Luego de haber renunciado a su pronunciamiento en la Corte Suprema de Justicia, el juez Manuel García – Mansilla presentó un escrito de 35 páginas por el que criticó la labor del Senado tras el rechazo de su pliego el pasado 3 de abril. Además, buscó aclarar sus dichos en la Audiencia Pública respecto a ser designando por decreto de necesidad y urgencia.

“Tengo la obligación de colaborar con este proceso y su perfeccionamiento a futuro”, planteó el catedrático. En cuatro puntos, amplió lo expresado en la Comisión de Acuerdos el pasado 30 de agosto, lo comparó con el contexto de 2015, cuestionó los dictámenes de rechazo y definió una serie de conclusiones.

Con relación a lo dicho sobre aceptar un nombramiento en comisión, García – Mansilla explicó que “lo que hice en ese momento fue una consideración política e institucional sobre ese contexto puntual de 2015, no una declaración sobre la improcedencia general de las designaciones en comisión”.

Diferenció el contexto actual con el del gobierno de Mauricio Macri cuando nombró a través del DNU 83/15 a los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz: “Se trató de un nombramiento intempestivo, sin consulta previa, y en un marco de escasa previsibilidad institucional”.

Asimismo, sostuvo que, en aquella ocasión, “el nuevo gobierno no había expresado públicamente su voluntad de enviar los pliegos ni de abrir un debate en el Congreso”, y agregó que “tampoco había sido una cuestión discutida en detalle durante la campaña electoral”.

En tercer lugar, el juez nombrado en comisión por el presidente Javier Milei que luego renunció al máximo tribunal de justicia por la caída de su pliego en el Senado, opinó de los dictámenes de rechazo y consideró que “contienen graves inconsistencias, tanto en su fundamentación como en su redacción”.

Respecto al despacho que firmaron Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, señaló que “la interpretación no solo es infundada, sino que ignora que respondí abiertamente cada pregunta, sin ocultar mis posiciones ni mis eventuales dudas”. “Lo paradójico es que el propio dictamen reconoce que se firma ‘para posibilitar su tratamiento en el recinto’”, cargó.

Dirigido al dictamen que rubricó Unión por la Patria, remarcó que hubo dos firmas en disidencia parcial y cinco en disidencia total, y planteó: “Esta ambigüedad vulnera también el Artículo 123 decies del Reglamento del Senado, que exige dictámenes fundados aconsejando hacer lugar o rechazar el acuerdo”.

“No se emitió ningún dictamen de rechazo. Ambos dictámenes postulan prestar acuerdo, pese a que los considerandos sostienen lo contrario”, sostuvo el catedrático en la presentación de 35 páginas.

Finalmente, Manuel García – Mansilla manifestó que “lo importante es defender las instituciones con seriedad, sin tergiversaciones y prestando atención al contexto en que se toman cada una de las decisiones”, y cerró: “Hacerlo requiere evitar los atajos y chicanas políticas que terminan debilitando los procesos de designación, y que pueden desalentar que los candidatos respondan con franqueza en futuras audiencias”.