Ante los hechos transcurridos días atrás en inmediaciones del Congreso Nacional, el diputado nacional Gabriel Chumpitaz (Pro) presentó un proyecto de ley que propone el derecho de admisión en manifestaciones en carácter de ley de excepción y considera establecer una medida táctica al estilo “Tribuna Segura” con la finalidad de “disuadir la llegada de delincuentes que solo buscan desestabilizar y generar conmoción social”.

La iniciativa tiene como objetivo establecer un régimen especial de control e identificación para la participación en manifestaciones públicas, con el objeto de prevenir la comisión del delito de sedición, garantizar el orden público y preservar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica.

Además, propone la creación de un mecanismo de control de identificación y antecedentes penales en el acceso a las manifestaciones públicas de gran concurrencia, el cual será aplicado por las fuerzas de seguridad nacionales y jurisdiccionales mediante anillos de control, vallados estratégicos y segmentación por cuadrículas de avance. Por ello, establece que toda persona que desee participar en una manifestación pública deberá someterse a controles de identificación por parte de las fuerzas de seguridad, debiendo acreditar su identidad mediante Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte en caso de ser extranjero.

“Queda expresamente prohibido el uso de capuchas, máscaras, prendas que dificulten la identificación facial y la portación de objetos que puedan ser utilizados con fines violentos, tales como palos, piedras, explosivos caseros o cualquier otro elemento ofensivo”, plantea.

“Es evidente que hay un negocio de tercerización de la violencia que pretende esconderse en la falsa defensa de los más vulnerables como en este caso los jubilados”, manifestó Chumpitaz y sumó: “Hay que tomar medidas concretas cuando peligra el derecho a la vida de los manifestantes, la prensa, la ciudadanía, y de las fuerzas de seguridad”.

El rosarino afirmó: “Tanto la Constitución Nacional en su artículo 22, como el Código Penal en sus artículos 229 y 230, prevén que toda reunión de personas que se atribuye los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de sedición”.

Chumpitaz, quien es especialista en seguridad, propone acciones tácticas como anillos de control operativo, vallados estratégicos e identificación según cuadriculas de avance.

Además, el diputado subrayó que “no se trata de restringir el derecho a la protesta, sino de garantizar que no sea utilizada como excusa para la violencia y la anarquía. Debemos asegurar que quienes se manifiestan pacíficamente no sean utilizados por grupos con fines desestabilizadores”.