Con Tavela y Ferraro a la cabeza del texto, buscarán establecer un mecanismo de actualización con base en el índice de inflación. También, proponen recomponer el salario de los docentes y no docentes universitarios.
En un contexto similar al del año pasado, los diputados nacionales Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentaron un proyecto de ley de financiamiento universitario con una actualización automática tomando como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El último período legislativo estuvo marcado por la conflictividad universitaria a partir del atraso presupuestario, las marchas federales y el posterior veto del presidente Javier Milei, ratificado por la Cámara de Diputados en octubre. En esta ocasión, el texto busca garantizar la estabilidad presupuestaria del sistema universitario público argentino.
Además, la iniciativa propone la actualización automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, tomando como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024 y una fórmula mixta de actualización para este año. También, propone recomponer el salario de los docentes y no docentes universitarios.
Dentro del espíritu del proyecto de ley se establece que los fondos asignados a las actividades presupuestarias claves del sistema universitario se actualicen a partir del 1° de enero de 2025 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que durante el año se continúe con ajustes bimestrales combinando inflación (50%), variación del tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y tarifas de servicios públicos (25%).
La otra novedad del proyecto de ley es la modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior, incorporando criterios objetivos para la distribución presupuestaria, tales como el número de estudiantes, tipo de carreras, áreas estratégicas, egresos, actividades científicas y de extensión, garantizando además la equidad regional y la transparencia en la asignación de recursos.
En otro punto, propone un rol activo a la Auditoría General de la Nación, que deberá remitir al Congreso informes de seguimiento y control sobre el uso de los fondos, reforzando la transparencia del sistema
Y por último, prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios en base a la inflación acumulada. Asimismo, propone actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo.
Danya Tavela agregó que “frente a un contexto de ajuste fiscal que desfinancia a nuestras universidades, proponemos una ley que garantice previsibilidad, calidad educativa y acceso igualitario en todo el país”, agregó: “La educación superior es una inversión estratégica para el futuro del país. Garantizar su financiamiento adecuado es una condición indispensable para promover el desarrollo científico, tecnológico, cultural y social de la Argentina”.
“Presentamos esta ley convencidos de que el acceso a una universidad pública y de calidad no puede depender de decisiones discrecionales del Ejecutivo. Es responsabilidad del Congreso garantizar el derecho a la educación consagrado en nuestra Constitución”, sostuvo Tavela.
A su vez, Maximiliano Ferraro expresó que “destruir las universidades es destruir el futuro del país”, y remarcó que “su desfinanciamiento no es un simple ajuste, es una decisión política que asfixia a nuestras universidades, compromete su funcionamiento, el pago de salarios y la calidad educativa”. “No nos da lo mismo y por eso impulsamos este proyecto, para garantizar su sostenimiento”, manifestó.
“Esta decisión no es aislada ni accidental: forma parte de un rumbo elegido que pone en riesgo uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional. Por eso, defender la universidad pública es una causa irrenunciable para quienes creemos en un país con futuro, igualdad y oportunidades”, siguió el diputado nacional de la Coalición Cívica.
El proyecto de ley fue acompañado con las firmas de integrantes de Democracia para Siempre como Pablo Juliano, Melina Giorgi, Facundo Manes, Marcela Antola, Fernando Carabajal, Mariela Coletta y Marcela Coli; de la Coalición Cívica: Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade; y de Encuentro Federal con Mónica Fein, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.
1626-D-2025