Las interpelaciones en el Congreso de la Nación son un mecanismo habilitado por la Constitución Nacional, pero totalmente infrecuentes, sobre todo en las últimas décadas. De hecho, solo se recuerdan dos interpelaciones desde 1983 al presente: las que se hicieron a los ministros de Raúl Alfonsín Antonio Tróccoli y Germán López, y en época de Menem a Domingo Cavallo. Son las que ahora vamos a recordar.

El artículo de la Constitución que habilita la posibilidad de interpelar a funcionarios lleva el número 71, y es el que expresa que “cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.

Se dice fácil, pero no es nada sencillo conseguirlo, pues se trata de un mecanismo que debe ser votado, como sucedió el pasado 8 de abril en la Cámara de Diputados para forzar la sesión de este martes, aunque no son necesarias mayorías especiales para conseguirlo.

Para imaginar lo que sucederá este 22 de abril en la Cámara baja hay que remontarse a los antecedentes, que por cierto no son muchos. El más lejano está situado en los albores de la recuperada democracia, y tuvo como protagonista principal al entonces ministro del Interior Antonio Tróccoli, citado a instancias de los diputados peronistas José Luis Manzano y Roberto Digón. Convengamos que Tróccoli ya había visitado el recinto de Diputados en 1985, pero el episodio que más se recuerda sucedió un año después. Fue una sola sesión, pero dividida en varias jornadas, algo que perfectamente podría suceder ahora. En aquella ocasión, la rueda comenzó a girar el 22 de mayo de 1986, en una sesión que fue presidida por Roberto Pascual Silva, un diputado radical santafesino, vicepresidente primero de la Cámara, que reemplazó al frente de la misma a Juan Carlos Pugliese.

La sesión arrancó cerca de las 6 de la tarde, y no tenía a la interpelación como único tema. Por el contrario, en el inicio se le dio continuidad al debate en particular del Presupuesto 1986. A continuación tendría lugar el informe verbal que brindarían ministros y secretarios del Gobierno de Alfonsín sobre el denominado caso Sivak, un empresario secuestrado el 29 de julio de 1985 cuando se dirigía a una sesión de terapia en el barrio de Palermo. Ese día había quedado en pasar a buscar a sus hijas por el colegio, pero jamás llegó. Sus secuestradores pidieron tres millones de pesos para su rescate. Terminaron acordando el pago de 1.100.100 dólares para su rescate, que se efectivizó el 11 de agosto, pero Osvaldo Sivak nunca fue liberado.

Osvaldo Sivak, secuestrado por la mano de obra desocupada, en tiempos de democracia.

Eran tiempos complicados, inicio de la democracia y una mano de obra desocupada dispuesta a seguir haciendo sus negocios. El primer Gobierno de la democracia debió lidiar con eso.

Meses después, la familia de Sivak denunció que agentes de inteligencia que operaban en el Ministerio de Defensa habían intentado extorsionarlos.

Eso fue lo que motivó el pedido de interpelación de los ministros del Interior y de Defensa de Alfonsín.

Tras un cuarto intermedio, la sesión se reanudó a las 19.40, pero como no lograban ponerse de acuerdo con la interpelación, volvieron a pasar a un receso hasta las 21.50. Los ministros del Interior, Antonio Tróccoli, y de Defensa, Germán López, ingresarían finalmente recién a las 22.14, acompañados por el secretario del Interior, Facundo Suárez Lastra, y el de Defensa, José Horacio Jaunarena.

Expuso en primer lugar y largamente Tróccoli, quien recordó que Osvaldo Sivak había sido secuestrado en dos oportunidades, la primera en 1979, que atribuyó a una tarea “preparada y urdida combinando el factor ideológico con el negocio, lo cual era muy común en aquellos tiempos en donde, al amparo de una política represiva aberrante y absurda, se unía el delito común de robo o de hurto con el secuestro extorsivo”. En cuanto al segundo secuestro, el funcionario reprochó que la familia Sivak hubiera decidido “puentear” a la autoridad policial y encarar en forma directa las tratativas con los secuestradores.

Después de una extensa alocución de Tróccoli, iba a hablar el secretario de Defensa, y el diputado Adam Pedrini -tío del actual diputado Juan Manuel Pedrini- pidió que se siguiera el orden y escuchar al ministro de Defensa. Quien presidía la sesión aclaró que “en este caso los interpelados han preferido seguir otro orden”. Pedrini repuso que “yo no hablaría de ‘ministros interpelados’, sino de ministros invitados. Y ellos eran los ministros, no el secretario de Defensa. Roberto Silva le contestó que por disposición reglamentaria los secretarios pueden permanecer en el recinto y tienen voz. A continuación se generó un largo debate, al cabo del cual Jaunarena terminó hablando.

Antonio Tróccolli al jurar como ministro del Interior.

A la hora de las preguntas Roberto Digón hizo una larga alocución, tras la cual le preguntó a Tróccoli “qué limitaciones de inteligencia y operación tiene la Policía Federal que obliguen a la intervención de grupos especiales para investigar delitos de tipo común, tales como el del secuestro de Osvaldo Sivak”. El ministro contestó pidiéndole que efectuara todas las preguntas y luego él contestaría. Y ahí se inició un debate interminable en torno a la metodología para formular las preguntas, por cuanto el diputado radical quería efectuar sus preguntas de acuerdo a cómo fuera contestando Tróccoli. Ergo, las formularía de a una, cosa que rechazó el ministro, “porque de esa manera el señor diputado interpelante me va a tener todo el tiempo que se le ocurra repreguntándome sobre la base de preguntas anteriores.

“La interpelación se debe apoyar en un interrogatorio muy concreto al que previamente debo tener acceso, de manera que le ruego al señor diputado Digón tenga la amabilidad de alanzarme su cuestionario, porque como trajo su intervención escrita…”. Y le recordó que gran parte de las informaciones que estaba requiriéndole se las había dado en su exposición del año pasado.

Muchos diputados tomaron parte de esa discusión, entre ellos el peronista Néstor Perl, quien mocionó que las preguntas pudieran hacerse de a una y que si el ministro no quería contestar, que no lo hiciera, a lo que el entonces diputado de la UCR Leopoldo Moreau admitió que el reglamento no contemplaba una metodología a seguir en estos casos, y ante la laguna reglamentaria que se planteaba, hizo una moción en sentido contrario, a lo que José Luis Manzano advirtió que el oficialismo se quedaría solo para hacer la interpelación.

“No sería la primera vez que nos quedemos solos en este recinto en virtud de políticas obstruccionistas que creíamos erradicadas, pero que ayer se repitieron”, replicó Moreau.

Tras la intervención de 16 oradores, el peronismo aceptó formular todas las preguntas juntas, con la condición de que las respuestas fueran minuciosas y no difusas, cosa que Tróccoli terminó aceptando.

Grabación y escándalo

Roberto Digón formuló a continuación todas sus preguntas. Fueron 12, tras las cuales le pidió al ministro que, por último, dijera si la grabación que escucharían correspondía a una conversación que él había tenido con la esposa de Osvaldo Sivak.

En el audio, el ministro, que hasta había negado haber hablado con Marta Oyhanarte, confirmaba la participación de agentes de inteligencia en el secuestro. Visiblemente nervioso, Tróccoli reaccionó diciendo que no entendía el significado de esa grabación, “ni mucho menos el mal gusto que significa traerla al recinto, porque cuando uno habla por teléfono lo que menos se puede imaginar es que del otro lado lo están grabando”.

En plena discusión, el ministro insistió en que la Policía Federal estaba en condiciones técnicas y de inteligencia como para resolver estas cuestiones. Y agregó: “En ningún momento se le encomendó ninguna investigación -ni en forma deliberada ni en forma elíptica- a ningún grupo o persona que estuviera fuera del esquema de la Policía Federal. Dije también que la propia familia Sivak, aconsejada por amigos…”.

“¡No mienta!”, le gritó desde un palco Jorge Sivak, hermano del empresario secuestrado, a lo que Tróccoli reaccionó pidiendo que retiraran del palco a quien le había gritado. El presidente Silva ordenó desalojar la sala, y ante el desbande que sobrevino, pasaron a un cuarto intermedio. Luego de unos instantes, concluyeron en que no estaban dadas las condiciones para continuar esa noche, y pasaron a un cuarto intermedio hasta el miércoles venidero.

El debate se reanudó a la semana siguiente, a las 20.45 del 28 de mayo de 1986, con una cuestión de privilegio presentada por el diputado Jorge Vanossi, en nombre del bloque radical, contra lo sucedido al final de la reunión anterior, tras lo cual volvió a hablar Antonio Tróccoli, que esta vez había concurrido acompañado solo por Facundo Suárez Lastra.

A las 23.50, se pasó a un cuarto intermedio hasta la 1 del 29 de mayo, y a las 3.05 se pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta las 16 de ese mismo día.

En realidad, la sesión se reanudó a las 19.55, nuevamente con la presencia de Tróccoli y Suárez Lastra. Fue otra jornada intensa, en la que surgió el nombre de Raúl Guglielminetti, un miembro del grupo de tareas que había operado en Automotores Orletti, bajo el mando de Aníbal Gordon, y que en democracia llegó a formar parte de la custodia presidencial de Alfonsín. Pasada la medianoche, se pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta el miércoles 4 de junio.

Ya con Juan Carlos Pugliese al frente del cuerpo, ese día ya no asistieron funcionarios y en el inicio se votó -ante las protestas de la oposición- una moción de orden propuesta por el presidente del bloque oficialista, César Jaroslavsky para cerrar el debate.

Dos días antes Germán López había presentado su renuncia por razones de salud. El comisario general de la Policía también renunció en esos días, y Tróccoli lo haría en 1987, cuando el caso Sivak todavía no había podido ser cerrado.

El 5 de noviembre de 1987 fue hallado el cuerpo del empresario, luego de que un inspector llamado Héctor Salcano confesara la participación de un grupo de tareas en el secuestro. Su cuerpo fue encontrado en la zona de Abasto, al costado de la ruta 2. Lo habían matado de un tiro en la cabeza luego del pago del rescate. En el descampado donde apareció Sivak, encontraron otros cuerpos: el de Benjamín Neuman, raptado en 1982, y más tarde Eduardo Oxenford, también secuestrado en 1978.

Por el secuestro y asesinato de Sivak fueron detenidos ocho policías. Dos se quitaron la vida y el resto fueron condenados.

La interpelación a Domingo Cavallo

Casi una década más tarde, el Congreso fue epicentro de una nueva interpelación a un alto funcionario. También sucedió en la Cámara baja y en este caso no fue un diputado opositor el que la pidió, sino el propio funcionario.

Hablamos de Domingo Felipe Cavallo, y se recuerda esa presentación como la última interpelación realizada en el Parlamento, aunque en realidad hubo otra, al año siguiente, pero que no tuvo la misma trascendencia, razón por la cual cuando se habla de la interpelación al ministro Cavallo, la memoria se remonta solo al 23 de agosto de 1995.

El entonces superministro de Economía promovió esa interpelación para tratar de frenar la privatización del Correo, que ya contaba desde noviembre del año anterior con media sanción del Senado y era para Cavallo “un traje a medida para Alfredo Yabrán”. Hasta entonces, Yabrán era un empresario desconocido para la sociedad, pero muy poderoso, dueño de correos privados, que controlaba los depósitos fiscales de Ezeiza, las rampas de los aeropuertos y los free-shops. En esa interpelación que se extendió más de once horas, lo sacó abruptamente del anonimato.

El ministro habló de “mafias enquistadas en el poder”, y de hecho presentó a Yabrán como el jefe de la mafia, dueño de casi todos los correos privados: OCA, OCASA, Andreani, Skycab… Denunció métodos mafiosos para eliminar a las empresas de la competencia y puso un ejemplo inquietante: Abel Cuchietti, exadministrador del correo estatal, había denunciado manejos oscuros y fue amenazado por eso. Al renunciar, lo esperaron a la salida de su casa y a palazos le quebraron las piernas.

Todo eso y mucho más dijo Domingo Cavallo en esa interpelación en la que no dejó títere con cabeza. Le apuntó a periodistas como Bernardo Neustadt y Daniel Hadad, y hasta se malquistó con los jefes de bancadas del oficialismo.

Dijo que si Yabrán se quedaba con el Correo, dominaría monopólicamente el circuito para el ingreso y salida de mercaderías, al ser el dueño además de los depósitos fiscales de Ezeiza, rampas y los correos privados.

La semana anterior Diputados había estado cerca de aprobar la ley, pero tras las denuncias del ministro, la Cámara baja no trató el tema.

Esa interpelación le valió, entre otras cosas, una querella por haber formulado en el recinto denuncias contra particulares. La Justicia se tomó su tiempo, pero en octubre de 2004, la Corte Suprema de Justicia marcó un precedente que bien podrán tener en cuenta los funcionarios que expongan este martes en Diputados: cuentan con tanta libertad para expresarse como quienes los interrogan.

La Corte Suprema sostuvo en ese fallo de hace una década que si el Congreso puede obligar a los ministros a presentarse en el recinto para interpelarlos, no puede someterlos a la desventaja de debatir con otros funcionarios que tienen inmunidad para decir lo que quieran, como es el caso de los legisladores.

“Las disposiciones del artículo 68° (de la Constitución) están destinadas a garantizar la independencia funcional de la Cámara legislativa, de modo tal que el contenido de las discusiones quede al margen de toda persecución posterior contra quienes participaron de ellas”, expresó el Tribunal Supremo, con las firmas de Antonio Boggiano, Carlos Fayt, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni. Enrique Petracchi y Augusto Belluscio se excusaron por haber sido alguna vez querellantes de Cavallo.

La querella que motivó ese pronunciamiento de los cortesanos fue promovida por Angel Pozzoli y Héctor Colella, entonces presidente y vice de la empresa OCA, que habían sido agraviados por Cavallo durante esa tempestuosa interpelación.

La última interpelación

Con menos repercusión que las otras mencionadas, el último registro de una interpelación tiene como protagonista también a Cavallo, y data del 24 de abril de 1996, cuando el ministro de Economía fue convocado para dar detalles de las últimas medidas adoptadas en materia tributaria, luego de que los decretos sobre impuestos internos y un proyecto del Ejecutivo para prorrogar el Pacto Fiscal que obligaba a las provincias a dejar de cobrar esos tributos.

Tres meses después Cavallo dejó el ministerio. El embate contra Yabrán había sido un “parteaguas” para su gestión y duplicó sus enemigos internos y externos. Prueba, en definitiva, que las interpelaciones pueden dejar profundas marcas en los funcionarios que se someten a las mismas.