Se trata de un pedido de la diputada Silvia Imas (LLA), a fin de dar “una respuesta de carácter legal al grave problema que nos plantean las bandas organizadas de manera estructurada”.
Tras la movilización de jubilados en la que barrabravas protagonizaron destrozos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Silvia Imas impulsó en la Legislatura local un proyecto de ley para adherir a la Ley Nacional N° 27.786 –Ley de organizaciones criminales-.
En los fundamentos de la iniciativa, la oficialista explicó que esta normativa “tiene por objeto brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales además de la adopción de procedimientos especiales en zonas afectadas por acciones mafiosas” y consideró que “es una respuesta de carácter legal al grave problema que nos plantean las bandas organizadas de manera estructurada”.
“En primer lugar, delimita la procedencia de la aplicación de la ley, circunscribiéndola a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal”, agregó Imas.
Al mismo tiempo que señaló que “incorpora el concepto de ‘Zona Sujeta a Investigación Especial’, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación, de conformidad con la modalidad que adquiere el crimen organizado en nuestro país”.
“Compete a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la obligación de brindar asistencia y colaboración, y de trabajar en forma coordinada bajo la dirección de la Comisión Investigadora Conjunta. Asimismo, para lograr una ciudad plenamente autónoma debemos contar con la herramienta que ofrece esta ley ante la eventual transferencia de competencias judiciales en materia penal y de consumo”, completó la legisladora.