Luego de que la semana pasada barras de varios clubes participaran de una violenta contra el Gobierno, la ministra de Seguridad anunciará este lunes el proyecto que mandarán al Congreso. Qué pasó cuando la propia Patricia Bullrich impulsó el tema en 2018.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentará este lunes el proyecto de ley antibarras, una iniciativa destinada a combatir el accionar violento de las barrabravas.
Esta medida surge pocos días después de la violenta movilización del miércoles pasado, de la que tomaron parte hinchas de varios clubes para respaldar los reclamos de los jubilados.
El proyecto que anunciarán este lunes a partir de las 15.45, en el Salón Malvinas de Casa Rosada, establecerá la declaración de las barrabravas como un tipo especial de asociación ilícita, la responsabilización de los dirigentes de los clubes en la actuación de estos grupos delictivos y la aplicación de fuertes sanciones para erradicar cualquier tipo de violencia.
Cabe consignar que en tiempos de Cambiemos, Patricia Bullrich también impulsó una propuesta similar. Fue en 2018, cuando ella estaba también a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación. En ese entonces el proyecto llegó incluso al recinto de Diputados y alcanzó a ser aprobado en general. Sin embargo, en el debate en particular la discusión se trabó y cuando iban por el artículo 10 se resolvió postergar ese debate, devolviendo el proyecto a comisión.
Un debate inconcluso
La aprobación del proyecto de ley contra las barrabravas quedó trunca en la Cámara de Diputados en la sesión del 19 de diciembre de 2018. Ese día, la iniciativa había sido aprobada en general con 201 votos afirmativos, ninguno negativo y 3 abstenciones. Pero la discusión del articulado se empantanó cerca de las 22 y se aprobó una moción para la vuelta del debate a comisiones.
Había pasado más de una hora desde la aprobación en general y varios diputados de la oposición manifestaban quejas por la desprolijidad del debate en particular, tratándose de penas. El detonante de la vuelta a comisión fue la falta de acuerdo respecto del artículo 10, que sancionaba a aquellos que tuvieran en su poder entradas adulteradas.
El momento en el que se votó la vuelta del tema a comisiones.
Fue Martín Lousteau, entonces diputado y líder del bloque Evolución, quien formuló la moción, que recibió 115 votos a favor, 84 en contra y dos abstenciones, de Nicolás Massot (Pro) y Marco Lavagna (Frente Renovador).
“No queremos adjetivar. Se han hecho esfuerzos muy grandes, no es un problema individual de la presidenta de la comisión (de Legislación Penal, Gabriela Burgos), pero este es un tema muy complejo para tratarlo de la manera en que lo hemos tratado”, advirtió, entre otros, el kirchnerista Adrián Grana.
El diputado aseveró que “cuando uno empieza a manosear las penas, pasan estas cosas”, y sentenció: “Lo más serio es no seguir con el tratamiento, porque vamos a hacer un mamarracho legislativo”.
La discusión siguió hasta que Lousteau pidió la vuelta a comisión. La oposición en pleno apoyó la moción, y también votó afirmativamente una integrante de Cambiemos: María Carla Piccolomini (Pro-Buenos Aires).
Si bien la votación no se completó, ya era un hecho que el proyecto no sería ley ese año. El Senado había resuelto no incluir el tema en la sesión prevista para esa semana, postergando la discusión para 2019 a contramano de los deseos del Gobierno, que había convocado a sesiones extraordinarias con ese tema como principal.
La iniciativa había sido desempolvada por el Poder Ejecutivo tras la frustrada final entre River y Boca por la Copa Libertadores. En la votación en general, obtuvo 201 votos afirmativos y ninguno negativo. Solo la izquierda, con sus tres diputados, se abstuvo.
El proyecto transformaba en delitos conductas que hoy son consideradas contravenciones, “cuando se cometan con motivo, en ocasión o vinculados a la realización de un espectáculo futbolístico, sus prácticas, entrenamientos o traslados”.
Así, se sancionaba con distinto grado de dureza a aquellos que porten armas en espectáculos deportivos; que ocasionen avalanchas; que ejecuten agresiones o intimidaciones; que obstruyan el tránsito; y que revendan entradas -entre otras conductas-, con agravantes cuando intervengan barrabravas o dirigentes. También hay sanciones para los “trapitos”.
El debate en el plenario fue conducido por la radical jujeña Gabriela Burgos y Daniel Scioli.
A propuesta del presidente de la Comisión de Deportes, Daniel Scioli (Frente para la Victoria-PJ), Cambiemos había aceptado incorporar un artículo sobre la creación de una base de datos unificada sobre antecedentes deportivos.
Pero el debate en particular demostró que aún quedaban cabos sueltos. Ni siquiera llegó a tratarse uno de los puntos más polémicos: la propuesta de la Coalición Cívica de Elisa Carrió sobre incompatibilidad de funcionarios e integrantes del Poder Judicial para ejercer como dirigentes de fútbol.
Al inicio del debate, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR) destacó que la ley anti-barras “no va destinada a los violentos”, sino a “la sociedad en general que quiere disfrutar de un partido de fútbol sanamente y sin violencia”.
Por su parte, Scioli subrayó que “una sociedad justa no se construye solo con más penas” y que “el Estado debe ser el principal garante, promoviendo políticas públicas y teniendo un protagonismo fundamental en la prevención de la violencia en el fútbol”.
En tanto, Facundo Moyano relató un episodio de violencia en el fútbol que le tocó vivir en el club Alvarado de Mar del Plata, y a partir de esa experiencia enfatizó que “hacer creer que los dirigentes son siempre cómplices es un error”.
Moyano, del interbloque Red por Argentina, destacó en ese sentido que el oficialismo aceptara un artículo propuesto por él sobre protección de los dirigentes que colaboren con la investigación.
También habló el exárbitro Héctor Baldassi, quien expresó que lo sucedido con el superclásico “nos ridiculizó frente al mundo”, y consideró que el proyecto “es un gran avance para recuperar el protagonismo de las familias” en los partidos de fútbol.
A su turno, la puntana Ivana Bianchi, viuda del recordado futbolista Juan Gilberto Funes, reclamó un mea culpa de parte de la AFA, a la que consideró también “cómplice de generar violencia”.
El radical Luis Petri defendió el endurecimiento de penas propuesto como método para contrarrestar este flagelo. “No alcanza -admitió-, pero esta ley es el instrumento que le tenemos que dar a jueces y fiscales para castigar a los violentos”.
Escenas del debate de 2019, con Luis Petri siendo diputado nacional del radicalismo.
Agustín Rossi, titular del Frente para la Victoria-PJ, recordó por su parte que el presidente Mauricio Macri había sido 12 años presidente de un club, y se preguntó si no había conocido a los barrabravas, nunca había tenido relación con ellos y no sabía quiénes eran. Lo mismo dijo para el fiscal Carlos Stornelli, que había sido cuatro años secretario de Seguridad de Boca, o para el viceministro de Seguridad Eugenio Burzaco, que ocupó el mismo cargo en el club River Plate.
Al cierre del debate, el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, precisó que “Argentina es el país con mayor cantidad de muertes en el fútbol, más de 300”, y añadió que “casi el 80% se produjeron desde 1983”. Además, recordó, “el ascenso se quedó sin público en 2007”.
“Los dirigentes del fútbol han mirado para un costado. Es cierto que los dirigentes deberían resolver este problema, pero también la incorporación del delito, del narcotráfico, de la asociación ilícita, ha obligado a que el Estado deba intervenir. Debe haber una voluntad política, porque si los dirigentes del fútbol no pudieron o no supieron, por complicidad, omisión, o por hacer negocios, debe aparecer el Estado para proteger la vida de los ciudadanos”, consideró el radical.
En 2019 trataron de reanudar en debate en comisiones, pero Cambiemos no pudo volver a llevar el proyecto al recinto. Ante la falta de acuerdos, resolvieron convocar a exponentes del mundo del fútbol, ya sin cronograma ni fecha de debate en el recinto.
Los puntos que generaban mayor conflicto eran la penalización de la tenencia de entradas falsas y la reventa; de la portación de armas; de la generación de avalanchas en las tribunas; y, sobre todo, la incompatibilidad de los dirigentes de fútbol para ejercer la función pública.
En ese marco, el diputado Fernando Iglesias se quejaba amargamente: “Esta ley tuvo 201 votos positivos. La oposición no quiere que esta ley salga, por eso la bajaron del recinto y la mandaron de nuevo a comisiones”. Y concluyó con ironía: “Si quieren, hagamos un campeonato interno de fútbol entre los bloques a ver si perdemos cuatro meses más”.
Entre los invitados a exponer figuraba el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien no asistió. Sí lo hizo el prosecretario de la AFA, Marcelo Achile, quien se quejó de que la ley tuviera “un fuerte contenido hacia los dirigentes”.
Los legisladores no pudieron ponerse de acuerdo y finalmente el proyecto quedó definitivamente postergado.