En el marco de la polémica desatada en torno a la liberación de detenidos por parte de una jueza de la Ciudad, el autor analiza la función de los magistrados.
El Estado tiene la obligación ineludible de respetar y proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos, y los jueces actúan como garantes de nuestras libertades.
La reciente liberación de detenidos ordenada por la jueza Karina Andrade ha suscitado críticas por parte de miembros del Poder Ejecutivo Nacional. Es esencial recordar que la función de los jueces es velar por el respeto a los derechos fundamentales y al debido proceso legal.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que las detenciones colectivas sin causa legal, sin individualización de conductas y sin necesidad o proporcionalidad, constituyen privaciones ilegales y arbitrarias de la libertad (Caso de las Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México).
La Corte también señaló que el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad durante la detención, traslado e ingreso de personas detenidas es incompatible con el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El artículo 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona detenida tiene derecho a ser informada, en el momento de la detención, de las razones de la misma y a ser notificada sin demora de los cargos en su contra. Esta garantía es crucial para evitar detenciones arbitrarias y asegurar el derecho a la defensa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la importancia de esta disposición en casos como Tibi vs. Ecuador, donde se determinó que la falta de información adecuada al detenido constituye una violación de sus derechos fundamentales.
La independencia judicial es un pilar de la democracia y del Estado de derecho. Cuestionar o presionar a los jueces por decisiones que protegen derechos humanos fundamentales socava la separación de poderes y pone en riesgo las libertades individuales de todos los ciudadanos. Es imperativo que las autoridades respeten las decisiones judiciales y se abstengan de acciones que puedan interpretarse como intentos de coacción o intimidación hacia el Poder Judicial.
En una sociedad democrática, el respeto a los derechos humanos y a las garantías procesales no es opcional; es una obligación del Estado y una conquista irrenunciable de la ciudadanía.