Luego del pedido que hizo el presidente Javier Milei en la apertura del período ordinario al Congreso para que aprueben el proyecto sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 13 años, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomó este miércoles el debate tras cinco meses de la última reunión informativa que habían tenido.

El plenario, que duró poco más de una hora y se desarrolló en el Anexo “C”, estuvo compuesta por las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, a cargo de Laura Rodríguez Machado (Pro), Roxana Reyes (UCR), Manuel Quintar (LLA) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

El proyecto de régimen penal juvenil fue uno de los temas de seguridad que el año pasado no avanzó por la falta de consenso entre el oficialismo y la oposición, dada la variedad de propuestas para reformar la legislación vigente, tras siete reuniones informativas que hubo. Sin embargo, el trágico caso de la nena de siete años Kim Gómez que fue asesinada por dos menores de edad, reactivó el reclamo por parte del Gobierno.

En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.

Se define que la finalidad será “fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y “lograr su educación, resocialización e integración social”.

De acuerdo con el proyecto, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

Estará “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima. También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad. Asimismo, la iniciativa contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.

Al inicio de la reunión, Laura Rodríguez Machado -titular de la comisión de Legislación Penal- aclaró: "Este plenario no es informativa. En el día de hoy la decisión que hemos tomado con los presidentes de bloques es no emitir despacho por ahora y trabajar en la posición que tiene cada uno de los bloques sobre la temática”.

“Hemos tenido 7 reuniones de comisión y hemos escuchado a los doce autores de los proyectos que van a ser tenidos en cuenta presentes al momento de dictaminar, a más de 26 especialistas en la temática. Si alguno de los bloques considera que hay que tener presente alguna otra exposición la vamos a incorporar por escrito”, recordó.

Machado pidió que los expositores dejen explícito su punto de vista sobre lo que consideran como edad mínima de imputabilidad, pena máxima, plazos de implementación, penas alternativas a la prisión, modalidades atenuadas, programas de resocialización, tratamientos médicos, figura de supervisor, que son algunos puntos que existen coincidencias y discrepancias.

La primera en hacer uso de la palabra fue la radical Soledad Carrizo quien celebró el tratamiento inmediato de un tema “tan importante” y recordó que hace ya 11 meses que ingresó el proyecto del Ejecutivo. Así, remarcó que a la sociedad “tenemos que darle una solución”.

“En lo personal creo que este debate está agotado, que tenemos que avanzar en un dictamen en los meses restantes sabiendo que es un tema complejo. Hay que tomar una decisión”, planteó. En tanto, resaltó que todos coincidieron en que “la criminalidad, la delincuencia”, y manifestó: “No solamente lo debemos mirar desde un paradigma punitivo, entendemos que tenemos que tener en cuenta todas las problemáticas”.

Carrizo afirmó que “la pena en la cuestión de los jóvenes tiene que tener una finalidad reeducadora y resocializadora, sino no tiene sentido discutir el tema”. Además, cuestionó que se ha querido reducir el tema en cifras sobre criminalidad de menores: “Nos quedamos en cifras aritméticas, pero hay una realidad que la sociedad, las víctimas destrozadas han vivido en manos de menores, por lo tanto, tenemos que entender que esta criminalidad juvenil existe y debemos abordarla definitivamente”. La radical pidió que entre marzo y abril se tome una decisión porque “no es algo que viene desde ahora, es una ley desde 1980 que se sancionó con paradigmas diferentes a las actuales. Hay que modernizarla y poner al país en otra mirada integral del régimen penal juvenil”.

A continuación, la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI) coincidió con su par preopinante de que “no se puede seguir mirando para otro lado”, porque “tenemos un régimen de 1980 sin ninguna garantía procesal para el menor”. Campagnoli cuestionó que en la provincia de Buenos Aires “muchas veces la única respuesta que da el Estado es penal”, pero aclaró que “esa respuesta punitiva tiene que estar, pero esto no viene de ahora sino desde el año 2000”.

Campagnoli enumeró que los proyectos que fueron presentados por su bloque durante estos años propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años, crear un Régimen de responsabilidad penal juvenil, donde estén todas las garantías procesales que tienen también los adultos, medidas socio educativas, reclusión privativa de libertad para delitos de acción pública.

La diputada de la CC pidió que se decida si se quiere o no que haya un régimen penal juvenil, aunque remarcó que “debe haber lugares de alojamiento adecuados, porque recuerdo que no hay planta. ¿Los vamos a meter con los adultos?”. Así, manifestó que “el Gobierno en su afán de conformar a la sociedad sale con medidas tribuneras, pero la realidad es que no hay dónde alojarlos a los menores. Necesitamos un debate sincero y profundo”.

La bonaerense dijo que, pese a que solo el 2% de delitos lo comenten los menores, hay que dar una respuesta y crear un sistema de responsabilidad penal juvenil. Sin embargo, remarcó que los jóvenes que delinquen “están bajo el consumo de sustancias” por lo que pidió tratar la Ley de Salud Mental.

“La mayoría de los proyectos son coincidentes, tenemos muy pocas diferencias o sea que podemos avanzar con el régimen con medidas socioeducativas para delitos de menor escala, prisión para delitos más graves. La mayoría propone 14 años de edad”, destacó y solicitó crear un grupo de asesores que quieran buscar un dictamen de mayoría y ceder en algunas cosas “si tenemos la voluntad de dar una respuesta a la sociedad”.

Desde la izquierda, manifestaron su rechazo en un “100%” el proyecto y acusó a todos los gobiernos de hacer de las necesidades de la gente “una campaña electoral”. La diputada Mónica Schlotthauer señaló que “no es ninguna garantía que con esta iniciativa se va a terminar con la inseguridad, esto es imposible”.

“No digan más que con leyes duras vamos a resolver el problema de la inseguridad. Solo quieren seguir metiendo presos a los pibes y criminalizar la pobreza, lo que no resuelven”, apuntó y propuso: “Democratizar la justicia, basta de poner jueces a dedo, los tienen que votar la gente. Es una vergüenza que se siga hablando de esto”.

En tanto el diputado Christian Castillo sumó: “La baja de edad no solo no soluciona el problema, sino que es perjudicial”, y brindó detalles sobre delitos: “Argentina tiene 4,2 delitos cada 100 mil personas. Ecuador que tiene 12 años tiene un 46,1%, Honduras 31,1%, Venezuela 20,8”. “Los países que bajaron la edad de punibilidad aumentaron la cantidad de delitos por menores”, planteó y cuestionó: “Esto es humo para criminalizar a los pibes, para no resolver los problemas estructurales y tener política de vendetta sobre pibes en situación de vulnerabilidad”.

“Es ridícula la frase de ‘crimen de adulto, pena de adulto’. Solo el 0,45% de niños y adolescentes entran en el sistema penal”, cerró.

El radical correntino Manuel Aguirre planteó que la delincuencia juvenil es multicausal desde la familia, la escuela, seguridad que llevan a “una desviación de conducta”. Por eso remarcó que en su proyecto propone: “Hay que tratar de ayudarlos a que se rencaucen socialmente porque no sirve imponerlo con sanciones graves. Yo puse 14 años en sentido formal, pero no creo que se necesite edad. Hay que tratar de recuperar a los chicos, hay que hacer institutos, no cárceles, porque hay que recuperar a los chicos de su desviación de conducta”.

Por su parte, el neuquino Osvaldo Llancafilo adelantó su acompañamiento la baja de edad de imputabilidad a los 14 años entendiendo que “se deja de lado algo que es tan importante lo que pasa con las víctimas y las familias que han tenido que pasar un homicidio en manos de un adolescente”. Así, sostuvo que hay que considerar “su edad y su responsabilidad al cometer un delito de grande”.

“Hablan de cuestiones que tienen que ver con el entorno socioeconómico, la cuestión social, la vulnerabilidad, pero en Gales y en Inglaterra la de imputabilidad es de 10 años hablamos de países desarrollados y dudo que allí no haya oportunidades, en función de las comparaciones que hacen. Claro está que hay una cuestión que tiene que ver con que los legisladores demos respuestas a una cuestión coyuntural que estamos viviendo y que parte de la sociedad pide”, manifestó y criticó: “Estar reduciendo esto a una cuestión de índices a ver si baja o no la inseguridad, me parece que es un enfoque errado”.

Al igual que los demás, Llancafilo también propuso la necesidad de tener un sistema de resocialización y políticas correccionales acorde a lo que sucede: “Ojalá se trate rápidamente el proyecto y dictaminar y llevarlo al recinto. El tema de la inseguridad y el delito penal juvenil tiene muchos años en el país y ninguna gestión ha logrado resolverlo. Hablan de programas y leyes, pero está claro que el tema no se resolvió”.

“La baja de edad de imputabilidad me parece es un buen paso para dar una respuesta a una cuestión coyuntural que vivimos. El Estado tiene que ocuparse de la resocialización de esos jóvenes y para eso tienen que invertir para la contención. Se debe hablar de un enfoque restaurativo”, cerró.

Ramiro Gutiérrez por el bloque de Unión por la Patria expresó brevemente: “Debemos preguntarnos si necesitamos un Régimen que debe tener la instrumentación de los hechos. Se necesitan órganos regidos por el principio de especialidad y especificidad. Se necesita un proceso que establezca cómo va a ser el sistema de atribución de responsabilidades, de pruebas, medidas, determinar una implementación real, posible y financiada. Si hay todo eso estaremos poniendo una medida que nos puede ayudar a todos y lograr un consenso mayoritario”.

Su compañera de espacio Agustina Propato afirmó que es “sumamente necesario construir desde una visión una respuesta real al postergado régimen penal juvenil”. Sin embargo, resaltó que el proyecto del Ejecutivo incurre en la inconstitucionalidad y falencias del debido proceso. “Hay que ir a una propuesta que concilie los aspectos de constitucionalidad y constituya una respuesta que está en espera desde 1980”, consideró y concluyó: “Hay muchas coincidencias en los proyectos, pero se requiere un debate profundo”.

La diputada criticó que la iniciativa del Ejecutivo “tiene bastante de un oportunismo coyuntural carroñero de la tragedia que hemos vivido recientemente, que a todos nos interpela, pero creo no puede estar sujeto a estos momentos en donde la opinión mediática y pública exige respuestas y van allí inmediatamente a sacar cual delivery una respuesta inconstitucional”.

Por el bloque Democracia Para Siempre se manifestó el formoseño Fernando Carbajal quien reiteró su pedido para que un proyecto de su autoría sea sumado al debate y consideró que “no se puede debatir un nuevo régimen si no asumimos la respetabilidad de establecer cuáles son las reglas mínimas de los centros de contención de menores”.

“Acá no se cumple ni el reglamento, pero cuando discutimos leyes penales nos convertimos en fundamentalistas de la legalidad y que esto tendrá impacto sobre la realidad. Lo que se propone con esto extender el régimen penal a un espacio de vida que estaba excluido y acá está el problema, creemos que va a tener impacto en la realidad, pero en términos de política de seguridad va a tener un impacto igual a cero, pero es necesario debatir nuestro régimen de menores porque tiene falencias, pero no se puede sustraer el contexto político en que esto se plantea”, argumentó.

Carbajal criticó duramente que el fondo del proyecto: “Es volver a la edad media”, y señaló que “debe ser discutido en un contexto diferente”, y sugirió para dar “un matiz de racionalidad es sustraer el tema de la coyuntura porque no se va a resolver ningún problema de seguridad, pero establezcamos estándares mínimos que deben tener los centros de contención de menores”.

Al cierre, el libertario y titular de la Comisión de Justicia, Manuel Quintar, señaló: “El tema está agotado, no da para más seguir dándole vuelta al a cuestión y buscándole la quinta pata al pato y sacarle un redito político. Tenemos que dictaminar en forma urgente, tenía ganas de dictaminar, pero hay una sesión politizada. Esto es un tema central, esta semana tenemos que emitir dictamen o el borrador, nos tenemos que poner las pilas porque es una demanda de la sociedad y no puede haber más casos como Kim y es una vergüenza no dar respuesta social y entrar en debates burocráticos que, sabemos que con una ley no se soluciona la vida, no estamos en disneylandia, le faltan condimentos y perfeccionarla, pero hay que dar un mensaje claro y rápido”. Así, convocó a todos los bloques a circular un borrador de dictamen para, la próxima semana, convocar un plenario y dictaminar.