Los diputados nacionales del bloque Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño y Ricardo López Murphy, presentaron un proyecto de declaración instando al Poder Ejecutivo que garantice la comparecencia de la República Argentina ante la justicia de los Estados Unidos de América en el marco del juicio por la expropiación de YPF S.A. a contestar el requerimiento efectuado por la jueza del caso Loretta Preska, cumpliendo con una adecuada y diligente defensa antes del vencimiento del plazo establecido.

Además, solicitan que se adopte todas las medidas necesarias para la adecuada defensa de los intereses de la República Argentina en el litigio mencionado, evitando sanciones procesales, costos adicionales o fallos adversos por incomparecencia.

“El fallo adverso, que condena al país a pagar 16.000 millones de dólares, podría revertirse gracias a una nueva instancia judicial abierta por la ONG RAFA, que denuncia irregularidades en el proceso de nacionalización”, señalaron.

Presta efectúo un requerimiento a las partes involucradas con motivo de la presentación efectuada la semana pasada por la ONG Republican Action for Argentina (RAFA), con el objetivo de que se revoque el fallo en el juicio por la expropiación de YPF. Dicho plazo vence el martes 25 de febrero. La presentación referida se basa en la supuesta existencia de presuntas irregularidades en el proceso de nacionalización de la petrolera, que finalmente terminó, años después, con la expropiación de la mayoría accionaria que estaba en manos de la española Repsol.

“De no cumplirse en el plazo requerido, se expone a consecuencias graves, incluyendo sanciones económicas adicionales y la imposibilidad de apelar futuras decisiones. La inacción del Gobierno en este contexto pone en riesgo el patrimonio nacional y la credibilidad del país en el ámbito internacional”, advirtieron.

Además, alertaron que el litigio por YPF “no solo afecta a la reputación de la Argentina en los mercados financieros internacionales, sino que también tiene impacto directo en la economía nacional”.

“La pérdida de este juicio podría traducirse en embargos sobre activos argentinos en el exterior y un deterioro de la confianza de los inversores. Adicionalmente, la magnitud del fallo puede generar presiones sobre las reservas internacionales y comprometer la estabilidad macroeconómica del país”, sumaron.