La Cámara Federal revocó el archivo de la denuncia por trata de personas y abuso de menores, y habilitó a la Fundación Apolo a impulsar la causa como parte acusadora. “No vamos a permitir que se tape una red de impunidad en nombre de la diplomacia o la política”, aseveró el legislador.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal hizo lugar al recurso presentado por la Fundación Apolo -a cargo del legislador de Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro- y ordenó reabrir la causa contra el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, por presunta trata de personas y abuso de menores en territorio argentino, durante su estadía como asilado político.
Además, el tribunal reconoció a la mencionada fundación como parte querellante en el expediente, revocando así la decisión del juez de primera instancia que había rechazado ambas solicitudes.
Por un lado, la Cámara consideró que el archivo de la causa fue “prematuro” y que la denuncia original, junto con su ampliación, aporta “información concreta que amerita ser investigada a fondo”. Por el otro, valoró la trayectoria y el objeto social de la Fundación Apolo, vinculada a la defensa de los derechos humanos, para admitirla como querellante y permitirle ejercer un rol activo en la investigación.
En este sentido, Santoro planteó que “la gravedad de los hechos denunciados y la identidad de las personas involucradas exige un compromiso absoluto de la Justicia. No vamos a permitir que se tape una red de impunidad en nombre de la diplomacia o la política”.
“Este fallo es un avance importantísimo. La Cámara nos dio la razón: no solo hay indicios suficientes para investigar, sino que además reconoció nuestro rol en la defensa de las víctimas”, concluyó señalando.
Cabe recordar que la ONG anticorrupción había denunciado a Evo Morales por presuntas infracciones a los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, que sancionan la trata de personas, además de otros delitos conexos. Según testimonios, el ex mandatario habría recibido menores de edad durante su permanencia en Argentina en 2019, bajo el supuesto encubrimiento de favores políticos. Una de las principales testigos, Angélica Ponce, declaró en Bolivia, pero nunca fue citada por la Justicia argentina, lo que motivó el planteo de Fundación Apolo para reabrir el caso y avanzar con medidas de prueba claves.
Con estas resoluciones, la causa vuelve a instrucción y la Fundación Apolo queda habilitada para impulsar diligencias, presentar nuevas pruebas y velar por el avance de la investigación en los tribunales federales.