La escandalosa aprobación en la Cámara de Diputados del Decreto de Necesidad y Urgencia 179/25, que habilita al Poder Ejecutivo a celebrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, exhibe una vez más a un Poder Ejecutivo que burla la legalidad; como así también desnuda la complicidad de diputados que convalidan maniobras espurias, en un intento desesperado por hacerse de dólares que no irán a parar a la producción o el desarrollo de infraestructura, sino más bien al sistema financiero.

La utilización de un DNU atenta contra la división de poderes que marca la Constitución en el artículo 75, inciso 7, que establece claramente que el endeudamiento público debe ser debatido y aprobado por el Congreso de la Nación. Pero como gobiernos anteriores -siendo el más reciente el de Mauricio Macri- burló la interpretación de la carta magna para endeudar al país en 45.000 millones de dólares con el FMI, propiciando la fuga de divisas más significativa en las últimas décadas; en el año 2021 aprobamos la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, en dónde se manifiesta de forma clara y explícita que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI requerirá de una ley del Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente". Pero como el Presidente Milei le teme al debate en el Senado, mandó un mamarracho de DNU a que se lo convalide su cámara amiga.

Tampoco los diputados pueden hacerse los distraídos con la alarmante falta de información detallada sobre los términos y condiciones de este nuevo endeudamiento. No se han brindado datos concretos sobre el monto total del préstamo, las tasas de interés aplicables ni los plazos de devolución. Esta opacidad impide un análisis serio y responsable del impacto que este acuerdo tendrá en la economía nacional y, especialmente, en la vida cotidiana de millones de argentinos y argentinas.

La historia reciente de nuestro país nos ha enseñado que los acuerdos con el FMI suelen ir acompañados de políticas de ajuste que profundizan la desigualdad y afectan negativamente a los sectores más vulnerables. Sin un debate amplio y participativo, corremos el riesgo de repetir errores del pasado que tanto dolor causaron a nuestra sociedad. Hace no mucho tiempo el propio Milei calificaba el endeudamiento de Macri con el Fondo como un fracaso de su política económica; hoy es él el que está fracasando.

Es fundamental que el Gobierno respete los mecanismos institucionales y someta este acuerdo a la consideración del Congreso -lo cual incluye al Senado- permitiendo un debate transparente y democrático. Solo así podremos garantizar que las decisiones que se tomen estén verdaderamente orientadas al bienestar de nuestro pueblo y no a intereses ajenos a nuestra realidad.

La soberanía nacional no se negocia ni se decreta; se defiende con convicción y compromiso.