Abiertamente el presidente de la Nación planteó esa decisión extrema para con el principal distrito del país y fue secundado por su ministra de Seguridad. Qué dice la Constitución al respecto.
El presidente Javier Milei calentó este viernes la discusión política al cargar duramente contra el gobernador del principal distrito del país y plantear lisa y llanamente la intervención del mismo. Fiel a su estilo, lo planteó a través de las redes y con gruesos calificativos contra Axel Kicillof, destinatario de su embestida.
“Baño de sangre en PBA y la incompetencia de Kicillof”, es el título de un extenso posteo en la red social X en la que le advierte al gobernador bonaerense que “no se puede trabajar con alguien como usted que cree que los delincuentes son las víctimas, mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las hace las paga”.
Le atribuye a continuación al mandatario bonaerense suscribir una “doctrina prodelincuentes con raíces en el pensamiento atroz de (Raul) Zaffaroni” que ubica “en las antípodas de la tolerancia cero de Becker-Giuliani a la que nosotros en Nación suscribimos”.
Y a continuación, el presidente plantea directamente la intervención de la provincia, dado que “es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar, menos una provincia)”. “Dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”, posteó el presidente.
Milei cierra su “oferta” sugiriendo que “nos hacemos cargo nosotros, gobernador”, y concluye: “Fíjese si le interesa más el bienestar de los bonaerenses o sus intereses políticos personales”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apoyó la declaración presidencial señalando que el pedido presidencial de renuncia al gobernador Kicillof “es solucionar el problema”. A su juicio, la sociedad “pide a gritos” intervenir la provincia.
“Nos están llamando a los gritos y por eso el presidente dice córrase y dejen a los que saben”, enfatizó Bullrich.
El camino de la intervención
Semejante planteo despertó la previsible reacción de la oposición, pero cuáles son las instancias institucionales que deberían cumplirse para semejante medida extrema.
La intervención federal figura en el artículo 6° de la Constitución, que establece que “el Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”.
Pero puntualmente la Constitución nacional le atribuye al Congreso la facultad de intervenir una provincia. Es el artículo 75° el que habla de eso, en su inciso 31. Allí, en el capítulo cuatro dedicado a las atribuciones del Congreso, dice que es el Parlamento el que puede “disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires”. Le corresponde también “aprobar o revocar la intervención decretada durante su receso, por el Poder Ejecutivo”.
Sucede que en el capítulo referido a las atribuciones del Poder Ejecutivo figura el artículo 99, cuyo último inciso es el 20 y dice que el presidente “decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento”.
Las intervenciones desde 1983
Desde el regreso de la democracia, cuatro provincias fueron intervenidas: Tucumán, Corrientes y Santiago del Estero. Algunas de ellas varias veces.
Durante la gestión de Carlos Menem se dispuso la intervención de Tucumán en 1991, por la crispación creada por una elección controvertida del colegio electoral y las dificultades del gobernador para capear los problemas económicos de la provincia; Catamarca ese mismo año, por el caso María Soledad; Corrientes en 1992, ante la indefinición política de las elecciones de 1991; y Santiago del Estero en 1993, tras una grave protesta social.
En 1999 Fernando de la Rúa intervino nuevamente Corrientes, por la mala administración de sus autoridades y tras una rebelión popular generada por dos víctimas fatales registradas en el puente General Belgrano.
En tiempos de Néstor Kirchner, se intervino en 2004 la provincia de Santiago del Estero, ante las denuncias de corrupción y persecución política por parte del gobierno provincial encabezado por la gobernadora Nina Juárez y su esposo Carlos Juárez.
En este contexto, se prendió de la discusión política planteada el diputado nacional de Democracia Para Siempre Fernando Carbajal, quien sostuvo que “la única provincia en condiciones de ser intervenida es FORMOSA, pues conforme ha dicho la Corte Suprema el Gobernador ha sido electo violando la Constitución Nacional. Pero entre bueyes no hay cornadas!”. Y cerró el formoseño: “Javier Milei y Gildo Insfrán son lo mismo!”.