Las organizaciones no gubernamentales Sin Azul no Hay Verde (SANHV) y el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) reclaman la creación de un registro público de embarcaciones con información relevante y comprensible, para que cualquier ciudadano pueda conocer cómo se gestionan los recursos naturales de nuestro país.

“Hoy la Argentina no cuenta con un registro público de las embarcaciones de pesca, sus permisos y cuotas, sus propietarios, y el historial de su conducta y/o sanciones, entre otros datos sensibles”, argumentaron.

A través de un informe elaborado por las organizaciones alertan sobre la sostenibilidad de la operatoria y la conservación de los recursos marinos. La actividad genera unos 2 mil millones de dólares al año.

El documento evalúa el desempeño del sector pesquero en lo que refiere a la transparencia en la toma de decisiones y en el acceso a la información pública. El informe describe el funcionamiento del sector, su composición y las normas que lo regulan y hace foco en aquellos procesos y datos clave que deben ser de libre y fácil acceso para la comunidad.

“A lo largo del año pasado, hemos escuchado hablar bastante del sector pesquero, algo que no es muy común, especialmente a raíz de los cambios regulatorios que el gobierno intentó aprobar a través de la Ley Bases. Se dice mucho del aprovechamiento privado, de los derechos de extracción, de la rentabilidad, de los impuestos, pero poco de la sostenibilidad de la operatoria y de la conservación de los recursos, que no sólo son importantes en términos ambientales sino también para la supervivencia de la propia actividad”, señaló Milko Schvartzman, responsable del Programa de Océanos del CPA y agregó: “También se habla de los dueños de las empresas pero nada sobre el desempeño de las embarcaciones, sobre todo cuando esto debiera ser relevante para la asignación de cuotas o permisos”.

El informe publicado por las organizaciones describe cómo funciona la pesca a nivel nacional en la Argentina; en el sistema de cuotas y permisos y el proceso de asignaciones; y en quienes son los actores intervinientes. Además, realiza una caracterización de la flota bajo bandera nacional y un relevamiento de la normativa que la regula, centrándose en la transparencia y acceso a la información de cuestiones clave de la actividad.

“En la actualidad acceder a la información pública sobre los procesos de toma de decisión y sobre el desempeño de las flotas, especialmente de las infracciones y sanciones, es bastante engorroso, ya que requiere de pedidos de información pública, rastreo y recopilación de actas, etc., y además la información publicada allí no es fácil de analizar por personas no expertas. Esto no debiera ser así, ya que se trata de información pública a la que cualquier ciudadano debería acceder, sobre todo si tenemos en cuenta que la actividad se sustenta en recursos que son comunes”, señaló por su parte Juan Coustet, Coordinador de Investigaciones e Informes de SANHV.

Desde las organizaciones sostienen que, a diferencia de otros países, la Argentina no cuenta con un registro público de las embarcaciones de pesca, sus permisos y cuotas, sus propietarios y/o beneficiarios directos, sus beneficiarios finales, los derechos de explotación con los que cuentan, el historial de su conducta y/o sanciones.

“Es necesario que las autoridades comiencen a interpretar a la Ley Federal de Pesca en el entramado más amplio de la normativa ambiental, desde la Constitución Nacional, pasando por la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental”, reclamaron.

Y concluyeron en el documento: “En este marco, queda claro que el acceso a la información pública clara y accesible es un derecho de todos los ciudadanos y que la pesca no es una excepción. En esa línea, la creación de un registro de embarcaciones en línea, instrumento con el que vienen trabajando varias naciones del mundo, es un primer paso para transparentar la actividad, la toma de decisiones y el desempeño de las autoridades y del sector privado”.