Puertas para adentro del Gobierno, recibió muchas críticas el operativo diseñado el miércoles pasado por la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich para contener la habitual movilización callejera semanal de los jubilados, a la que extraña e inusualmente se sumarían hinchadas de clubes de fútbol.

De acuerdo con la evaluación de la Casa Rosada, según lo confiado a parlamentario.com, no funcionaron adecuadamente los tres anillos de seguridad para revisar si los manifestantes llevaban armas, palos u otros objetos violentos y, principalmente, no se custodió el Congreso, que debió ser el principal objetivo a cuidar, entre las principales fallas analizadas.

Esa crítica interna fue visualizada el viernes, 48 horas después de la manifestación violenta, por la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien señaló esos dos errores serios del dispositivo de Bullrich, quien había acompañado al presidente Javier Milei a Bahía Blanca esa mañana, regresando especialmente para esa manifestación.

Igual el Gobierno, con el jefe de Estado a la cabeza, salió a defender a rajatabla a la ministra de Seguridad Nacional y hasta avanzó casilleros remanidos por otros gobiernos, como el de que la movilización pretendía una desestabilización institucional.

Sin embargo, inesperadamente para el oficialismo la que desarmó rápidamente esa idea fue nada menos que la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se diferenció diciendo que se había tratado de un “ejercicio de la democracia”, aunque rechazó la violencia.

El problema es que la manifestación del miércoles agitó el avispero político y ahora anunciaron que se sumarán organizaciones sociales, gremiales y políticas. Es decir que la manifestación tendrá más volumen en cuanto a masividad y, por lo tanto, será más difícil hacer la inteligencia previa y también poder controlar los accesos y los movimientos de las columnas.

Un tema sensible en el que se hizo hincapié puntillosamente en Balcarce 50 tiene que ver con la correcta y reglamentaria utilización de las armas y, también, en evitar agresiones por parte de los agentes hacia los manifestantes.

Verbigracia: el tremendo ataque sufrido por el fotógrafo Pablo Grillo -gravemente herido- y la jubilada a la que un policía le dio un peligroso empellón que la hizo caer y golpear peligrosamente su cabeza contra el piso.

“Esas imágenes no tienen que volver a suceder”, le dijeron tajante a los organizadores del operativo de control, a quienes les dieron un ultimátum en ese aspecto.

En consecuencia, el Gobierno tiene dos objetivos: volver a dar la sensación de que sigue controlando la calle -eso el miércoles pasado se diluyó- y, al mismo tiempo, eliminar cualquier atisbo de posible resurrección opositora a través de las manifestaciones callejeras.

La consigna de la Casa Rosada es no volver a repetir lo ocurrido en la movilización del miércoles, de lo cual el oficialismo públicamente culpó a las barras, a la política y a la jueza interviniente. Y, temerario, lanzó la idea de una desestabilización en su contra.

A propósito, la magistrada Karina Andrade recibió un fuerte apoyo de la asociación de magistrados, que salió con los tapones de punta a defenderla.

“Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial”, expresó la entidad.

En el pronunciamiento, se advierte que los magistrados no pueden ser enjuiciados o perseguidos cuando se disienta con lo que expresan en sus fallos.