Titular de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, la diputada del Pro Silvia Lospennato prometió al asumir impulsar modificaciones al reglamento de la Cámara baja para atender un sinnúmero de situaciones que merecen ser modificadas. De hecho, el pasado 26 de marzo se reunieron para poner en marcha esos cambios, por ejemplo con las cuestiones de privilegio en la mira.

Miembro también del Pro, la diputada nacional Karina Bachey sumó una propuesta con un proyecto de resolución para modificar el reglamento de la Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, con el objetivo de establecer sanciones por mal comportamiento y uso indebido, con el fin de preservar y fortalecer la calidad institucional, promover un comportamiento responsable de los legisladores y garantizar que las deliberaciones en el ámbito parlamentario se desarrollen en un clima de respeto, decoro y orden.

Recordemos que recientemente se vivieron desbordes que estuvieron al borde del conato de violencia. De haber estado aprobado esta norma, seguramente se le habría aplicado a los protagonistas de esos episodios.

Sostiene la legisladora puntana que la actividad parlamentaria requiere de un elevado nivel de responsabilidad  y compromiso cívico por parte de los representantes del pueblo. “Los diputados, como principales actores en el proceso legislativo, debemos actuar con integridad, respeto y ética en todas sus intervenciones”, señala Bachey.

Considera esta diputada del Pro que el recinto de la Cámara baja es un espacio destinado a la discusión de políticas públicas y la toma de decisiones fundamentales para el país. Es por ello que piensa que “el respeto entre los miembros y el cuidado de la palabra son pilares que deben sostenerse durante las sesiones”.

En ese sentido remarca que “las interrupciones indebidas, los actos de desobediencia a las autoridades del recinto o las agresiones verbales y físicas afectan la legitimidad del debate y la imagen institucional del Congreso ante la sociedad”. A su juicio, el establecimiento de un régimen sancionatorio permite evitar este tipo de situaciones y propicia el desarrollo de sesiones productivas y ordenadas”.

El proyecto es acompañado por sus pares del Pro Gerardo Milman, Sofía Brambilla, María Eugenia Vidal, María Sotolano, Marilú Quiroz, Javier Sánchez Wrba, Gabriel Chumpitaz, Aníbal Tortoriello, María Florencia De Sensi, Nancy Ballejos, Emmanuel Bianchetti, Germana Figueroa Casas y Sergio Capozzi.

Advierte la legisladora que por ahora las medidas correctivas frente a comportamientos inapropiados en el recinto no se encuentran sistematizadas de forma clara ni unificada, lo que da lugar a la subjetividad en la aplicación de sanciones.

Bachey propone una escala de sanciones progresivas: ante el primer llamado de atención, se registra en el acta; ante el segundo llamado de atención hay una advertencia formal y registro en el acta; y con el tercer llamado de atención, advertencia formal, registro en el acta y reducción del 15% de la dieta correspondiente al mes en curso.

Por último hay una sanción definitiva, que implica la suspensión del diputado por una sesión, con la correspondiente deducción del 25% de la dieta del mes en curso.

Se deja claro en el proyecto que el diputado sancionado tendrá derecho a apelar la sanción ante la Comisión de Asuntos Constitucionales dentro de los cinco días hábiles posteriores a la sanción. Y esa comisión deberá expedirse sobre la apelación en un plazo máximo de 10 días hábiles.