En la antesala del tratamiento de su pliego en el Senado, el juez Manuel García-Mansilla presentó un escrito de 50 páginas, donde se opuso a la idea de hacer caer su nombramiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que le hayan tomado juramento. También cargó contra el letrado Alejo Ramos Padilla que analiza su designación: “Un juez no puede sacar a otro juez”.

“Ramos Padilla no tiene jurisdicción para intervenir y lo que se resuelve es ajeno a sus facultades”, refirió García-Mansilla. El juez de La Plata debe resolver la cautelar presentada en contra de la designación por decreto de necesidad y urgencia. Sin embargo, el titular del Juzgado Federal platense retrasó el veredicto para después del tratamiento parlamentario de los pliegos.

Asimismo, García-Mansilla, nombrado en comisión por el presidente Javier Milei, asumió que “por ser miembro” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “solamente puedo ser removido mediante el mecanismo de juicio político previsto en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional”.

A lo largo del medio centenar de páginas presentado en respuesta a Ramos Padilla, García-Mansilla solicitó que se rechace “sin más trámite esta acción de amparo colectivo, asi como los pedidos efectuados para que se suspendan los efectos del decreto y se declare la inconstitucionalidad del decreto 137/2025”.

“Desde el 27 de febrero de 2025 estoy ejerciendo en la Corte de Justicia de la Nación la función judicial a la que se refiere el artículo 108 de la Constitución Nacional en el marco del juramento que presté conforme lo previsto en el artículo 112 de la Constitución. Desde esa misma fecha estoy comprendido dentro de las garantías previstas en el artículo 110 de la Constitución Nacional durante todo el plazo que dure mi nombramiento en comisión”, remarcó García Mansilla.

También, señaló que avanzar con esta causa “atentaría contra el orden público constitucional debido a que los propios jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que me tomaron el juramento previsto en el art. 112 de la Constitución Nacional no consideraron que el art. 1º del Decreto 137/25 estuviera viciado por ‘arbitrariedad o ilegalidad manifiesta’ alguna”.

“Ciertamente, ninguno de ellos me hubiera tomado el juramento constitucional si esa arbitrariedad o ilegalidad del Decreto 137/25 en mi caso hubiera sido ‘manifiesta’ al momento de hacer el control de los aspectos formales que efectuaron previamente en ejercicio de sus facultades de superintendencia”, concluyó.

Tanto el pliego de Manuel García-Mansilla como el Ariel Lijo serán puestos a consideración del Senado el próximo 3 de abril. La vicepresidenta  Victoria Villarruel fijó la fecha luego de que el interbloque peronista solicitara una sesión especial para abordar el tema de manera urgente.