En el marco de una nueva conmemoración de la semana de los Pueblos Indígenas, la senadora nacional Nora Giménez hizo un llamado para que toda la sociedad argentina “escuche y atienda las reivindicaciones de las comunidades originarias como el derecho al territorio comunitario, el respeto por su identidad y el reconocimiento de su preexistencia étnica y cultural”.

En ese sentido, Giménez recordó que como Senadora presentó el Proyecto de Ley N° 2305/24, que tiene por objeto instrumentar la Propiedad Comunitaria Indígena, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Nacional, y en respuesta al reclamo histórico de cientos de comunidades a lo largo y ancho del país.

“Hoy, los pueblos originarios enfrentan el desmantelamiento de las herramientas institucionales creadas para garantizar el cumplimiento de sus derechos. El gobierno derogó la Ley 26.160, que declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas, disponía la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de dichas tierras y suspendía los desalojos hasta su finalización. Esta norma constituía una herramienta fundamental para avanzar en el reconocimiento efectivo de los derechos territoriales de los pueblos originarios, conforme a lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional”, sostuvo Giménez.

Asimismo, la parlamentaria señaló que “se ha desmantelado el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), instrumento clave para el reconocimiento y formalización de las comunidades. Esta decisión se produce en un contexto de creciente avance de desmontes, actividades productivas y proyectos  extractivos sobre territorios habitados ancestralmente por pueblos indígenas”.

“La vulneración de estos derechos también implica un costo institucional para el Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha condenado al Estado argentino en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, por no garantizar el derecho a la propiedad comunitaria, al ambiente sano, a la alimentación adecuada y al acceso al agua, en la provincia de Salta. A pesar de ello, el Gobierno nacional ha vaciado de funcionarios a la Unidad Ejecutora creada para dar cumplimiento a dicha sentencia” aseguró.

Por último, la senadora salteña expresó: “Estas decisiones nos alejan del sueño de una Argentina en paz, con un pueblo unido en la diversidad y en el respeto de los derechos de todas las personas. La justicia, el reconocimiento y la reparación hacia los pueblos indígenas son condiciones indispensables para construir una democracia plena y plural”.