La historia económica argentina demuestra que los planes de ajuste no han generado resultados positivos en el largo plazo. El resultado reiterado ha sido una caída del consumo, un fuerte deterioro del salario real, una contracción del empleo industrial, un profundo malestar social y la fragmentación política de los gobiernos que los aplicaron.

Si bien los contextos económicos han variado en cada momento histórico, los efectos de estos programas presentan similitudes evidentes:

1. Deterioro del salario real y caída del consumo: en todos los casos, la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores ha sido inmediata. La contracción de la demanda interna afecta directamente a la industria y el comercio, generando un círculo vicioso de recesión.
2. Transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados: Mientras que en algunos momentos se priorizó al sector agroexportador, en otros el beneficio ha sido para el sector financiero y las grandes empresas vinculadas al comercio exterior.
3. Desindustrialización y crisis del mercado interno: La combinación de caída del consumo y apertura económica sin regulaciones adecuadas amenaza la producción nacional y debilita la capacidad del país para generar empleo de calidad.
4. Malestar social y fragmentación política: El descontento social crece cuando las políticas económicas no ofrecen respuestas concretas a los problemas cotidianos de la población. Esto provoca el desgaste del capital político del gobierno y la desintegración de su base de apoyo, generando disputas internas donde las distintas facciones se culpan mutuamente por errores de ejecución, sin cuestionar el rumbo elegido.

La administración de Javier Milei busca diferenciarse de gobiernos anteriores con un discurso rupturista, pero en la práctica reproduce los mismos esquemas de ajuste que han fracasado en el pasado. Desde Raúl Prebisch en 1955 hasta José Martínez de Hoz en 1976, Domingo Cavallo en los años 90 y, más recientemente, Luis Caputo bajo la presidencia de Mauricio Macri, los intentos de estabilización basados en la reducción del gasto público, la apertura indiscriminada de la economía y la contracción de la demanda interna han desembocado en crisis profundas, dejando un saldo de mayor desigualdad, desindustrialización y pérdida de soberanía económica.

Lejos de corregir los problemas estructurales del país, el ajuste radical de Milei amenaza con llevar a Argentina a una crisis social y económica de magnitudes impredecibles. En este contexto, la pregunta clave no es si el gobierno logrará sostener su plan, sino cuánto daño generará antes de que sea inevitable una recomposición política y económica que contemple las necesidades reales de la población.

La justicia social como principio económico

Frente a los efectos devastadores del ajuste, es fundamental recuperar el concepto de justicia social como eje rector de la economía. La verdadera estabilidad no se logra a través de recortes indiscriminados y la exclusión de grandes sectores de la población, sino mediante la generación de empleo genuino, la distribución equitativa de la riqueza y el acceso a condiciones de vida dignas para todos los ciudadanos.

Para ello, la industrialización del país es un pilar clave. Una economía basada únicamente en la exportación de materias primas y la especulación financiera no genera desarrollo sostenido ni mejora la calidad de vida de la mayoría. En cambio, un modelo productivo que potencie la industria nacional, fomente la innovación tecnológica y agregue valor a los productos argentinos permitiría no solo una mayor independencia económica, sino también la creación de empleos bien remunerados y estables.

Además, el endeudamiento crónico ha sido históricamente una trampa que condiciona la soberanía económica del país. Cada crisis derivada de un ajuste ha venido acompañada de una toma masiva de deuda externa, generando una dependencia estructural de organismos internacionales y mercados financieros que imponen condiciones draconianas a cambio de financiamiento. Evitar la deuda irresponsable y fortalecer una economía basada en la producción y el trabajo es el único camino para romper con este ciclo de dependencia.

La historia es un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros errores. La diferencia entre aprender de ellos o repetirlos dependerá de la capacidad de la sociedad y la dirigencia política para construir un modelo económico más equitativo y sustentable, que no sacrifique el bienestar de la mayoría en nombre de la ortodoxia fiscal. La industrialización, la justicia social y la independencia económica no son solo objetivos deseables, sino condiciones necesarias para un país verdaderamente soberano y próspero.