar se tratará una serie de acuerdos de ascensos militares (ocho) y un pliego diplomático. No está en el temario el pliego del juez federal Ariel Lijo, que se verá si es propuesto en una sesión a realizarse el viernes, si es que el Gobierno cuenta con el número necesario para su aprobación.

Luego se avanzará con el temario de la sesión en este orden: 1°) PASO; 2°) juicio en ausencia; 3°) reiterancia; 4°) antimafia.

El tema que más interés despierta sobre todo en el Gobierno es la suspensión de las PASO. Algo que originalmente el Poder Ejecutivo planteaba como la derogación definitiva de las elecciones primarias, pero que ante la imposibilidad de aprobar el proyecto original, terminó llevando al oficialismo a morigerar por ahora su propuesta.

El proyecto de suspensión fue aprobado el pasado 6 de febrero por 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones. Si el Senado lo aprueba, las elecciones primarias quedarán suspendidas al menos por este año.

Luego será el turno de juicio en ausencia, una iniciativa inspirada en el intento de hacer justicia por el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994. El proyecto fue aprobado en Diputados por 147 votos a favor, 68 en contra  y 9 abstenciones. A través del mismo se modifica el Código Procesal Penal estableciendo que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

De igual manera, se establece que “la declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, salvo en el caso de los supuestos previstos en el Capítulo V del Título II del Libro III de este Código”. A su vez, el proyecto señala que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investiguen los delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Luego será el turno del proyecto que se propone terminar con la “puerta giratoria” para los delincuentes, aprobado hace dos semanas en Diputados con 138 votos a favor, 94 en contra y 1 abstención.

El nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia modifica los artículos 50° y 58° del Código Penal, como así también puntos del Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal, y se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial. La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”. Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.

A priori, este es el tema que más discusión y final abierto promete. Pasa que ya cuando consiguió dictamen, desde varios sectores se presentaron objeciones a lo aprobado en Diputados. Ante las mismas, el oficialismo había aceptado convocar al secretario de Justicia para dar explicaciones ante la comisión, pero la reunión prevista para este martes a las 17.30 se levantó.

Al final de lo que se presume como una muy extensa sesión, se tratará el proyecto de ley antimafia, que tiene dictamen desde el 13 de noviembre pasado. El proyecto cuenta con media sanción desde el 1 de octubre pasado, cuando la votación en Diputados concluyó con 137 votos a favor y 92 en contra. El proyecto tiene por objeto “brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”.

Según la iniciativa, todo aquel que “tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita” será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años.

Además de abarcar a delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, trata de personas -entre otros-, se sumaron a la lista en el tratamiento parlamentario los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. También los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad; y se agregó la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos (que contempla las penas por comercialización de los mismos).