A horas de que comenzara la sesión de los diputados bonaerense, el gobernador Kicillof decidió enfrentar ese movimiento ingresando un proyecto de ley al Senado donde incluye una postergación en los pagos de deudas de los municipios y pide autorización para tomar deuda por 1.295 millones de dólares.
En un movimiento cargado de connotación política, el gobernador Axel Kicillof enfrentó a los diputados que con proyecto de ley propio pretendían avanzar en la condonación de deudas que los municipios tienen con la Provincia.
La iniciativa que el Ejecutivo presentó en la Cámara de Senadores busca iniciar un trámite parlamentario para cumplir con ese objetivo, la misma que tenían los diputados, de condonar las deudas municipales, pero sólo posterga los pagos hasta el 31 de diciembre de 2025.
Mientras los diputados incluían la condonación de deuda de los municipios con la Provincia a partir de la ejecución del "Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal" creado por Decreto N° 264/2020 y del "Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios", creado por el Decreto N° 1610/2023; el gobernador sólo las posterga hasta fin de año.
El Ejecutivo, en el proyecto de ley, al mismo tiempo agrega un nuevo fondo para municipios atados a las autorizaciones para tomar deuda que habilite la misma Legislatura, el denominado Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal.
Tal como se deslizó en diversas notas de parlamentario, los diputados habían despertado el enojo del gobernador al avanzar en la condonación de deuda que los municipios tenían con la Provincia a partir de la ejecución de dos Fondos Especiales.
El enojo remite a que siempre estuvo en la mente del Ejecutivo resolver la condonación de deuda, al mismo tiempo que se le otorgara autorizaciones para poder contraer nueva deuda.
En la iniciativa el gobernador además de pedir esas autorizaciones, agregó un nuevo fondo para asistir este año a los municipios que también estará en relación con esa autorización, y las prórrogas de las leyes de emergencia que rigen en la Provincia.
A través del proyecto de ley enviado esta mañana al Senado, el gobernador Axel Kicillof solicitó a la Legislatura autorización para la toma de deuda en pesos “por hasta un monto equivalente a U$S 1.045 millones” para atender vencimientos de deudas, el déficit financiero y regularizar atrasos de Tesorería, entre otras cuestiones.
Además, en la misma iniciativa, el Ejecutivo pretende autorización para que la Tesorería General emita letras del Tesoro en pesos u otras monedas por hasta U$S 250.000.000 durante el ejercicio financiero 2025.
Al mismo tiempo el proyecto de ley girado por el gobernador crea, el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, con destino específico y no para financiar gastos corrientes, en directa relación con las autorizaciones para endeudarse.
Ese fondo que se crea, según la visión del Ejecutivo quedará constituido por el equivalente al 8% de los fondos obtenidos por las operaciones de financiamiento, es decir, la toma de deuda efectiva, tras la autorización a contraer que tendría el Ejecutivo.
Todo hasta aquí, a primera vista fue discutido por los diputados y senadores cuando se fracasó en el intento por sancionar el Presupuesto General 2025, y está claro que el proyecto está redactado para ser un punto de inicio de negociación con los diputados y senadores.
Por supuesto que el proyecto presentado por el gobernador Kicillof en el Senado incluye la iniciativa que estaban a punto de aprobar los diputados y que trata sobre la condonación de deuda de los municipios con la Provincia a partir de la ejecución del "Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal" creado por Decreto N° 264/2020 y del "Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios", creado por el Decreto N° 1610/2023.
Finalmente, el proyecto del Ejecutivo prorroga, “a partir del 1 de abril de este año y hasta el 31 de diciembre de 2026, las emergencias en materia penitenciaria, de seguridad pública, de infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energética”, según se establece en su articulado.