La designación de Lijo es, para el autor, no solo una mala decisión, es un golpe a la independencia judicial y una amenaza directa al futuro institucional del país.
La designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema es violentar la República. Milei es responsable de un atropello a la seguridad jurídica de la Argentina que nos puede costar 20 años de desprestigio. No es solo una mala decisión, es un golpe a la independencia judicial y una amenaza directa al futuro institucional del país.
En un acto antirepublicano e inconstitucional, Milei designó a dos jueces de la Corte Suprema por decreto, sin acuerdo del Senado. Uno de ellos es el juez Lijo, la persona más denunciada de la historia en el Consejo de la Magistratura de la Nación y que ha cajoneado casi 60 causas de corrupción a lo largo de su deplorable carrera.
Nunca en la historia un candidato a la Corte fue tan cuestionado como Lijo. El presidente pone este candidato como consecuencia de un acuerdo inconfesable. Este acuerdo es con el peronismo de Cristina Fernández de Kirchner y la justicia corrupta.
Los fundamentos utilizados son falsos. Veamos uno por uno. Lijo no resultó seleccionado por un proceso transparente o un concurso público, sino por acuerdos políticos y opacos. El Senado no tiene ninguna obligación de mantener ningún acuerdo corporativo, sino que debe velar por los intereses de los argentinos y de la Corte.
La Corte Suprema jamás se encontró impedida de resolver. Los tres miembros de la Corte se encuentran plenamente operativos y, si fuera necesario, se pueden convocar a conjueces ya designados para resolver un caso controvertido. No había ninguna interrupción en el normal funcionamiento de la Corte, por lo que la designación en comisión es innecesaria.
La figura de la designación en comisión fue pensada para órganos donde se necesita cubrir las vacantes. Es el caso de los embajadores y miembros del servicio del exterior o directorios como el Banco Central.
La Constitución Nacional prevé un proceso político de análisis de los candidatos en el Senado de la Nación. Los miembros son propuestos por el Presidente, sin concurso y por criterio político. Con el mismo criterio político el Senado puede aceptar, rechazar o no tratar esas propuestas.
La situación de Lijo es diferente a cualquier juez que se haya discutido en la historia de Argentina. Es un juez denunciado en más de 32 denuncias ante el órgano que analiza los incumplimientos éticos de los jueces de la Nación. No se trata de una cuestión ideológica, sino de una falta total de ética e idoneidad para el cargo.
Este asunto debe ser revertido por el Senado de la Nación. El pliego debe ser rechazado y el Presidente debe enviar otros candidatos.