Los diputados de las diferentes bancadas que conforman la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuestionaron con dureza la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, de nombrar a Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia por decreto y advirtieron que es “un ataque directo a la credibilidad del Poder Judicial”.

En ese sentido, la vicepresidenta tercera de la Legislatura porteña y legisladora de Confianza Pública (CP), Graciela Ocaña, afirmó que “el presidente Milei debe asesorarse y reflexionar antes de tomar decisiones que afectan la institucionalidad del país. A solo tres días del inicio de las Sesiones Ordinarias, elige conscientemente el camino de la inconstitucionalidad al nombrar Jueces por decreto” e insistió en que “en lugar de buscar consensos, impone una medida arbitraria y contraria a la Constitución Nacional, que atenta contra el sistema republicano y la independencia judicial”.

A su vez, el oficialista Hernán Reyes (VxM) opinó que “Milei decidió convertir la Corte Suprema en una cloaca como es Comodoro Py” y resaltó que “la designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema es violentar la República. Milei es responsable de un atropello a la seguridad jurídica de la Argentina que nos puede costar 20 años de desprestigio. No es solo una mala decisión, es un golpe a la independencia judicial y una amenaza directa al futuro institucional del país”.

Sobre esa misma línea, el legislador de Compromiso Liberal Republicano (CLR) Pablo Donati aseveró que “la designación de Ariel Lijo por decreto como juez de la Corte Suprema es un ataque directo a la credibilidad del Poder Judicial y un enorme retroceso para la República. Su historial de connivencia con el poder político y denuncias de corrupción lo convierten en la peor opción para integrar el máximo tribunal del país”.

“Lijo representa todo lo que la sociedad quiere dejar atrás: la Justicia manejada por la clase política más nefasta y al servicio de la impunidad. Su nombramiento no solo daña la credibilidad de la Corte, sino que también traiciona el mandato de cambio que votaron millones de argentinos”, añadió y concluyó señalando que “defender la República y sus instituciones es rechazar este atropello del Gobierno de Milei”.

Asimismo, el peronista Matías Barroetaveña (UP) recordó que “de los cinco miembros de la Corte, cuatro fueron nombrados por decreto. Dos por Milei y dos por Mauricio Macri (Elisa Carrio, UCR, Clarín)” y destacó que “Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no solo no nombraron por decreto, sino que dictaron el decreto 222/22 donde se restringía el poder presidencial de designación de miembros de la estipulado en inciso 4 del artículo 99 de la Constitución”.

“Ese decreto: garantizaba la diversidad de género, federal y de especialidad de los postulantes; obligaba a la publicación de antecedentes en medios públicos para que la sociedad pudiera impugnarlos; obligaba a la presentación de declaraciones juradas de los postulados y sus conyugues”, precisó el legislador, quien concluyó planteando que “se llenan la boca hablando de la República y acusando al peronismo de no respetar las instituciones. La realidad es exactamente al revés”.

Finalmente, el trotskista Gabriel Solano (FIT) remarcó que “la designación por DNU de Lijo y Manuel García Mansilla, a solo cuatro días del comienzo de las sesiones ordinarias del Congreso, constituye un atropello totalitario cuyo único objetivo es tener una mayoría propia en la Corte Suprema para seguir gobernando por decreto y lograr, a la vez, la impunidad para Milei”.

“No es casual, mientras siguen saliendo a la luz escándalos de corrupción, como la estafa $Libra, que involucra a Milei y su círculo más cercano. En momentos en que está en cuestión la constitucionalidad de los decretos que buscan privatizar el Banco Nación, Yacimientos Carboníferos Fiscales, entre otros, los jueces designados por decreto sin duda fallarán a favor del Gobierno”, sentenció.