Es la información que circuló este martes en Casa Rosada, atento a la imposibilidad de aprobar los pliegos en el Senado y los días que quedan para el Ejecutivo pueda recurrir a esta vía.
Luego de largos meses de indefinición, y tras no haber reunido los votos en el Senado, el Gobierno tendría definido avanzar por decreto con la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Según la información que circuló desde Casa Rosada, luego de la reunión de Gabinete de este martes, el Poder Ejecutivo tendría listos los decretos para que sean firmados por el presidente Javier Milei y se publiquen en el Boletín Oficial en las próximas horas.
De acuerdo al inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional, entre sus atribuciones, el PEN "puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura".
El plazo para el Gobierno sería hasta el 28 de febrero, pues un día después quedará abierto el período de sesiones ordinarias en el Congreso.
Desde diciembre pasado, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal quedó compuesto por tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La semana pasada se frustró en el Senado la posibilidad de convocar a una sesión para aprobar el pliego del juez federal Ariel Lijo, que había conseguido las firmas necesarias para el dictamen. Los dos tercios de los votos de los presentes no estaban garantizados, ante la fuerte resistencia a Lijo por parte de sectores dialoguistas y al menos una docena de Unión por la Patria a favor. Pero se requerían muchos más.
En el caso del catedrático García-Mansilla, su postulación nunca reunió las adhesiones necesarias para que se formalice el dictamen ante la Comisión de Acuerdos.
El antecedente más reciente de nombramiento de jueces de la Corte por decreto fue el de Rosatti y Rosenkrantz, que en diciembre de 2015 fueron designados por decreto por el expresidente Mauricio Macri. Ante la ola de críticas y rechazo, finalmente asumieron luego con el acuerdo del Senado.
Al igual que Lijo, el propio García-Mansilla puso reparos al aclarar en la audiencia pública en agosto pasado, en el Salón Azul del Congreso, que ante el impacto que tuvo el decreto de 2015 en la opinión pública, él “no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste ese tipo de decisiones”.