Con la ausencia de La Libertad Avanza y sus aliados del Pro y la UCR, la oposición en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados avanzó con el dictamen de un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.

La iniciativa, que reunió un total de 21 firmas y había obtenido previamente despacho en la Comisión de Discapacidad, deberá pasar ahora por Presupuesto y Hacienda, comandada por el oficialista José Luis Espert. Ante la resistencia de LLA, varios legisladores anticiparon la intención de votar un emplazamiento a Presupuesto en el recinto en la próxima sesión que haya.

El proyecto busca establecer diversas medidas de protección y promoción de derechos; garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas; fortalecer los prestadores básicos; garantizar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad y sostener el cupo laboral para personas con discapacidad, entre otros puntos.

Además, la propuesta introduce modificaciones a distintas leyes para armonizarlas con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Impulsor del proyecto y presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo, sostuvo que “emergencia significa darle prioridad presupuestaria a la atención a la problemática de la discapacidad” y “lleva a obligar al Estado Nacional a darle prioridad a un esquema puntual”.

“Se están dando muy pocas prestaciones para las personas con discapacidad. Tenemos dificultad con el transporte. Hoy se les paga a los transportistas menos de la mitad del valor del litro de nafta, con lo cual alguien que tiene que hacer un tratamiento cinco días a la semana, lo llevan dos”, graficó y mencionó que además hay “problemas serios en materia de educación” con gran rotación de asistentes que acompañan a los alumnos. También se suma “el retraso claro en el acceso a los medicamentos”.

El exministro de Desarrollo Social precisó que hay 1.200.000 personas que “acceden a una pensión por discapacidad, que es el 70% de la jubilación mínima”. “Está bien, hay que hacer una auditoría, es evidente que hay personas que accedieron a pensiones que no les correspondían. Pero llevamos 15 meses y estamos en un promedio de 300 mil cartas documento”, señaló y afirmó que “se está haciendo un proceso de ajuste absolutamente brutal”.

Arroyo sumó que, a todo esto, la Agencia Nacional de Discapacidad “pasó de la Jefatura de Gabinete al área de Salud; en un concepto que retrocede más de 100 años”.

El legislador apuntó que las pensiones deberían actualizarse por inflación, pero que en su opinión el proyecto no debería pasar por la Comisión de Presupuesto, “porque no hay presupuesto este año. No estamos creando ningún hecho nuevo en términos fiscales”, sino que se trataría de reasignación de partidas.

Daniel Arroyo (Foto: HCDN)

Luego, el diputado de UP Eduardo Valdés observó que “para este Gobierno el verbo auditar es aniquilar derechos. Nunca se les ocurriría auditar a los grandes unicornios que todos los años se llevan de piso 100 millones de dólares (en subsidios). Con eso se resolvería todo el déficit de las personas con discapacidad”. “La única discapacidad en la vida es una mala actitud y es lo que están haciendo hoy”, expresó.

Por su parte, su par Victoria Tolosa Paz cuestionó que “es un caballito de batalla de este Gobierno poner el gran manto de duda sobre las personas con discapacidad, y poner la excusa de una gran auditoría para, no solamente no dar ninguna nueva alta, sino para seguir congelando el monto de la pensión”.

“El Gobierno imagina a las personas con discapacidad solamente como personas que tienen una enfermedad”, dijo y habló, en cambio, a favor de una concepción de “modelo social” que “les permite ser incluidas en la sociedad”. “Este proyecto vuelve a poner en cabeza de la ANDIS toda la competencia y la saca del Ministerio de Salud”, explicó.

Además, la exministra de Desarrollo Social anticipó que desde la oposición buscarán votar un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque “es la única opción” ya que “este tema no está en la agenda del Ejecutivo”.

Otra de las que habló fue Danya Tavela, del bloque Democracia para Siempre, quien resaltó que “estamos ante una situación crítica”. “La discapacidad también puede adquirirse, nadie está exento”, advirtió la radical y reconoció que no le “gusta” declarar emergencias, “pero a veces no queda otra alternativa”.

“Seguramente no serán muchos los diputados que acompañen, porque en este pacto de oscuridad y silencio que algunos sectores están llevando adelante con el Gobierno, muchas veces estos temas quedan para otra oportunidad”, lamentó y aseguró: “Tenemos que impedir que este Gobierno siga en este camino de abandono, de desidia, de mala fe”.

En tanto, la socialista Mónica Fein opinó que este es “un proyecto que nos da humanidad como Congreso”, mientras que el legislador de izquierda Nicolás del Caño subrayó que las personas con discapacidad “bajo este Gobierno han recibido ataques de todo tipo. Antes de cualquier auditoría ya tenían planteada la motosierra sobre 300 mil pensiones, algo que estaba previsto en el proyecto del Presupuesto 2025”, que nunca se trató.

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, ejemplificó que “con la mitad de los fondos reservados que le dieron a la SIDE, podríamos estar financiando la totalidad de las prestaciones para las personas con discapacidad”. “La crueldad que mencionaron todos los diputados, cuando uno le pone números queda más clara la arbitrariedad, la discrecionalidad y la escasa o nula voluntad política de resolver este tema”, agregó.

En el final del debate sobre el proyecto, el diputado misionero del bloque Innovación Federal Carlos Fernández se sinceró: “A pesar de estar acompañando (al oficialismo) en muchas cosas que no queremos y votamos por conveniencias provinciales, he logrado que en mi provincia me autoricen a acompañar esto”. Y pidió avanzar en el diálogo y consenso para que, todos aquellos que también “necesiten la autorización de los gobernadores”, avalen en la Comisión de Presupuesto “y podamos meter esa firma con total autoridad y convicción de que es necesario”.

Más adelante, cuando dijo que iba a hacer una “catarsis” sobre la coyuntura en cuanto a las medidas en salud del Gobierno, el diputado de UP Daniel Gollán lanzó que “en algún momento tenemos que parar y decir ‘nuestra consciencia nos dicta una cosa, y si mi gobernador me manda a hacer otra, y mi consciencia me dice que yo no puedo dejar a los discapacitados desamparados, tenemos que ir a favor de los discapacitados’”.

Por otra parte, pasaron a la firma varios proyectos de declaración y pedidos de informes al Ejecutivo. Respecto de los referidos al cierre del Instituto Nacional del Cáncer, Del Caño enfatizó que esa decisión “marca nuevamente la crueldad del Gobierno” en el marco de “un ajuste muy fuerte que está viviendo toda la salud”. Y rechazó que el pedido de informes sobre este tema tenga giro a Presupuesto: “Es absolutamente ridículo”.

En tanto, la diputada de UP Roxana Monzón manifestó que el Instituto trabajaba en “la prevención, que es muy importante, dado que la mayoría de los cánceres que presenta la población se pueden de alguna manera solucionar con la prevención”. “Es muy grave y no tiene explicación”, dijo sobre la decisión del Ministerio de Salud de absorber el INC.

“Es una medida desacertada del Gobierno”, coincidió el diputado de UP Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, quien recordó que este miércoles es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino y “en Argentina mueren por año 2.300 mujeres” por esta causa.

Al recordar la Ley de Cuidados Paliativos y el programa allí contemplado, Fein subrayó que “al derogar el programa dentro del Instituto del Cáncer, se deja también sin efecto una ley votada por este Congreso”.