La reunión concentró a toda la cadena comercial de productos masivos de primera necesidad, como hipermercados y supermercados mayoristas. También participan representantes de los kioscos y de diversos sectores comerciales, como los de herramientas y maquinarias.
En una jornada clave en el Congreso de la Nación, representantes de los principales sectores del comercio de todo el país, manifestaron su firme respaldo al Decreto 149/2025, que convierte en voluntarios los aportes y contribuciones en beneficio de cámaras y agrupaciones de empleadores, presentaron denuncias en respuesta el pedido de investigación impulsado por la diputada Marcela Pagano.
Para empezar el encuentro, celebrado en el Salón Blanco del Palacio legislativo, la diputada pidió que levanten la mano los que hayan recibido capacitación en contraprestación del aporte al INACAP, pero nadie la levantó.
“El INACAP, en teoría, su función era pedirles a los empresarios que colaboraran para capacitar, y desde ese punto de vista suena muy romántico, ¡Cómo no querer capacitar a la gente para que cada vez sea más eficiente!, pero nos hemos encontrado y me han enviado a mi casilla de mail muchas denuncias, entonces ahí empiezan las preguntas”, apuntó Pagano.
La reunión concentró a toda la cadena comercial de productos masivos de primera necesidad, como hipermercados y supermercados mayoristas (que abastecen a la cadena pyme con más de 100 mil almacenes, perfumerías y 20 mil autoservicios en todo el país). También participan representantes de los kioscos y de diversos sectores comerciales, como los de herramientas y maquinarias. Además, decenas de organizaciones del interior siguieron la transmisión manera virtual. Todos han estado obligados a realizar un aporte que, aunque que era obligatorio desde el año 2008.
El comerciante bonaerense Mauro González fue determinante: “Para nosotros es muy importante este pedido de informes sobre una caja negra, hay que decirlo con todas las letras el INACAP es una caja negra” y pidió la intervención de CAME. “Me causa gracia cuando públicamente el presidente de CAME dice que jamás se ha intimado a una empresa que no paga los aportes del INACAP, bueno yo tengo un montón de mails que me han intimado, un aporte voluntario que se intime es medio raro y que genere intereses punitorios también”.
“Muchos dicen no, pero esto es una herramienta para las cámaras del interior porque esto es fortalecimiento institucional, se llenan la boca con palabras que la verdad son lindas, cuando hablamos de federalismo y pymes. Pero, cuando en una radio al presidente de la Federación Económica de San Juan le preguntan cuánto recibe Ud, responde que un millón de pesos mensuales por parte de CAME para distribuir entre 9 cámaras. Paralelamente, la periodista le pregunta cuánto recauda la provincia de acuerdo a los empleados de comercio y responde $70 millones, la pregunta entonces es a dónde van los $69 millones restantes”, expuso González.
En tanto, Daniel Reffatti, titular del Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos) le entregó a la diputada una grave denuncia presentada ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, EX-2024-106669857-APN-SSGA#MCH, también pidiendo la intervención de CAME y denunció persecuciones.
En el mismo sentido, el vicepresidente de CADAM, Armando Farina denunció intimidaciones: “A pesar de las amenazas que he recibido quiero que sepan que no me van a doblar”.
Por su parte, Adrián Palacios de la Unión Kiosqueros de la República Argentina, presentó documentación con reclamos por fondos que nunca les enviaron, como así tampoco el pedido de copia de balances, como cámara socia de CAME. “Hace 2 mandatos que fui presidente de la institución y veníamos reclamando los fondos del Inacap para las capacitaciones… y esos reclamos siempre fueron oídos sordos ante CAME”.
Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que impulsó la medida ante el ejecutivo, enfatizó el coraje del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por volver este aporte optativo y avanzar en políticas que incentiven las inversiones y generen más puestos de trabajo. También agradecieron a la diputada nacional Marcela Pagano por promover la medida y el reclamo ante el Congreso de la Nación.
De igual modo se expresó el gerente de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). Por otra parte, Pedro Cascales, de la Cámara de Materiales y Herramientas Tecnológicas (CARMAHE), propuso la necesidad de impulsar una Ley de Democratización de Entidades Gremiales, con “voto secreto, terminar con listas amañadas, con elección cargo por cargo y sin sellos de goma”, entendiendo que las cámaras pueden recibir millones de fondos por año, y eso condiciona el voto a viva voz o se involucran presiones a sus votantes
Denuncias sobre el manejo del INCAP
Uno de los sectores más afectados por estos aportes es el Comercio, ya que los empresarios debían destinar un porcentaje del salario de cada trabajador al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), la paritaria más grande del país.
Sin embargo, desde el sector empresario denunciaron la falta de transparencia en la administración de estos fondos. Según señalaron, no existe una rendición de cuentas pública sobre el destino de las millonarias sumas recaudadas, lo que ha generado sospechas sobre su manejo.
Mariano Ficarra, directivo de la Federación Económica de Mendoza, cuestionó: ¿Cuántos conocen que han viajado con los fondos de estas instituciones que le han sacado a los comerciantes? Y sentenció: “Llegó el momento de que algunos rindan cuentas”.
Ante este panorama, la diputada libertaria ha impulsado desde el Congreso de la Nación un pedido de investigación para esclarecer el destino de los fondos del INACAP y el entramado de las entidades beneficiarias.