En cada elección, la dirigencia política define, quizás sin saberlo, cuál será el eje del contrato simbólico que propone a la ciudadanía. Y en estos meses, cuando se inicia el camino hacia la renovación de la Legislatura porteña, resulta llamativo —y preocupante— observar cómo algunos sectores buscan reducir ese contrato a una agenda mínima, casi anecdótica, centrada en la limpieza de las calles, el mal uso de los contenedores de basura o la pintura de grafitis en paredes y mobiliario urbano. No se trata de negar la importancia del espacio público ni de la higiene urbana, pero sí de advertir la escasa ambición de quienes pretenden disputar bancas en el Parlamento de la Ciudad a partir de temas que, en rigor, pertenecen al ámbito ejecutivo y, más aún, que deberían ser evaluados y discutidos en una elección que defina quién gobierna, no quién legisla.

El riesgo no es solo el empobrecimiento del debate electoral, sino también la consolidación de una cultura política que renuncia a pensar los grandes desafíos estructurales de Buenos Aires. La Legislatura no está para ocuparse de la frecuencia del barrido, sino para trazar las reglas de juego de una ciudad más justa, segura, moderna y productiva. Es allí donde deben gestarse las leyes que impulsen el trabajo, que estimulen el desarrollo de nuevos negocios y que liberen la creatividad y la capacidad emprendedora de quienes eligen vivir y producir en nuestra Ciudad.

En tiempos de estancamiento económico, informalidad creciente y pérdida de expectativas, los legisladores porteños deberían estar abocados a imaginar y sancionar marcos normativos que faciliten la actividad económica urbana, que acompañen la innovación tecnológica, que simplifiquen trámites y regulaciones, y que fomenten el empleo privado de calidad. Ese es el tipo de política que puede mejorar la vida de millones de vecinos, y que la Legislatura tiene la responsabilidad —y la atribución— de impulsar.

Otro tanto ocurre con la inseguridad, una preocupación central de la ciudadanía que sigue sin respuestas de fondo. Buenos Aires necesita avanzar con urgencia en el traspaso de competencias judiciales desde la Nación, en la creación de su propio servicio penitenciario, y en la sanción de códigos procesales y penales acordes a una ciudad que ya no puede depender de decisiones tomadas en otras jurisdicciones. Esas son tareas que requieren valentía institucional, visión de futuro y una fuerte convicción política. Pero, sobre todo, requieren legisladores con vocación de asumir los temas difíciles, y no de esconderse detrás de slogans de campaña que apenas rozan la superficie de los problemas reales.

Minimizar el debate electoral a cuestiones de gestión cotidiana no es solo una muestra de oportunismo; es también una confesión de impotencia. Es reconocer, en voz baja, que no se tiene ni el coraje ni el proyecto para incidir en los asuntos verdaderamente relevantes de la vida urbana. Los porteños merecen algo mejor. Merecen representantes que no huyan de los temas incómodos. Que se animen a discutir, con seriedad y profundidad, cómo construir una Ciudad más segura, más equitativa y con más oportunidades. Ese es el verdadero desafío. Lo otro, apenas, es ruido.

Jorge Giorno fue diputado en la legislatura de la ciudad en dos oportunidades, actualmente preside el Partido de las Ciudades en Acción y es candidato a diputado por la alianza Buenos Aires Primero – PRO.