El diputado nacional Daniel Gollan (Unión por la Patria – Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para definir un marco legal y normativo vinculado al uso responsable, desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial. El objetivo principal es proteger derechos humanos promoviendo el uso ético y sostenible de esta nueva tecnología.

El texto, también, propone la creación de la Agencia de Gestión del Conocimiento (A.G.C.) ​que tendrá como labor la regulación y gestión de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en Argentina. La misma estará bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; ​y tendrá funciones como diseñar políticas públicas, establecer estándares éticos y técnicos, y supervisar sistemas de IA. ​

En los fundamentos, Gollan señaló que “Argentina, como país comprometido con el desarrollo tecnológico soberano, los derechos humanos y la justicia social, debe establecer normas claras que promuevan un uso responsable de la IA, protegiendo a las personas frente a posibles abusos y garantizando que su aplicación contribuya al bien común”.

Además, cuestionó que “la falta de un marco regulatorio específico y políticas públicas integrales puede limitar su potencial, generar riesgos en materia de privacidad, sesgos algorítmicos y seguridad, o incluso afectar la competitividad del país en el escenario global”.

Del mismo modo, planteó que “la IA ofrece un extraordinario potencial para incrementar el bienestar de las personas, por la vía de acceder a nuevos descubrimientos científicos que amplían los límites del conocimiento humano; optimizar el uso de recursos finitos que nos ayudan en tareas cotidianas; y ampliar el acceso a la educación, así como al goce de diversos derechos fundamentales, sólo por mencionar algunos beneficios”.

En el proyecto de ley de su autoría, el exministro de Salud de la Nación (2015) explicó que la IA se compone de un “sistema de máquinas que generan resultados a partir de información recibida; un ciclo de vida de que incluye fases como planificación, diseño, implementación y desmantelamiento; partes interesadas que son los desarrolladores, usuarios, el Estado y organizaciones de la sociedad civil; y producciones sintéticas, conocidas a través de las obras generadas por IA, incluyendo textos, imágenes y música. ​

Asimismo, definió una serie de principios por los cuales se basará la iniciativa. Crecimiento inclusivo y desarrollo sostenible: La IA debe beneficiar a las personas y ser neutral para el ambiente; transparencia y explicabilidad: Se requiere claridad en el funcionamiento de los sistemas de IA; responsabilidad: se debe definir claramente quién es responsable de las decisiones tomadas por la IA; y control de la vigilancia estatal: se deben establecer medidas de control judicial para el uso de IA por el Estado.

También, el proyecto de Gollan menciona los derechos específicos para las personas afectadas por decisiones tomadas por sistemas de IA: Derecho a recibir información clara sobre decisiones automatizadas que les afecten; Derecho a impugnar decisiones y solicitar intervención humana; Derecho a la rectificación de datos inexactos y a la supresión de datos innecesarios; y el Derecho a no ser discriminados por decisiones automatizadas. ​

Por último, el diputado de Unión por la Patria  propuso un sistema de clasificación de IA según los riesgos: Inaceptable; alto riesgo; e ilimitado. El primero, estará prohibido por violar derechos fundamentales; el de alto riesgo a los que pueden afectar la salud, seguridad y derechos de las personas; y el último, para los sistemas que presentan un riesgo no significativo y deben ser transparentes en su uso. ​