La legislación actual contempla obligaciones para los ciclistas, pero no así el modo en que deben actuar quienes conducen vehículos motorizados al compartir las calles y rutas con ellos y ellas. Esta deuda legislativa cuesta vidas.
En lo que va de 2025, siete ciclistas han perdido la vida en rutas y calles de Río Negro, según datos recolectados por Bicicletas por la Vida. Dos de ellos eran niños, y todas estas tragedias eran evitables.
No es simplemente una estadística. Detrás de cada uno hay una familia quebrada. Francisco Valentín Bravo Manzoni, Thiago Bayer, Sandro Nievas, Antonella Rebolledo, Rubén Héctor Martínez, Graciela Aedo y una pequeña de apenas tres años, son los rostros que deben quedar grabados en nuestra memoria como recordatorio de lo que no podemos seguir permitiendo.
En este contexto, toma aún más importancia el tratamiento del proyecto de ley que presenté nuevamente este año, bajo el expediente 61/25; y que ya había impulsado en 2021 y 2023, para incorporar normas claras y obligatorias en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 a fin de proteger específicamente a los ciclistas.
Nuestra legislación actual contempla obligaciones para los y las ciclistas, pero no así el modo en que deben actuar quienes conducen vehículos motorizados al compartir las calles y rutas con ellos y ellas. Esta deuda legislativa cuesta vidas.
El proyecto establece, entre otras medidas, que los vehículos deberán dejar una distancia mínima de 1,5 metros al adelantar a ciclistas, reducir su velocidad en 20 km/h durante la maniobra, y abstenerse de sobrepasar si no existen condiciones seguras. También propone que los exámenes para obtener o renovar la licencia de conducir incluyan contenidos obligatorios sobre seguridad vial para ciclistas, con una calcomanía identificatoria de “Respeto al ciclista” para fomentar la conciencia en el espacio público. Al mismo tiempo, promueve un cambio cultural para proteger a quienes, por convicción o necesidad, eligen la bicicleta como medio de transporte.
Este proyecto surgió en 2021 como una respuesta al reclamo de organizaciones como Bicicletas por la Vida, nacida tras la muerte de Pablo Diego Ramos en Bariloche, y del diálogo con quienes trabajan todos los días por una movilidad más segura y sustentable.
Cada ciclista que muere es una señal de alarma que no podemos seguir silenciando con indiferencia. El Congreso tiene la responsabilidad y la oportunidad de debatirlo, enriquecerlo y aprobarlo, para fortalecer la seguridad vial en Argentina.