La Fundación Más Vida presentó una denuncia contra la titular de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, quien fue designada para ese cargo en 2020 por una comisión bicameral del Congreso de la Nación. La denuncia penal, que se radicó en el Juzgado Federal Nro 11 de Comodoro Py, es por el supuesto delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Art. 248 Código Penal).

Raúl Magnasco, presidente de la Fundación Mas Vida, suscribió la denuncia, y explicó a este medio que la misma se sustenta en la supuesta intención de Graham de perpetuarse en el cargo de la Defensoría cuando la normativa establece que el mismo es transitorio.

“Específicamente, la Ley 26.061 dice que es el Congreso Nacional -por medio de la Comisión Bicameral designada al efecto- quien ostenta la potestad de nombrar, confirmar, remover o renovar los mandatos del titular de la Defensoría y sus adjuntos, por lo que la conducta de Graham de ‘auto prorrogarse’ el mandato es claramente ilegal”, explicó el experto, que agregó que “para mayor evidencia, por medio de la resolución conjunta DR/20 el Congreso Nacional despejó cualquier duda indicando que la duración del mandato es de 5 años, y por lo tanto vence el próximo 28 de febrero, momento a partir del cual Graham deberá volver a su casa”.

Sostiene Fundación Más Vida que Graham, previendo el final de su carrera a cargo de la Defensoría, y ante el silencio del Congreso que no trató ni designó al próximo titular de la misma, “se aprovechó del receso del Parlamento para auto prorrogarse indefinidamente en el cargo mediante la resolución ‘1/2025’ firmada por ella misma, en la que se arroga la facultad de modificar el reglamento interno, y en la que incorporó el Artículo 7 bis de prórroga tácita en la que sugiere que hasta tanto el Congreso designe un nuevo Defensor, ella continuaría ocupando el cargo indefinidamente”.

El doctor Angel Romero, abogado de la fundación denunciante, indicó por su parte que “el mayor peligro de la conducta de Graham, y razón fundamental por la que la Justicia debe ponerle un freno, es el precedente que dejaría de quedar impune, ya que cualquier funcionario de rango bajo o medio mañana podría imitar a Graham, modificar su propio reglamento, y perpetrarse en el cargo indefinidamente contrariando toda normativa y el derecho constitucional”.