El mandatario acaba de admitir que su asesor estrella tiene más poder que el propio jefe de Gabinete, a lo que un diputado opositor reclamó tratar un proyecto que busca esclarecer las funciones de quien oficialmente no tiene obligación de responder institucionalmente ante nada.
En su raid mediático previo al viaje que por la noche emprendería hacia Roma para participar de las exequias del papa Francisco, el presidente Javier Milei reveló un dato no menor, como es el hecho de que el asesor principal de su Gobierno, Santiago Caputo, tiene más poder que el jefe de Gabinete. Un dato que todo el mundo más o menos bien informado daba por sabido, pero suena fuerte que el propio mandatario lo admita públicamente.
Le hizo ruido al diputado socialista Esteban Paulón, pero no ahora, sino hace tiempo, pues ya en octubre del año pasado presentó un proyecto de ley para blanquear las funciones de este asesor tan especial. Y a partir de los dichos de Javier Milei, reflotó esa inquietud.
“No seas fantasma, Santi”, planteó a través de su cuenta de X, y remarcó que Caputo es “la persona con más poder del Gobierno y no responde legalmente ante nada. No figura como funcionario público y su designación es un simple contrato de locación. No puede seguir así”, insistió, para recordar luego el proyecto que presentó “para decirle basta a esta práctica”.
Recordemos que el proyecto que Paulón presentó junto a su colega socialista Mónica Fein establece la obligatoriedad para que los consejeros presidenciales presenten declaración jurada patrimonial. En los fundamentos menciona a Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei.
La iniciativa plantea incorporar al artículo 1ro. de la Ley 25.188 de Ética Pública dos párrafos. “Se entiende por Alta Dirección Pública a las funciones expresamente establecidas en la Constitución Nacional en el artículo 99 y que delegue el presidente, secretarios presidenciales, jefe de Gabinete y ministros del Poder Ejecutivo Nacional en otros funcionarios de menor rango, asesores o consultores contratados”.
Y agrega que “cuando la asesoría se realice sobre facultades que la Constitución Nacional confiere expresamente al presidente de la Nación, el/los asesor/es deberán cumplimentar con todas las obligaciones que posee el presidente en cuanto a la gestión de intereses, información pública, publicidad de los actos de gobierno y controles por parte del Congreso de la Nación de los actos presidenciales delegados”.
Además, se busca sumar un inciso al artículo 5 de dicha ley, para que “todos los funcionarios independientemente de su forma de contratación con cargos de Alta Dirección Pública y/o con remuneraciones iguales o mayores a 1.500 Unidades Retributivas de Servicios del Sistema Nacional de Empleo Público” queden obligados a presentar una declaración jurada patrimonial.
Para los diputados socialistas “es fundamental que estos asesores presenten una declaración jurada obligatoria, independientemente de si su cargo es remunerado o no”.
“No podemos aceptar que personas con semejante responsabilidad no rindan cuentas de su patrimonio antes, durante y después de su función pública”, agregaron.
Para los impulsores de esta iniciativa, estas “modificaciones y aclaraciones que promovemos son con el objeto del fortalecimiento del sistema democrático, del control de los actos de gobierno y de los funcionarios públicos que desempeñan tareas de alta dirección en su ámbito de actuación y con la necesidad de escrutinio público permanente”.
“Las modificaciones normativas planteadas aquí confluyen hacia la idea de fortalecer e independizar la Oficina Anticorrupción. Al establecerse de manera expresa quiénes son los funcionarios que deben cumplimentar con los requisitos inherentes a su función en el ingreso y, luego, a su salida, permiten a la OA el control patrimonial de quienes asumen responsabilidades manifiestas en el ejercicio funcional del Estado dentro del esquema normativo actual, con la OA dentro del Poder Ejecutivo”, completaron.