Un plenario de las comisiones de Discapacidad, de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunió este miércoles para dictaminar sobre la declaración de emergencia en todo el territorio nacional en materia de discapacidad hasta fines de 2027 que busca “asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad”.

En total se despacharon cuatro dictámenes: el de mayoría se alzó con 59 firmas de los bloques de UP, EF, CC e Izquierda, mientras que los de minoría reunieron uno 14 firmas del Pro y el MID; el otro tuvo 8 firmas de DPS, y el último 7 firmas de la UCR.

Pese a que en la sesión del pasado 8 de abril se había votado de manera afirmativa el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto, presidia por el libertario José Luis Espert, el diputado se ausentó en la reunión y lo criticaron duramente desde todos los sectores por no cumplir con su rol. En su lugar estuvo a cargo el diputado de UP Carlos Heller (ex presidente de dicha comisión).

Como autor del proyecto y en carácter de titular de la Comisión de Disparidad, el diputado Daniel Arroyo explicó que el texto plantea la emergencia en discapacidad en tres ejes: la emergencia en lo que hace a las prestaciones a los servicios para las personas con discapacidad; las pensiones en discapacidad y las dificultades que enfrentan las personas que quieren acceder a la pensión o ya tienen; y lo que refiere al maltrato.

Así, brindó cuatro ejemplos de la situación de prestaciones: “Una persona que trabaja en un taller protegido por cuatro horas cobra 28 mil pesos por mes, no por día. Ese monto no se actualiza desde febrero de 2023, estaos ante una evidente emergencia y un ingreso para la persona con discapacidad fuera de toda regla. El problema adicional es que las personas no cobraron ni enero, ni febrero ni marzo”.

Luego presentó el caso de un transportista que traslada a las personas con discapacidad para hacer sus tratamientos: “Esa persona cobra 541 pesos el litro de nafta. Con suerte los transporta dos días y la persona no hace su tratamiento como corresponde”. También contó lo que sucede con los acompañantes de alumnos con discapacidad que asisten a una escuela común: “Cobran a los 180 días 3 mil pesos por hora. Es evidente que no le alcanza y la persona se va, cuando el acompañamiento tiene que ser durante un año, y por eso van rotando”.

Hoy logramos un avance en serio para la Emergencia en Discapacidad. Vamos por lo que falta: la aprobación en el recinto. pic.twitter.com/HtQFkp0dlK

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) April 30, 2025

“Los hogares están a punto de cerrar porque tienen deuda con ARCA hasta el 30 de junio y están viendo cómo hacen en un estado de desesperación porque no saben cómo pagar”, presentó como último ejemplo.

Arroyo aclaró que “ninguno de los problemas empezó hace 14 meses, la situación crítica de las personas con discapacidad viene hace tiempo, pero ha empeorado porque no hubo aumento este año”.

Así, explicó que el primer punto que trata el proyecto busca atender el problema del desfase de las prestaciones y la caída de las prestaciones “por eso la emergencia a las personas con discapacidad”. Sobre las pensiones por discapacidad precisó que hay 1.200.000 personas con pensión.

“El Gobierno inició una auditoría algo que es correcto, está claro que hay personas que accedieron a una pensión que no les correspondía, pero no está haciendo la auditoría como corresponde porque la forma de hacerla es identificar a los médicos que han dado cantidad de certificados truchos y evaluar la situación, identificar las localidades, no poner en estado de desesperación a 1.200.000 personas que les llegan cartas documentos que no saben cómo atender porque lo que está desfasado es la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad”, criticó.

Arroyo también cuestionó que hay 500 mil personas que se presentaron para acceder a la pensión, pero “en los últimos 14 meses solo entraron 586, el 0,81%”. “Es necesario hacer una auditoría, pero no poner en estado de desesperación a las personas que hacen 10 horas de cola. A la ANDIS le han pedido un nivel de ajuste que no es posible cumplir con las auditorías y ha generado este estado al conjunto del sistema desacomodando la situación de las pensiones”, apuntó.

Por último, se refirió al maltrato: “Se generó una estigmatización y las personas con discapacidad vienen siendo invisibilizadas hace mucho tiempo, sufriendo falta de servicios y de apoyo. El Gobierno hizo la Resolución 187 en enero donde cambia el sistema de pensiones y vuelve 100 años atrás al concepto de pensión por invalidez laboral y en sus consideraciones denomina a las personas con discapacidad como ‘idiotas’, ‘imbéciles’, ‘débiles mentales’”.

“El proyecto apunta a resolver las tres cuestiones, tomando como base para las pensiones diciembre de 2023 antes del 120% de devaluación, actualiza las prestaciones al mes de abril, descuenta lo que ya fue aumentado y en función de eso compensa para evitar que los hogares cierren y para evitar el estado de desesperación de las personas. A partir de esa compensación, establece que la ANDIS debe hacer un nuevo nomenclador razonable, lógico en término de los montos que requieren las prestaciones para las personas con discapacidad”, resumió Arroyo.

Así, destacó que la iniciativa tuvo mejoras “sustantivas” de diversos bloques como el cuidado del sistema de seguridad social; da claridad sobre la imposibilidad de que una persona tenga a la vez pensión y jubilación por discapacidad “quienes hacen la evaluación sobre el impacto fiscal no deberían confundirse”; y actualiza el valor de los aranceles.

“Es evidente que estamos ante una emergencia, no es que el sistema está un poco desfasado, esta desactualizado. Necesitamos un sistema de pensiones lógico y razonable y declarar la emergencia hasta fines de 2027, establece con claridad condiciones para ordenar lo que está mal y tener un nuevo nomenclador, ordena sanamente el tema de las pensiones no generando un impacto fiscal y sale del maltrato”, concluyó.

A continuación, el titular de la Comisión de Acción Social y Salud, Pablo Yedlin (UP), cuestionó la ausencia del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert (LLA): “Estamos a la espera que se decida a convocarnos. El mecanismo de emplazar funciona, habrá que seguir implementándolo”. El tucumano recordó que la iniciativa ya cuenta con dictamen, pero resaltó que “viene mejorado con el aporte de muchos”.

ANTE LA EMERGENCIA, ACCIÓN 🚨

Acabo de firmar el dictamen para que la #emergenciaendiscapacidad SEA LEY!
No podemos consentir el maltrato que el gobierno cruel de @JMilei dispensa a las personas con discapacidad, sus familias y prestadores de servicios
Que sea ley! 🙌 pic.twitter.com/6wcW32aBiU

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 30, 2025

En el mismo sentido, la diputada santafecina Mónica Fein (EF) lamentó la falta de Espert porque “esta comisión tiene quórum y es su responsabilidad estar acá presente”. Luego, remarcó que es un “mecanismo perverso que el Gobierno ha definido para que le cierren los números, dejar a los más vulnerables que requieren del Estado para ser acompañados, restándole prestaciones, limitando aportes, servicios, las maestras, si no también acusando a través de una auditoría y dejando a las personas con discapacidad en una situación de sospecha, vulnerabilidad y abandono. Queremos que sea ley la emergencia”.

“Esto no es una auditoría, es la decisión de que cierren los números y poder dar de baja a más de 400 mil pensiones. No entender que las personas con discapacidad requieren de un Estado presente, un presidente que utiliza el síndrome de Down como insulto para referirse a un gobernador, habla de la falta de humanidad y crueldad, de la incapacidad de comprender una sociedad diversa. Más allá de las dificultades que nos pone el oficialismo impidiendo que discutamos que las personas con discapacidad merecen un trato humano, respetuoso, inclusivo”, cerró adelantando su apoyo al dictamen.

También informando de su acompañamiento al dictamen, Christian Castillo, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, acentuó la idea de que “viendo el pacto que el Gobierno acaba de firmar con el FMI esto se va a agravar; así como el tema de los adultos mayores, la discapacidad es una de las preferencias de la motosierra de este gobierno”, sentenció. Asimismo, alertó por la posibilidad de un eventual veto presidencial.

EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD @PabloJulianoLP fuerte contra @jlespert

"Qué jodido tenés que ser para presidir la comisión de Presupuesto y Hacienda, tener un emplazamiento de todo el pleno y borrarte. ¿Con qué cara vas a recorrer la Provincia de Buenos Aires para buscar el voto… pic.twitter.com/NIwH2fOjry

— democraciaparasiempre (@dipdemocraciaps) April 30, 2025

La pampeana Marcela Coli (Democracia para Siempre) le agradeció al diputado Carlos Heller (UP) por tomar la presidencia de la Comisión de Presupuesto y “poder hacer ese llamado al titular de la comisión José Luis Espert de no cumplir con su rol, más allá de que esté de acuerdo o no con la temática que se debate. Cuando uno cumple una función, tiene que hacer lo que se debe hacer. Hoy tenía que hacer eso y no está cumpliendo su función, escuchar lo que no quiera escuchar. Lamentablemente no da una buena imagen de su rol”.

“Estamos totalmente de acuerdo que la discapacidad transita la emergencia. Nuestro país recién en 2011 se adhirió a la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad y le dio jerarquía constitucional. Hasta el día de hoy pasaron 5 presidencias donde la discapacidad no ha tenido la atención e inversión de recursos necesarios para tener esa dinámica, esa contención, planes de atención, programas para que hoy la Argentina no este discutiendo una emergencia. Es vergonzoso”, expresó.

Al pedir la palabra, el diputado del Pro Martín Maquieyra señaló que la responsabilidad de la situación por la que pasan hoy en día las personas con discapacidad es “de quienes han gobernado, sobre todo de quienes más han gobernado durante más tiempo”.

“Nuestro dictamen plantea la actualización por el índice de precios al consumidor (IPC) del nomenclador y prestaciones porque creemos que es un problema que hay que solucionar. También planteamos adaptar el vocabulario que se dictan en los organismos. Planteamos que el Ejecutivo reglamente los montos a los talleres protegidos, nos parece inviable en este momento con esos montos que una persona pueda trabajar. Lo diferente es que nosotros creemos que la real dignidad de la persona es poder conseguir un trabajo y no atarlos a una voluntad del Gobierno y por eso plantemos una modificación a la ley laboral para que se triplique el beneficio a quienes contraten personas con discapacidad”, precisó.

Para Maquieyra: "La mejor forma de dar dignidad a cualquier persona es que pueda conseguir un trabajo en blanco, sobre todo un empleo en el sector privado; creemos que esa es la manera de que Argentina salga adelante y ese derecho se le tiene que brindar a todas las personas con discapacidad”.

La radical Carla Carrizo expresó: “Las pensiones no contributivas están sospechadas porque los gobiernos han hecho política partidaria con ellas, pero la dignidad de las personas con discapacidad no puede estar bajo sospecha. SÍ, debe haber controles y auditorías sobre las pensiones".

"Estamos de acuerdo con esta Ley. Pero presentamos dictamen de minoría porque creemos que la emergencia debe ser sólo por 12 meses. También queremos establecer un presupuesto para la misma, no puede quedar en facultad del Ejecutivo disponer una partida", concluyó.

En tanto, el diputado Eduardo Valdés (UP) lanzó una dura crítica al Poder Ejecutivo por el abandono y la violencia institucional hacia el colectivo de personas con discapacidad: “Nunca estuvieron tan mal como ahora. Este gobierno usa la palabra ‘auditar’ como sinónimo de recortar derechos. Lo hicieron con las universidades, con los jubilados y ahora con las personas con discapacidad. La única política de discapacidad que aplican es la crueldad”.

Valdés advirtió que “se está regresando al modelo médico de los años 70, que ya había sido superado por las luchas del colectivo y por los marcos de derechos humanos. “Volvieron a poner el foco en la patología, en la ‘medición de la discapacidad’, en lugar de entender las barreras sociales. Es un retroceso de 50 años”.

Además, Valdés denunció la vigencia de la Resolución 187/25, que el gobierno prometió derogar, pero continúa publicada en los portales oficiales. “Ese texto incluye términos como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’ para clasificar personas. Es inadmisible, y demuestra el pensamiento real que tienen sobre el tema”, sostuvo.