Este año, San Carlos de Bariloche se prepara para una nueva elección de su Defensor o Defensora del Pueblo, un proceso que va mucho más allá de la designación de un nombre. Se trata de reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos, la transparencia y la mejora constante de la gestión pública.

Cuando impulsé junto a otros concejales la creación de la Defensoría del Pueblo en 2006, lo hice con la firme convicción de que nuestra ciudad necesitaba un organismo autónomo e independiente, capaz de actuar como un puente entre la ciudadanía y el Estado. Bariloche, con su crecimiento y complejidad, requería una institución que garantizara la protección de los vecinos frente a abusos, irregularidades y deficiencias en los servicios públicos. Me inspiré en experiencias exitosas de otras ciudades del país, convencida de que este era un paso fundamental hacia una sociedad más justa y equitativa. Luego, en 2007, se incorporó a la Carta Magna de nuestra ciudad.

A casi dos décadas de su creación, la Defensoría del Pueblo ha demostrado con creces su importancia. Ha canalizado miles de reclamos, ha sido testigo de las preocupaciones de nuestra comunidad y ha impulsado soluciones concretas. Pero su valor va más allá de las estadísticas: representa el derecho de cada vecino a ser escuchado, a exigir respuestas y a contar con una herramienta eficaz para la defensa de sus intereses.

En este contexto, la elección de un nuevo Defensor o Defensora del Pueblo es una oportunidad para renovar el compromiso con esta institución y fortalecer su rol dentro del entramado democrático. La sociedad demanda cada vez más transparencia, cercanía y eficiencia por parte del Estado. La Defensoría debe mantenerse como un espacio activo, dinámico y, sobre todo, independiente, que responda a las necesidades del pueblo sin condicionamientos ni demoras.

Hoy más que nunca, debemos reafirmar el valor de esta institución y trabajar para garantizar su consolidación y fortalecimiento. No se trata solo de elegir a una persona, sino de asegurar que la Defensoría siga cumpliendo su función esencial: ser la voz de quienes necesitan justicia, equidad y respuestas concretas. Porque una democracia sólida no se construye sólo con discursos, sino con instituciones que actúan y protegen los derechos de todos.