La vocera del Fondo aclaro que un apoyo mayoritario sería positivo, mas no es excluyente para el board del organismo crediticio.
El debate por el nuevo acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha puesto al Congreso en el centro de la escena política. Aunque el organismo aclaró que la aprobación legislativa no es un requisito indispensable para sellar el pacto, el Gobierno de Javier Milei enfrenta un complejo panorama en el Parlamento para obtener el respaldo necesario, que parece haber resuelto a través de la vía del decreto de necesidad y urgencia.
Desde el Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que sin la aprobación legislativa, el acuerdo podría naufragar, ya que el FMI exige un marco jurídico sólido. Sin embargo, la vocera del organismo, Julie Kozack, enfatizó que la cuestión del Congreso es un asunto de política interna argentina y que, si bien un amplio apoyo político facilitaría la implementación del programa, no es un requisito excluyente para su validación.
El oficialismo, que cuenta con una representación minoritaria en ambas cámaras, pretende que el Congreso autorice la toma de nueva deuda sin someter a debate el contenido completo del acuerdo. Esto ha generado resistencia en la oposición, que exige mayor transparencia y discusión sobre los términos del compromiso. El kirchnerismo ya anticipó su voto en contra, lo que anticipa una negociación difícil para el oficialismo. Por eso es que el Gobierno toma un supuesto reaseguro como parece ser apelar a un DNU.
El volumen total del nuevo préstamo aún está en discusión, pero se estima que rondará los 20.000 millones de dólares, con un desembolso inicial de 8.000 millones. Según un informe del banco suizo UBS, estos fondos cubrirían pagos de intereses y capital hasta 2027, año en que concluye el mandato de Milei. En este contexto, el Gobierno apuesta a destrabar el acuerdo con el respaldo de sectores dialoguistas en el Congreso.
La estrategia del Ejecutivo apunta a sortear las trabas legislativas sin revelar detalles del plan económico que regirá la relación con el FMI en los próximos años. Sin embargo, la falta de apoyo en el Congreso podría traducirse en un nuevo obstáculo para la administración Milei, que necesita del acuerdo para sostener su programa.