La postergada reunión se hará este martes, con un plenario que reunirá a Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto y Hacienda. Habría una modificación con la edad establecida.
Luego de tres postergaciones, volverá a reunirse el plenario que está debatiendo los proyectos de ley para reformar el Régimen Penal Juvenil. Será este martes a partir de las 16, en una reunión a celebrarse en el segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados.
Allí se reunirán las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto y Hacienda, previéndose esta vez emitir dictamen para llevar finalmente el tema al recinto en las próximas semanas. Previamente se reunirá la Comisión de Legislación Penal a partir de las 15.30, con el fin de designar autoridades vacantes. Esa será una breve reunión en la que también tratarán un proyecto de declaración de Fernanda Avila para declarar de interés el III Congreso Federal de Justicia Penal realizado en el mes de abril en Mar del Plata.
La reunión del plenario tendrá lugar luego de tres postergaciones. La primera debía haber sido el 8 de abril, día en el que finalmente la oposición logró quórum y el pleno se reunió en el recinto para tratar el caso $LIBRA y emplazamientos. Si bien se había cambiado el horario del plenario de la mañana para la tarde de ese día, la sesión se extendió y quedó reprogramado para el miércoles 23 de abril, pero se suspendió nuevamente al postergarse toda la actividad de esa semana por la muerte del papa Francisco. Quedó para 30 de abril, pero la tercera no fue la vencida.
Ante esa tercera postergación se especuló con la posibilidad de ya no tratar la modificación de la edad de punibilidad este año, aunque eso fue luego desmentido, habida cuenta del interés oficial de avanzar con ese tema prontamente. De hecho, en la inauguración del período ordinario, el presidente Javier Milei exigió al Congreso aprobar la ley de la baja de edad de imputabilidad “para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos. Necesitamos elevar los costos para quienes delinquen”, señaló el 1° de marzo.
A lo largo del año pasado, las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda debatieron el tema en reuniones informativas con especialistas, mientras que el pasado 12 de marzo fue el último encuentro, provocado precisamente por el reclamo de Javier Milei durante la Asamblea Legislativa y en medio de la conmoción por el caso de Kim Gómez en La Plata, una niña asesinada por dos menores durante un robo.
Dentro de las iniciativas está incluida la enviada por el Gobierno nacional el año pasado, que propone que los menores que delinquen sean responsables penalmente a partir de los 13 años. En la actualidad es desde los 16. La mayoría de los otros proyectos proponen reducir la edad a 14 años. Este finalmente sería el número que oficialismo y bloques de la oposición dialoguista habrían acordado para avanzar en un despacho consensuado.
El resto de los otros 14 proyectos fueron presentados por el Pro, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, La Libertad Avanza (el del mendocino Álvaro Martínez, que contempla los 12 años), Democracia para Siempre, UCR y Transformación. Además, dentro del paquete hay cuatro de Unión por la Patria: tres mantienen la edad actual y uno, el de diputados massistas, plantea los 14 años.
En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.
Se define que la finalidad será "fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos" y "lograr su educación, resocialización e integración social".
De acuerdo a la iniciativa, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
Estará "prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años
Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima.
También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad.
Asimismo, se contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.