El 20 de marzo se cumplieron cinco años del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 a través del cual el gobierno de Alberto Fernández establecía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO, tal como se lo conoció) como política para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

En ese marco, ante más de una decena de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el transcurso de la cuarentena por el COVID-19, el diputado del Pro Fernando Iglesias, acompañado por sus pares Sabrina Ajmechet y Lilia Lemoine (LLA), presentó un informe que recoge algunos de esos delitos cometidos por el Estado nacional y las provincias.

El acto se realizó en el Salón Blanco del Congreso y estuvieron presentes también los diputados Maru Sotolano, Carlos Arancibia, Gerardo Milman y Javier Sánchez Wrba, además del escritor Marcelo Gioffré.

“Esta medida fue valorada positivamente en el comienzo de la crisis sanitaria por su relativo éxito para contener el avance de los contagios y las muertes en el territorio nacional. La medida, dispuesta originalmente hasta el 31 de marzo de ese año, se fue prorrogando a través de sucesivos decretos, hasta el punto de que nuestro país implementó una de las cuarentenas más restrictivas y extensas del mundo”, sostiene el informe.

El documento recoge de diversas fuentes los principales casos de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos esenciales cometidos por las fuerzas policiales en los primeros meses de la cuarentena. El informe, que se presenta en el quinto aniversario del decreto 297/2020, “es un punto de partida para colaborar y que la justicia pueda avanzar en su esclarecimiento”.

En el mismo acto, el diputado Iglesias también anunció que volvió a presentar un proyecto de ley, como viene haciendo desde 2020, para crear una Comisión Bicameral Nacional de Investigación de los Delitos Cometidos por el Estado en la cuarentena (CONADEC). Pero esta vez, amplió el eje de la investigación de esa comisión al manejo de las vacunas por parte del gobierno de Alberto Fernández, que dejó muchas preguntas sin responder sobre ese punto.

Lo acompañaron en la iniciativa diputados de varios bloques: Ajmechet, Lemoine, Diego Santilli, Juan Manuel López, Manuel Quintar, Marcela Campagnoli, Damián Arabia, Patricia Vásquez, Maru Sotolano, Florencia De Sensi, Martín Ardohain, Sergio Capozzi, Ana Clara Romero y Gerardo Milman.

“A veces las sociedades tienen mala memoria y por eso trabajamos en este informe e impulsamos la creación de una Comisión que investigue estos delitos”, señaló Iglesias. “El otro día escuchaba que el diputado Leopoldo Moreau mencionaba que vivimos en un estado policial. Se ve que se olvidó de lo que era vivir en cuarentena con Alberto Fernández, cuando había desapariciones, torturas y asesinatos”.

La diputada Ajmechet, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, valoró la presencia de los familiares, nucleados en el Movimiento Ciudadano #20M. “A los familiares que vinieron hoy, a quienes conozco, les dije que no los iba a abandonar. Porque nadie se suicida en una comisaría. Y porque se vulneraron derechos fundamentales. 'Hasta el último suspiro tengo mis derechos', dijo Solange Musse. Y tenía razón”, expresó.

La diputada Lemoine le dio un enfoque en primera persona a su presentación: “Yo me metí en política por lo que pasó en la cuarentena. El día que anunciaron que nos encerraban por 15 días estaba en un hospital con mi madre que tenía cáncer. La mantuve con vida 5 meses casi sin ayuda”.

En el informe, apuntó: “Cada paso, se revelaba la corrupción y la improvisación del gobierno argentino. El rechazo de las vacunas Pfizer. Los anuncios ridículos de que, con la vacuna AstraZeneca, Argentina iba a vacunar al continente entero. Los negociados con Putin por la vacuna Sputnik. El show mediático montado alrededor de los aviones de Aerolíneas Argentinas. La instrumentación de los aplausos a las 9:00 de la noche. La puesta en escena del presidente Fernández, con sus filminas, a la cabeza del Trío Pandemia. Las festicholas en la Residencia de Olivos”.

“La Organización Mundial de la Salud jugó un rol lamentable, pero como institución sin ninguna capacidad de cohesión ni de sanción, la responsabilidad toda les correspondía a los gobiernos. El nuestro fue, probablemente, uno de los que lo hizo peor en todo el mundo. El grado de represión que demostró superó ampliamente todas las recomendaciones de las agencias internacionales y la cuarentena fue absoluta y prolongada artificialmente por motivos que explicó muy bien el exministro de economía Martín Guzmán: la conveniencia política para el gobierno”, denuncia.

Así, resume que se trató de “las peores violaciones a los derechos humanos de la historia de la democracia”, y afirma que el documento es una guía que puede disparar nuevas denuncias y proveer de información importante a la Justicia argentina, que “lamentablemente debería haberse ocupado antes y mejor de todos estos temas, y con contadas excepciones”.

“El estado de aislamiento sirvió de excusa para el ejercicio de una violencia institucional de magnitud alarmante desde su entrada en vigencia y en virtud del despliegue de las fuerzas de seguridad en la Argentina”, cerró.