Durante la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, donde la oposición avanzó con varios temas incómodos y resistidos por el oficialismo, se aprobó un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que trate un proyecto de ley que propone declarar la emergencia nacional en discapacidad.

La votación para que la comisión presidida por el libertario José Luis Espert se reúna el próximo miércoles 23 de abril de a las 12 horas para tratar el tema resultó con 126 votos positivos, 70 negativos y 15 abstenciones.

Se trata de una iniciativa cuyo autor es el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad, donde el texto recibió el primer despacho. Luego fue avalado también en la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

El proyecto plantea declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 y propone diversas medidas de protección y promoción de derechos para las personas de este colectivo.

A su vez, contempla el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas; el fortalecimiento de los prestadores básicos; que se garantice el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad y se sostenga el cupo laboral para personas con discapacidad.

Entre otros puntos, introduce ciertas modificaciones en la legislación vigente para armonizarla con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En su carácter como titular de la Comisión de Discapacidad, el diputado Daniel Arroyo (UP) señaló que solo falta el tratamiento en la Comisión de Presupuesto. Así, enumeró tres razones para la declaración de la emergencia.

“Está claro que se ha desacomodado el sistema de prestaciones y hay una caída profunda del mismo y de atención a las personas con discapacidad. Los hogares, asociaciones civiles están a punto de cerrar porque todas tienen deuda con la ex AFIP y les han planteado que hasta junio se extiende y esa es la situación. Hacen ferias americanas para poder recaudar, venden cosas. El último aumento que se dio fue en diciembre del 0,5%. Está totalmente desacomodado el sistema básico de la prestación, eso amerita declarar la emergencia”, explicó.

Arroyo planteó como segunda razón las pensiones: “El Gobierno hizo auditorías y está bien, pero lleva ya 15 meses y nadie entiende cómo se da y han llegado más de 300 mil telegramas porque las personas no saben qué hacer y luego les dan de baja a la pensión por discapacidad. Llegan mensajes contradiciendo toda la lógica del Estado”.

“Hay 500 mil personas que se presentaron para acceder a la pensión y aún no pueden, en los últimos 14 meses solo accedieron 586, el 0,1%. La ANDIS está tratando de encontrar la cuadratura del círculo porque le piden un nivel de ajuste imposible de cumplir”, manifestó.

Por último, Arroyo cuestionó que “hay maltrato por parte del Gobierno” haciendo alusión a la radiografía de un perro que mostró el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa de que una persona accedió a la pensión a través de esa placa. “Hay irregularidades, hay que auditar, pero no hay que maltratar. Hay una resolución la 187 que vuelve atrás con el concepto de invalidez, y ponen conceptos como ‘idiota’, ‘débil mental’, ‘imbécil’, para las personas con discapacidad volviendo 100 años atrás. El Gobierno pidió disculpas, estableció en un comunicado que iba a retroceder con ello, pero no lo hicieron”.

“Las personas con discapacidad vienen con problemas hace mucho tiempo, son invisibilidades, la pasan mal, hay problemas de recursos hace mucho tiempo, pero ahora se ha decidido desestabilizar totalmente el sistema con montos desacomodados fuera de cualquier lógica. Es necesario declarar la emergencia porque está todo desacomodado. Se plantea toar de base diciembre de 2023 antes del 120% de devaluación y actualizar el monto a hoy y tomarlo como base para actualizar los montos por inflación mes por mes. Es justicia y racionalidad económica. Hay que compensar partidas”, cerró.

Por el bloque Pro, la diputada Patricia Vásquez manifestó que “se pretende emplazar un sistema jubilatorio quebrado hace décadas. Tiene que ver con un desastre de 35 mil millones de dólares que desaparecieron del Fondo de Sustentabilidad de todos los jubilados mientras Massa hacía canjes de dólares y bonos en pesos, pero los desfinanció”.

“Cuando se analiza la auditoría en discapacidad, si no hubiesen hecho el desastre que hicieron, no se necesitarían las auditorías. De 1 millón de pensiones no contributivas se encontraron 25 mil para algunos que trabajan 60 mil que tienen incompatibilidades, 17.500 a extranjeros sin residencias, 112 mil menores. Si no hubieran hecho el desastre que hicieron, no estaríamos como estamos. No pongan sobre la mesa temas que nos importan mucho, pero con la engañosa intención de desequilibrar las cuentas fiscales porque esto no está acorde a la ley de administración financiera en su artículo 38 porque no dice de dónde sale la plata que se fumaron y la disfrazaron”, remató.

La cordobesa Alejandra Torres (Encuentro Federal) afirmó que “estamos en situación de emergencia con la cobertura de las personas con discapacidad. Es cierto que los aranceles están atrasados y ameritan un incremento en función de la inflación, pero también es cierto que el sistema de cobertura es totalmente arbitrario, injusto, burocrático”.

Así, propuso que “hay que hacer una reforma integral que vea y analice algo de que el factor de deterioro del sistema que es la CUD un certificado que carece de requisitos, parámetros claros y precisos. En 2011 pasamos de 9 mil personas con discapacidad a 2021 a 1 millón y medio, un 54% anual se incrementaba el porcentaje de personas con discapacidad siendo que no hubo eventos dramáticos que hubiesen provocado una inminente población con discapacidad”.