La noticia se conoció este martes por la tarde, al cabo de una jornada en la que había circulado insistentemente la información, atento a la imposibilidad de aprobar los pliegos en el Senado.
Luego de largos meses de indefinición, y tras no haber reunido los votos en el Senado, el Gobierno resolvió avanzar por decreto con la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia por la vía del decreto.
De acuerdo al inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional, entre sus atribuciones, el PEN "puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura".
A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente se informa que “el presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”.
Se agrega que “durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”. Y cierra el comunicado el Gobierno advirtiendo que “no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 25, 2025
El comunicado
Al anunciar la decisión, el Gobierno recuerda todo el trayecto que tuvieron los pliegos de García-Mansilla y Lijo, nominados el pasado 20 de marzo. Recuerdan haber cumplido con la publicación en el Boletín Oficial de la preselección de esos candidatos, más la presentación de ambos postulados en las audiencias en la Comisión de Acuerdos del Senado.
“No habiendo dado tratamiento a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional durante el período ordinario, el presidente de la Nación optó por incluir el tema dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, dándole una nueva oportunidad al Senado para que prestara acuerdo a los candidatos nominados por el presidente”, agrega el texto.
El comunicado continúa reseñando que “desde el 27 de mayo de 2024 hasta el pasado viernes, habiendo transcurrido casi un año desde el momento en que el presidente, haciendo uso de su facultad, decidió nominar a ambos candidatos, la cámara alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo”.
Refiere el Gobierno que la Constitución nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva del presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. “El Senado de la Nación debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos, para lo cual debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses meramente políticos”, precisa la Oficina del Presidente, según la cual “en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”.
Por otra parte, recuerda antecedentes de casos en los que los nombres elegidos contaron con “una notable mayoría del arco político” en la “designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos”. Sin embargo, se queja la Oficina del Presidente, “durante muchos meses han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.
“Esta facultad, presente en el texto constitucional desde su origen en 1853, ha sido ejercida a lo largo de 171 años de historia por diversos presidentes de todo el espectro político, entre los que se encuentran Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Roca, Yrigoyen, Perón, Alfonsín, Menem y Macri, entre otros, y ha sido convalidada en reiteradas oportunidades por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Una Corte de tres
Desde diciembre pasado, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal quedó compuesto por tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La semana pasada se frustró en el Senado la posibilidad de convocar a una sesión para aprobar el pliego del juez federal Ariel Lijo, que había conseguido las firmas necesarias para el dictamen. Los dos tercios de los votos de los presentes no estaban garantizados, ante la fuerte resistencia a Lijo por parte de sectores dialoguistas y al menos una docena de Unión por la Patria a favor. Pero se requerían muchos más.
En el caso del catedrático García-Mansilla, su postulación nunca reunió las adhesiones necesarias para que se formalice el dictamen ante la Comisión de Acuerdos.
El antecedente más reciente de nombramiento de jueces de la Corte por decreto fue el de Rosatti y Rosenkrantz, que en diciembre de 2015 fueron designados por decreto por el expresidente Mauricio Macri. Ante la ola de críticas y rechazo, finalmente asumieron luego con el acuerdo del Senado.
Al igual que Lijo, el propio García-Mansilla puso reparos al aclarar en la audiencia pública en agosto pasado, en el Salón Azul del Congreso, que ante el impacto que tuvo el decreto de 2015 en la opinión pública, él “no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste ese tipo de decisiones”.