Con el nombramiento por decreto de sus dos figuras propuestas para integrar la Corte Suprema, el presidente recuperó la centralidad.
Las encuestas indican que el presidente Javier Milei sufrió una leve caída de imagen por el escándalo de la criptomonedas al estimular que inviertan en la cripto $Libra, que desencadenó una presunta estafa, y por lo tanto sus asesores le sugirieron retomar cuanto antes la escena pública con anuncios rimbombantes: el que lidera es la designación del juez Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema.
El caso elegido es “Milei contra todo el mundo”; es decir, a la medida del jefe de Estado, como le gusta a él y a su asesor estrella -virtual primer ministro-, Santiago Caputo.
Como en los despachos del área presidencial, en el primer piso de la Casa Rosada, se tiene la certeza de que el affaire $Libra casi no impactó en el público libertario -alrededor de un 50%- decidieron ir a fondo con el tema quizá más polémico que tienen: el aumento de integrantes de la Corte Suprema.
Según la visión de Santiago Caputo, el Ejecutivo ha revertido en un año la relación de fuerzas que tenía con el Congreso, que finalmente le aprobó los proyectos medulares de la gestión de la Libertad Avanza (LLA) y es tiempo de ir por todo para empezar a controlar la justicia.
Es que Milei y Caputo tienen claro cómo es la movida judicial: muchos decretos y decisiones de la Casa Rosada han quedado en la nada por amparos judiciales. Y ese es el cometido ahora, disputar a brazo partido el escenario judicial.
La idea central, sobre todo en un año de elecciones legislativas, es zamarrear permanentemente a la política y al establishment porque entienden que ese accionar es el que le ha dado buenos resultados y réditos.
Lijo, inicialmente, originó un debate en el mismo Gobierno, ya que se trata de un juez federal de alto perfil y polémico, por ser uno de los principales jueces federales de Comodoro Py y que tiene relación con todo el entramado político y, también, el establishment.
Curiosamente, no es la política la que lo rechaza mayormente, sino el establishment.
Lijo fue propuesto -junto al catedrático Manuel García-Mansilla, en marzo pasado y ambos pliegos están frizados en el Senado, donde su postulación sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, según un informe oficial.
En su carrera como juez federal tuvo y tiene causas de mucha repercusión mediática como Ciccone, Correo y Siemmens, y la investigación por el encubrimiento en la causa AMIA. Además, tuvo a su cargo la investigación por el asesinato, en 1973, del entonces secretario general de la CGT José Ignacio Rucci.
Lo llamativo es lo variopinto de los rechazos que sumó especialmente Lijo, que no solamente incluyen al arco político y de los abogados.
El disparo inesperado lo recibió de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), que cuestionó en duros términos la decisión de Milei de nombrar “en comisión” a Lijo y Manuel García-Mansilla, y aseguró que “es un riesgo potencial para la seguridad jurídica y el equilibrio institucional”, y agregaron que “erosiona la confianza” y “aleja inversiones”.