Luego que el presidente Javier Milei le pidiera al Congreso, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, por la aprobación de un nuevo régimen penal juvenil en medio de la conmoción por el caso Kim, los presidentes de las comisiones de la Cámara de Diputados que debatieron el tema a lo largo del año pasado decidieron convocar a un plenario el próximo miércoles 12.

En ese contexto, el Centro de Estudio técnicos (CEMUPRO), del Partido Socialista, difundió un documento en el que advierten la necesidad de trabajar en un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, expresaron preocupación que “algunos actores políticos intenten utilizar este caso como justificación para una agenda que propone la baja de la edad de imputabilidad como solución mágica a los problemas de inseguridad que padece la gente”.

“Este discurso no sólo es reduccionista de un problema social muy complejo, sino que además no se sustenta en ninguna información estadística, ya que la proporción de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal es muy baja en comparación con la población mayor de 18 años”, criticaron y ejemplificaron que “sólo el 2% del total de investigaciones penales iniciadas en 2023 por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, corresponde a adolescentes acusados de cometer una infracción”.

En esa línea, sumaron: “No hay evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad en la población. A modo de ejemplo, Argentina, que tiene la edad en 16 años, registra un promedio de 5 homicidios cada 100 mil habitantes, ubicándose muy por debajo de otros países de la región. Este reduccionismo, conlleva implícitamente efectos profundamente estigmatizantes y discriminatorios para los jóvenes, especialmente para aquellos que se encuentran en contextos de vulnerabilidad social y económica”.

Por ello, instaron a que el tema sea debatido en el marco de un análisis serio, ético y responsable. “Es crucial que, como sociedad, mantengamos un enfoque claro y responsable sobre este caso, centrado en la verdad, la justicia y la reparación, y no en la explotación de la tragedia para fines ajenos al bienestar común, evitando que el sufrimiento de las personas sea aprovechado con fines políticos”, ratificaron.

“Consideramos que resulta urgente avanzar hacia un nuevo sistema integral de responsabilidad penal juvenil (y derogación del Decreto Ley N°22.278), determinando las obligaciones del Estado -en todos sus niveles- de garantizar y ejecutar políticas que aniden los puntos de intersección, estableciendo un adecuado equilibrio entre las dimensiones sociales y penales, relacionando eficazmente las políticas e instituciones propias del sistema penal juvenil con las del sistema de derechos de los adolescentes, que establezca principios basados en los derechos humanos, promoviendo la reparación del daño causado a las víctimas y a la comunidad, así como el desarrollo integral de los jóvenes”, argumentaron.

Así, criticaron que el Gobierno propone reformas profundas en materia de seguridad “con el punitivismo como única respuesta” y cuestionaron: “El proyecto plantea reducir la edad de 16 a 13 años, como manera mágica de resolver los problemas de inseguridad que afectan a la ciudadanía”.