Mediante un escueto comunicado, el bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical cuestionó el nombramiento por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, cuyos pliegos no se aprobaron a lo largo del año pasado en la Cámara alta y el Poder Ejecutivo avanzó por otra vía. 

“Ante la decisión del presidente de la Nación de utilizar el instrumento de un decreto para la designación de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical considera este hecho como grave, imprudente e innecesario, ya que los mecanismos constitucionales se encuentran plenamente en funcionamiento”, expresaron. 

“A las puertas del inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso, esperamos que se retome el camino de la búsqueda de los consensos para lograr normalizar esta situación de gravedad institucional, que solo está previsto para situaciones extraordinarias, y en este caso, no se condicen en este momento histórico”, agregaron. 

“El Gobierno de un paso en la dirección incorrecta”

Por su parte, el bloque de diputados de la UCR, presidido por el cordobés Rodrigo de Loredo, resaltó que “en el momento de mayor debilidad de la investidura presidencial -por los episodios todavía no aclarados en relación a $LIBRA-, el Gobierno da un paso en la dirección incorrecta al decretar el nombramiento en comisión de dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. 

“Es verdad que la Corte tiene dos vacantes que deben llenarse para que el máximo organismo judicial de la Argentina funcione como manda la Constitución Nacional, pero no compartimos el apuro del Gobierno en sacar el decreto a pocos días del inicio del período ordinario de sesiones del Congreso”, manifestaron. 

Rodrigo De Loredo y Soledad Carrizo 

Los radicales más dialoguistas con el Gobierno consideraron que el nombramiento por decreto de Lijo y García-Mansilla “tensa la relación entre los poderes del Estado, cuando hay mecanismos establecidos en la Constitución para que los ministros de la Corte surjan del consenso entre el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación”. 

“Es una atribución del presidente nominar a los candidatos a ministros de la Corte Suprema, pero es el Senado, donde reside la representación de las provincias, el que debe prestar acuerdo o rechazar los pliegos”, afirmaron. 

Además, subrayaron su rechazo al juez federal: “En el caso de Lijo la situación es de mayor complejidad, porque su nominación por el Poder Ejecutivo, formulada hace casi un año, ha recogido el rechazo de organizaciones de abogados y de la mayoría de la sociedad. Cabe recordar que en la audiencia realizada en el Senado, la candidatura de Lijo recibió 33 impugnaciones, 14 adhesiones y una observación. En la audiencia en el Ministerio de Justicia, su postulación tuvo más de 350 cuestionamientos”. 

“Desde nuestro bloque en Diputados manifestamos nuestro desacuerdo con la decisión del presidente Javier Milei. Todavía puede haber un gesto en favor de la institucionalidad. La demora en el juramento, como ocurrió en otra ocasión en nuestra historia reciente, para que el Senado sea el que acepte o rechace los pliegos de ambos”, finalizaron.