Tras la reprogramación por la semana de duelo debido a la muerte del papa Francisco, la convocatoria que figuraba para el próximo 30 de abril será finalmente el 6 de mayo.
Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal
"La tercera es la vencida" no fue caso para el proyecto de régimen penal juvenil, tema por el cual durante todo el mes de abril se convocó y suspendió el plenario de las cuatro comisiones que deben tratarlo en la Cámara de Diputados, con la intención por parte del oficialismo de avanzar con un dictamen.
La primera citación con tal objetivo había sido para el 8 de abril, día en el que finalmente la oposición logró quórum y el pleno se reunió en el recinto para tratar el caso $LIBRA y emplazamientos. Si bien se había cambiado el horario del plenario de la mañana para la tarde, la sesión se extendió y quedó reprogramado.
Atento a la semana corta de Pascuas y la visita del jefe de Gabinete (quien ratificó la voluntad del Gobierno de darle pronta aprobación), el plenario por régimen penal juvenil no pasó para la semana del 14, sino para la del 21, más precisamente para este pasado miércoles 23 de abril. Sin embargo, a raíz del fallecimiento del papa Francisco toda la agenda se movió siete días.
Así, la tercera convocatoria quedó fijada para el miércoles 30 de abril a las 17, pero nuevamente volvió a suspenderse, y en medio -además- de rumores de que el tema se sacaría de agenda. No obstante, según pudo saber parlamentario.com, las comisiones se reunirán el próximo 6 mayo.
¿Los motivos de la nueva suspensión? Fuentes consultadas por ese medio alegaron que el plenario corría riesgo de quedar sin los diputados suficientes para la firma del dictamen, atento a que se haría horas antes del feriado del jueves 1ro. de mayo y el viernes 2, día no laborable con fines turísticos. "Fue por temas logísticos simplemente", afirmaron.
A lo largo del año pasado, las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda debatieron el tema en reuniones informativas con especialistas, mientras que el pasado 12 de marzo fue el último encuentro, provocado por el reclamo de Javier Milei durante la Asamblea Legislativa y en medio de la conmoción por el caso de Kim Gómez en La Plata, una niña asesinada por dos menores durante un robo.
Dentro de las iniciativas está incluida la enviada por el Gobierno nacional el año pasado, que propone que los menores que delinquen sean responsables penalmente a partir de los 13 años. En la actualidad es desde los 16. La mayoría de los otros proyectos proponen reducir la edad a 14 años. Este finalmente sería el número que oficialismo y bloques de la oposición dialoguista habrían acordado para avanzar en un despacho consensuado.
El resto de los otros 14 proyectos fueron presentados por el Pro, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, La Libertad Avanza (el del mendocino Álvaro Martínez, que contempla los 12 años), Democracia para Siempre, UCR y Transformación. Además, dentro del paquete hay cuatro de Unión por la Patria: tres mantienen la edad actual y uno, el de diputados massistas, plantea los 14 años.
En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.
Se define que la finalidad será "fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos" y "lograr su educación, resocialización e integración social".
De acuerdo a la iniciativa, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
Estará "prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años
Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima.
También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad.
Asimismo, se contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.