A través de un informe elaborado por la Fundación Éforo resaltaron que desde la implementación de las PASO el gasto en el proceso electoral ronda los $331.016 millones, en promedio. En tanto, plantearon que es “complejo” aprobar una reforma electoral sin tener un Presupuesto que “debería ser una prioridad”.
Con 43 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó este jueves el proyecto enviado por el Ejecutivo de suspensión durante 2025 de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Hablamos de la modificación Ley 26.571 (2009), de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral".
Según un informe de la Fundación Éforo: “Las PASO se pensaron y tienen como objetivo abrir la dinámica interna de los partidos políticos y generar mayor participación ciudadana”, y explicaron: “En Argentina, la política electoral y la ejecución de los actos electorales son organizadas a través del trabajo conjunto entre Dirección Nacional Electoral (DINE), que depende del ex Ministerio del Interior, la Justicia Electoral, el Comando General Electoral y el Correo Argentino”.
Así, realizaron una observación metodológica sobre los montos de gastos que se realizaron desde la implementación de las PASO. “El gasto de un proceso electoral en el que se eligen presidentes y legisladores a nivel nacional ronda los $331.016 millones, en promedio. Hablamos de las elecciones de 2011, 2015, 2019 y 2023. Aproximadamente al tipo de cambio oficial: 1078,2500 Nación de 307 millones de dólares”, detallaron.
“El gasto destinado a partidos políticos y política electoral (GPPyE) pasó de 0,04% del PBI en 2007 a estar entre 0,05% y 0,08% del PBI. Este incremento se explica solo de forma parcial por la instauración de las PASO. Comparación: Actualmente, el sistema previsional argentino representa 8% del PBI”, sumaron.
Además, resaltaron que “la campaña más costosa, el que más recursos fiscales requirió fue el de 2015, ocasión en la que hubo balotaje. En esa oportunidad, la elección significó un gasto de $371.630 millones. Aproximadamente al tipo de cambio oficial: 1078,2500 Nación de 344 millones de dólares”.
“El proceso electoral 2023 requirió una menor erogación por parte del Estado Nacional respecto a 2015 en torno al 6%. La elección más barata: En cambio, la elección presidencial de 2019 costó aproximadamente $251.662 millones, inferior tanto a la elección de 2015 como a la de 2023”, arrojaron los datos y precisaron: “Para las elecciones de 2015 y 2023, los ‘Servicios de logística del Correo Argentino’ y las ‘Transferencias’ concentraron más del 70% del total de gastos, 78% en 2023 y 81% en 2015”.
También revelaron una “disminución significativa de los recursos destinados a la ejecución de ambos procesos electorales es en el Fondo Partidario Permanente (FPP), donde cayeron en el orden del 95% en 2023 respecto al 2015, $172 millones contra $3.300 millones respectivamente”.
El FPP es administrado por el ex Ministerio del Interior y sus recursos se distribuyen entre los partidos políticos como aporte para su desenvolvimiento institucional. Constituye una herramienta de primer orden desplegada por el Estado Nacional para garantizar la independencia política de los partidos al momento de definir sus plataformas y propuestas en íntima vinculación con las demandas reales de la ciudadanía.
Elecciones de medio término:
“El cambio de las reglas del sistema electoral debe estar orientado siempre a fortalecer la transparencia del proceso electoral, ampliar la participación ciudadana y promover la rendición de cuentas. El sistema electoral es uno de los pilares fundamentales que construyen el poder de gobierno de una sociedad democrática”, manifestaron en el informe.
En tanto, advirtieron: “Resulta muy complejo votar y aprobar un proyecto de reforma electoral, en este caso, la suspensión de las Pasos, en un año donde aún el congreso no debatió el presupuesto para un año clave en términos electorales”.
“El presupuesto nacional debería ser una prioridad y anteceder a todo debate sobre el sistema electoral. No tener presupuesto significa la discrecionalidad en el manejo y administración de los recursos públicos. Hoy no sabemos cómo va a ser la política previsional, social y educativa, mucho menos la política electoral”, criticaron.
En el informe concluyeron que “la discusión sobre el sistema electoral tiene que ser profunda para que la normativa brinde la estabilidad necesaria para fortalecer la institucionalidad democrática y con ella la representación política de la ciudadanía. Cuando hablamos de modificar o suspender normativas que hacen a la vida y calidad de nuestra democracia, se coloca a todo el sistema político en una situación de representación y con legitimidad de origen débil que aleja aún más las agendas ciudadanas de la política”.