No es por el tipo de entendimiento que vaya a alcanzarse, sino porque la decisión del presidente pasa por arriba de lo que establece la Ley 27.612.
El diputado nacional (MC) Alejandro “Topo” Rodríguez advirtió que el próximo gobierno democrático de la Argentina tendrá que desconocer los compromisos que el presidente Javier Milei adquiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Así las cosas, se lo hizo saber a la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, a través de una carta que le envió anticipándoselo.
“No se trata, en esta instancia, de poner en discusión el contenido del acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el organismo internacional. Eso seguirá siendo objeto del debate democrático”, aclaró Rodríguez, que precisó que “corresponde adelantar que cualquier negociación que se complete sin respetar los procedimientos establecidos por la ley, serán plenamente ilegítimos”.
Sucede que el Gobierno de Milei confirma que avanzará en un nuevo acuerdo, al margen de la legislación nacional vigente. En ese sentido señaló que “la Ley 27.612, que no ha sido modificada ni derogada, obliga a que el acuerdo sea avalado por una ley del Congreso de la Nación ‘que lo apruebe expresamente’. Milei no quiere hacerlo”.
A continuación, publicamos la versión textual de la nota a la que accedió parlamentario.com, enviada a Georgieva por correo electrónico, como así también a Gita Gopinat (subdirectora Gerente del FMI) y a la Oficina de Evaluación Independiente de ese organismo internacional:
Provincia de Buenos Aires, 9 de marzo de 2025.-
Sra.
Directora Gerente
Fondo Monetario Internacional
Kristalina Georgieva
Las autoridades de la República Argentina anunciaron públicamente que en el corto plazo se concretará "un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional" y que ese "acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central".
Cualquier compromiso que el gobierno del Presidente Javier Milei adquiera con el Fondo Monetario, debe ser legítimo y legal.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo también adelantó que pretende usar un Decreto de Necesidad y Urgencia para autorizar la operación, un mecanismo que resultaría abiertamente contrario a la legalidad vigente en Argentina. Además, sería ilegítimo.
La Ley 27.612, que tiene plena vigencia, obliga a que un eventual acuerdo con el FMI sea avalado por una ley del Congreso de la Nación.
Las inmunidades y privilegios previstos en el Artículo IX del Convenio Constitutivo del FMI, se aplican al personal de ese organismo, pero no alcanzan a las autoridades políticas de los países miembros.
En tal sentido, es importante que usted, los funcionarios del staff y los integrantes del Directorio sepan que las próximas autoridades democráticas de la Nación Argentina desconocerán y denunciarán cualquier acuerdo adoptado de manera ilegal e ilegítima.
Atentamente.
Alejandro "Topo" Rodríguez
Director
Instituto Consenso Federal