En medio de la crisis habitacional que golpea a la Ciudad y el resto del país, el candidato a legislador porteño por Unión Porteña Libertaria (UPL) y actual diputado por Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro, presentó en la Legislatura local dos proyectos de ley que buscan combatir el problema de las viviendas usurpadas.

Las iniciativas apuntan a fortalecer los mecanismos legales para la restitución inmediata de inmuebles tomados ilegalmente y crear un registro de bienes ocupados en forma irregular, de manera tal que se le pueda dar una solución legal a los más de tres mil inmuebles ocupados de forma ilegal en el distrito capitalino.

De esta manera, el primer proyecto propone crear un procedimiento sumarísimo para que los propietarios de viviendas usurpadas puedan solicitar la restitución inmediata del inmueble ante la Justicia. El trámite judicial se impulsaría con una presentación simple, sin necesidad de abogado, y bastará con demostrar la posesión legítima. El juez podrá ordenar el desalojo en un plazo de cinco días, con auxilio de la fuerza pública si fuese necesario.

En tanto la segunda iniciativa contempla la creación de un registro de contratos de locación con cláusula de adhesión al proceso ejecutivo de desalojo por falta de pago. Esto no implica registrar inmuebles usurpados, sino facilitar un mecanismo ágil para los casos en los que haya incumplimiento de pago por dos meses consecutivos. Si el inquilino paga en tiempo y forma, el contrato sigue vigente sin consecuencias, pero si no lo hace, el propietario puede iniciar un proceso rápido de desalojo. La propuesta busca brindar seguridad jurídica sin afectar a quienes cumplen con sus obligaciones contractuales.

Respecto de los textos recientemente presentados, Santoro remarcó que “en la Ciudad de Buenos Aires las propiedades privadas deben ser protegidas. La usurpación trae consigo muchos problemas para los propietarios y los vecinos, y nuestro objetivo es que la restitución de la propiedad sea rápida y efectiva”.

“Estas herramientas permiten agilizar la intervención del Estado y devolverle tranquilidad a quienes hoy viven en la incertidumbre. Hay miles de personas que no pueden recuperar sus propiedades y sienten que nadie los defiende”, sentenció.

Cabe recordar que, según estimaciones oficiales, aproximadamente 200 mil personas están usurpando inmuebles en la Ciudad. La ocupación ilegal afecta no solo a los propietarios, sino también a la calidad de vida de quienes cumplen con las normas. Actualmente, se estima que hay al menos tres mil viviendas privadas usurpadas y unas 150 propiedades públicas ocupadas de forma ilegal.