Cómo fue implementada y con qué objetivos. El tránsito legislativo de esa norma que debía renovarse periódicamente en el Congreso y la decisión de discontinuarla definitivamente. Las alternativas que deben ser consideradas y el intento opositor de resucitar la norma.
Finalizó este domingo 23 de marzo la moratoria previsional, a partir de lo cual aquellas personas que no tengan los 30 años de aportes previsionales no podrán jubilarse por el método implementado durante los gobiernos de los Kirchner. Según se calcula, quedarán alcanzados por esta medida alrededor de medio millón de personas que solo podrán jubilarse con una alternativa votada durante la gestión de Cambiemos.
Pero veamos ahora cómo llegamos hasta aquí. La primera moratoria fue lanzada durante la primera gestión kirchnerista, por el presidente Néstor Kirchner en el año 2005. El santacruceño lanzó entonces lo que se conoció como el Plan de Inclusión Jubilatoria, argumentando entonces que tres décadas de desempleo e informalidad laboral, más un sistema jubilatorio privatizado, habían dejado sentadas las bases para que de cada diez personas en condiciones de jubilarse, cinco quedaran afuera.
Se dijo entonces que la mayoría de los que se incorporaron a ese primer Plan de Inclusión Jubilatoria había hecho aportes. Aunque el promedio del mismo era sensiblemente bajo: solo 12,7 años de aportes; esto es, les faltaba 17,3 años para completar los 30 de aportes necesarios. Y ante los cuestionamientos que se escucharon entonces, alertando que esa medida impactaría sobre el resto de los jubilados por cuanto acrecentaría el número de beneficiarios afectando el sistema previsional en su conjunto, respondían desde el Gobierno con la pregunta de si sería justo que esas personas perdieran sus 12 años de aportes. Pero además, al “comprar años” los beneficiarios de las nuevas jubilaciones, contribuirían con ese aporte a sostener el sistema.
El 9 de septiembre de 2014, Cristina Fernández de Kirchner promulgó la Ley de Moratoria Previsional que alcanzaba a aquellas personas que reunían la edad exigida por ley para acceder a una prestación previsional, si regularizaban los aportes mínimos exigidos. Más los adultos mayores sin prestación previsional, o que, si contaban con ella, la misma no superara la mínima.
El Segundo Plan de Inclusión fue presentado por Cristina Kirchner como una ley de universalización del sistema previsional argentino. “Hemos cubierto con esta ley, con este proyecto del Ejecutivo, que fue remitido al Parlamento y fue aprobado, diez años, de 1993 al 2003, que no habían sido incluidos en la anterior moratoria, y que justamente era una de las décadas donde mayor grado de desocupación y mayor grado de exclusión; mayor grado de gente que no podía haber alcanzado la cantidad de años de trabajo para poder jubilarse”, fundamento la entonces presidenta en un acto.
CFK venía de haber vetado cuatro años antes el 82% móvil para los jubilados, que establecía una jubilación mínima equivalente al 82% del salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores activos. Fue la segunda ley que obligó al entonces vicepresidente de la Nación Julio Cobos a desempatar. Lo hizo en contra de su Gobierno, y vino el veto de Cristina, que argumentó que su implementación implicaría la quiebra del Estado.
En la apertura de sesiones de ese año, el 1° de marzo de 2014, Cristina Kirchner había dicho respecto del sistema de seguridad social que “entre 2003 y 2013, el aumento de la cantidad de jubilaciones fue del 87%. O sea, de tres millones pasamos a casi seis millones de jubilados: 5.907.000. Y el 46% fue por moratoria”.
En el mismo período, las pensiones no contributivas pasaron de 433 mil a 1.453.000 para aquellos hombres y mujeres de los sectores más vulnerables, lo que representó un aumento del 322%, añadió. “Como les decía -continuó Cristina, flanqueada entonces por el vicepresidente Amado Boudou y el titular de la Cámara baja Julián Domínguez-, somos el país de mayor cobertura previsional, con 93,8% de hombres y mujeres en condiciones de jubilarse que están efectivamente cobrando una jubilación o una pensión normal o contributiva”.
Cristina en la apertura de sesiones ordinarias de 2014, donde habló del sistema previsional.
Esa segunda instancia del plan de inclusión incorporaba a aproximadamente 470 mil personas al sistema previsional. Fue convertida en ley en Diputados el 27 de agosto de 2014 por 202 votos a favor y 4 abstenciones, que correspondieron a dos integrantes de Suma Más Unen, el partido de Martín Lousteau, y dos de los tres miembros de la Coalición Cívica.
Esa segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional de 2005 estaba destinada a los autónomos y monotributistas que, habiendo cumplido la edad jubilatoria -o cumpliéndola en los dos años de vigencia de la norma-, no contaran con los 30 años de aportes.
La sesión de Diputados del 27 de agosto de 2014 en la que se aprobó con amplio apoyo el Segundo Plan de Inclusión para los jubilados.
Los tiempos de Cambiemos
Convencido de que los jubilados eran un electorado propio, el Gobierno de Mauricio Macri implementó la Reparación Histórica para los jubilados, que impulsó junto al blanqueo de capitales. Benefició a 740.000 jubilados que mejoraron sus haberes y cobraron retroactivos; pero menos del 6% de ellos tenían acciones contra el Estado, con lo que bajó muy poco la cantidad de juicios. Y tuvo un alto costo fiscal.
Por eso los reproches que hizo quien luego sería candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Angel Pichetto. El entonces presidente del bloque de senadores del peronismo, consideró que la decisión de impulsar esa reparación histórica fue “un error”. A su juicio, “había algunos funcionarios que entendían que el blanqueo favorecía a los ricos, y que había que hacer algo por los pobres, los jubilados”. Entrevistado para el libro “Gobernar en Minoría”, de José Angel Di Mauro, Pichetto no dudó en señalar que esa fue “una tontería”, ya que “nosotros no íbamos a votar en contra del blanqueo”. Sostuvo Pichetto que la Reparación Histórica le significó al Estado 1,9 puntos del producto e incrementó el déficit fiscal.
En ese mismo libro el diputado Luciano Laspina justificó la medida en que el Gobierno creía que se trataba de “una medida revolucionaria desde el punto de vista previsional, y justa. Y encontró en esa ley una oportunidad para no demorar una discusión por un eventual blanqueo. No porque en el fondo nadie pensara que un blanqueo no pasara. Y en definitiva, mejoraba un poquito la discusión de la letra chica del tema, pero no mucho más”.
El proyecto de ley llegó al recinto de Diputados en forma de ley ómnibus y fue aprobado por 162 votos, 76 en contra y 3 abstenciones, al cabo de un debate de poco más de 12 horas.
Los diputados votando la ley ómnibus en 2016.
Dos semanas después, el 30 de junio de 2016, el Senado convirtió en ley el proyecto por 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención.
Dentro de esa ley ómnibus figuraba la Pensión Universal a la Vejez, conocida luego como PUAM (Pensión Universal para Adultos Mayores). Pero no terminaba con la moratoria previsional impulsada por los Kirchner.
En esa sesión Cambiemos contó con el respaldo de los bloques de Sergio Massa y Diego Bossio, dos exdirectores de la ANSes. Justamente a pedido del bloque de Bossio, se extendería por tres años más la moratoria previsional lanzada por los gobiernos kirchneristas para que aquellos que tuvieran la edad jubilatoria, pero no los aportes necesarios, pudieran recibir la jubilación correspondiente, con un descuento de los aportes que no habían hecho.
Las prórrogas de Alberto
Previsiblemente, el Gobierno de Alberto Fernández fue prorrogando la vigencia de la moratoria. Pero a falta de votos en el recinto, lo hizo por decreto. El tema se complicó hacia fines de 2022, cuando fue demorándose una y otra vez el tratamiento del proyecto para extender el plan de pago de deuda previsional que alcanzaría a 800 mil personas. En esos días la relación entre el oficialismo y la oposición se había complicado mucho y varias sesiones fracasaron por falta de quórum, entre ellas la que debía confirmar a Cecilia Moreau al frente de la Cámara baja. Así, quedó esa norma sin ser aprobada, por lo que el gobierno la incluyó en un temario de 28 proyectos a tratarse en extraordinarias.
Ya se sabe que era costumbre del Gobierno de Alberto Fernández mandar decenas de proyectos a extraordinarias, que en general no eran tratados ni siquiera en comisiones. Así había sucedido los últimos dos años y estuvo a punto de suceder en 2023, hasta que a 3 minutos de que concluyera el tiempo para alcanzar el quórum, arrancó esa sesión en la que se debatieron solo dos de los 28 temas que había enviado Alberto: la moratoria previsional y el proyecto de historias clínicas digitales.
Fue el 28 de febrero de 2023, con 134 votos a favor y 107 en contra. Durante ese debate, el diputado Luciano Laspina expresó sobre las moratorias que las mismas “son más la consecuencia que la causa de los problemas previsionales, del déficit de nuestro sistema previsional, y que ha llevado a la licuación sitemática de las jubilaciones a lo largo de los últimos años. En particular de los que tuvieron contribuciones en tiempo y forma”.
El festejo de Fernanda Raverta en los palcos tras la aprobación de la extensión de la moratoria.
Esa prórroga es la que acaba de vencer y que la oposición tratará de volver a poner en agenda, aunque el oficialismo no tiene ninguna intención de tratarlo.
Como sea, amerita un debate que de una u otra forma tendrá que darse.
Hacer algo con los 30 años de aportes
Actualmente el sistema previsional está compuesto por más de 7,5 millones de jubilaciones y pensiones. Esto no equivale al número total de jubilados, dado que una misma persona puede poseer más de un beneficio. De ese total, el 59,5% (4,3 millones) fueron obtenidas a través de una jubilatoria.
Por citar un caso: en el año 2024 se otorgaron 427.505 jubilaciones. De ellas, 313.950 fueron por moratoria.
Un informe de IDESA difundido los últimos días resulta bastante ilustrativo. El mismo confirma un dato que estremece: la mayoría de los que se jubilaban hasta que cayó la moratoria acumula menos de 10 años de aportes. Veamos:
52% Menos de 10 años
30% Entre 25 y 30 años
18% Entre 25 y 30 años
(Fuente: IDESA en base a la subsecretaría de Seguridad Social)
Aproximadamente dos tercios de quienes llegan a la edad de jubilarse apelan a la moratoria porque no cumplen el mínimo de 30 años de aportes.
Así las cosas, si no se renuevan las moratorias, toda esa gente deberá postergar el retiro o acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta prestación aprobada en 2016 representa el 80% del valor de la jubilación mínima. Pero además tiene dos importantes defectos, según IDESA: el primero es que no reconoce aportes realizados por debajo de los 30 años. Es decir, una persona con ningún aporte y otra con 29 años aportados, reciben la misma PUAM. El segundo es que no permite seguir trabajando, cuando las jubilaciones contributivas sí lo permiten.
Podría agregarse que las mujeres solo pueden acceder al beneficio a partir de los 65 años, igual que los varones, y no da derecho a una pensión por fallecimiento para cónyuges, hijos menores ni con discapacidad. Tampoco es compatible con una pensión por fallecimiento, como ocurre con muchas mujeres que cobran una pensión una vez fallecida su pareja.
El requerimiento de 30 años de aportes viene de la época en que el sistema previsional era mixto, combinando reparto con capitalización.
En el régimen de reparto, el requisito era y es los 30 años de aportes, mientras que en el de capitalización no se aplicaba un mínimo de aportes dado que la gente se jubilaba cuando quería, con la renta que se derivaba de su cuenta de capitalización.
El problema es que cuando se eliminó el régimen de capitalización, se cometió el error de no revisar esta regla. Consecuentemente, el requisito de un mínimo de 30 años de aportes quedó para todas las prestaciones. Para IDESA, como esta barrera excluye a la mayoría de la gente, en lugar de subsanar el error, se apeló a las moratorias, profundizando la crisis financiera del sistema previsional y la injusticia de dar jubilaciones contributivas a gente sin aportes.
Claramente el desafío es encontrar ahora una mejor alternativa que renovar las moratorias, que más allá del beneficio que han generado, provocaron una degradación del sistema previsional.
En la búsqueda de alternativas, IDESA ofrece la de eliminar el mínimo de 30 años de aportes.
De esta manera, para las personas con pocos aportes, se puede contemplar la PUAM como piso. El monto de este beneficio debería ser creciente, en función de la cantidad de aportes acumulados, y se debería permitir a los beneficiarios de la PUAM seguir trabajando, como al resto de los jubilados.
Hay en la actualidad 7.434.000 asalariados registrados y 5.440.000 trabajadores informales. El número de jubilados asciende a más de 7,5 millones. En Argentina, históricamente se ha considerado que se necesitan 3 trabajadores activos por cada jubilado, para que el sistema de jubilaciones y pensiones se autofinancie. Por cada jubilado, hoy hay apenas 1,5 aportantes activos al sistema. La relación activos/pasivos es clave para la sostenibilidad de las jubilaciones.
El debate que viene
El pasado 19 de marzo, a continuación de la sesión que blindó el DNU del acuerdo con el Fondo, la oposición más dura intentó realizar una sesión para tratar justamente el tema previsional, particularmente los proyectos referidos a la moratoria previsional. No alcanzaron a reunir el quórum, pero el tema seguirá generando atención en el Congreso, donde insistirán con prorrogar la moratoria.
Justamente con ese objetivo hay proyectos de los diputados de izquierda Nicolás del Caño y Vanina Biasi, presentados el 18 y el 14 de febrero pasado, respectivamente, para extender por 2 años la moratoria.
Vanina Biasi y Nicolás del Caño impulsan la extensión de la moratoria.
También hay proyectos de los diputados de Unión por la Patria Brenda Vargas Matyi (29/01/25), Leopoldo Moreau (7/11/24) y Andrea Freites (13/03/25), todos para prorrogar por 2 años el capítulo II de la Ley 27.75.
Hay otro de Gisela Marziotta, del 10 de marzo pasado, para extenderlo 10 años.
Hubo también un proyecto del riojano Ricardo Herrera, del 16 de enero, para incluir el tema en extraordinarias.
Como sea, es un debate que volverá a darse en el Congreso y sobre el cual el Gobierno no debería quedarse a esperar que suceda, confiado en conservar la herramienta del veto como resguardo.