A raíz del brutal caso de Kim Gómez, una niña de 7 años que fue asesinada por dos delincuentes menores de edad en la ciudad de La Plata, distintas voces del oficialismo -con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la cabeza- salieron a reclamar por la pronta sanción de un nuevo régimen penal juvenil.

El proyecto promovido por el Poder Ejecutivo se debatió a lo largo del año pasado en la Cámara de Diputados, pero no recibió dictamen de comisiones, por lo tanto no llegó al recinto, a diferencia de otras iniciativas de seguridad impulsadas desde el Gobierno.

Este jueves, la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal -cabecera del tratamiento-, aseguró que el proyecto ingresado el 15 de julio de 2024 "tiene como objetivo primordial poner fin a la impunidad en los delitos cometidos por jóvenes y garantizar que el que las hace, las paga”.

“No puede haber impunidad. No importa la edad del delincuente, lo que importa es que la justicia actúe con firmeza y proteja a las víctimas”, subrayó la legisladora bullrichista. La iniciativa busca actualizar la normativa vigente, que fue establecida por decreto-ley en 1980 durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y adecuarla a las necesidades de la sociedad actual, donde cada vez más jóvenes se ven involucrados en hechos delictivos graves.

Rodríguez Machado señaló que "recientemente, hemos sido testigos de crímenes que han conmocionado al país, como el brutal asesinato de Kim Pérez en La Plata, donde un menor de edad fue el autor del hecho. Otros casos recientes de jóvenes implicados en delitos violentos también han reforzado la urgencia de este nuevo régimen, que no puede seguir postergándose. Estos hechos han dejado claro que no hay lugar para la impunidad y que la justicia debe actuar de manera rápida, decidida y contundente. No hay excusas ni justificación: el crimen debe ser castigado sin importar quién lo comete".

El régimen penal juvenil no sólo propone penas de prisión, sino también sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto o acercamiento a la víctima, prohibición de salir del país o del lugar de residencia, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad, entre otras. Para los casos más graves, las penas de prisión tendrán modalidades atenuadas, como el cumplimiento en institutos abiertos o domiciliarios, "pero siempre bajo el principio de 'el que las hace, las paga'; esta es una justicia equilibrada, que da una oportunidad para la resocialización, pero no olvida el daño causado a las víctimas", apuntó la diputada.

Este régimen se apoya en un sistema de resocialización que incluye programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario. Además, se creará la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad. Pero todo esto no reemplaza ni atenúa la necesidad de que cada infractor cumpla con la pena correspondiente por el delito cometido. "El castigo y la rehabilitación son dos caras de una misma moneda: la justicia debe ser completa", agregó la cordobesa.

“No podemos seguir mirando para otro lado mientras los delitos se multiplican. El nuevo régimen penal juvenil es una prioridad para ponerle fin a la impunidad. Se trata de darles a las víctimas la justicia que merecen y a los jóvenes una oportunidad de resocialización, pero con un mensaje claro, el que comete un delito debe pagar por ello”, insistió la legisladora, haciendo hincapié en que "la protección a la ciudadanía es un derecho irrenunciable".

El proyecto fue debatido en un plenario de cuatro comisiones: Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. En total, 113 diputados forman parte del debate, lo que representa el 43% del total de la Cámara baja. Hasta la fecha se han realizado 7 reuniones de plenario, donde se escucharon las posturas de 26 expertos en la materia, quienes aportaron análisis clave para el desarrollo del proyecto. "Es un proyecto robusto, que se ha nutrido de la opinión de quienes más saben sobre la problemática, y está preparado para afrontar la realidad de una sociedad que ya no puede esperar más", aseguró la presidenta de Legislación Penal.

Cada comisión cuenta con un número mínimo de diputados para alcanzar el dictamen de mayoría. Legislación Penal, Familia, Niñez y Juventudes, y Justicia cuentan con 31 miembros cada una, requiriendo 16 diputados para aprobar el dictamen. Por su parte, Presupuesto y Hacienda tiene 49 integrantes y requiere 25 diputados. En total, se necesitan 73 diputados entre todas las comisiones para que el proyecto avance hacia el tratamiento legislativo en la Cámara.

Según anticipó Rodríguez Machado, en la apertura de sesiones por parte del presidente Javier Milei "se presentará el cronograma de trabajo y tratamiento del proyecto para 2025, reafirmando que el debate ha sido amplio y plural, y estamos listos para avanzar en la aprobación de un régimen que pondrá fin a la impunidad”. "La mirada firme del Gobierno, y en particular de esta Cámara, es clara: la justicia es para todos, sin excepciones", sostuvo.

Finalmente, dijo que "este régimen penal juvenil es esencial para modernizar la justicia en Argentina, garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y enviar un mensaje inequívoco: en nuestro país, el que comete un delito lo paga. La justicia es un compromiso con la sociedad y con las víctimas, y este proyecto es un paso decisivo en la dirección correcta. No más tolerancia con la impunidad".