Miembros del Poder Judicial, funcionarios públicos de todo el país y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes rechazaron el proyecto de ley que busca llevar a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.
En una fuerte demostración de rechazo a la baja de la edad de punibilidad, integrantes del Poder Judicial, funcionarios públicos de todo el país y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNyA) se expresaron en contra del dictamen de mayoría que obtuvo el proyecto para llevar a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal en la Argentina, y advirtieron que, de convertirse en ley, será “inconstitucional y anticonvencional”.
El pronunciamiento conjunto está firmado por las máximas autoridades y referentes nacionales en materia de infancias: Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación; Marisa Graham, defensora de los Derechos de NnyA; Facundo Hernández, defensor adjunto de NnyA; César Raúl Jiménez, coordinador del Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU); Gustavo Daniel Moreno, secretario general de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF); Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto; Juan Manuel Irrazábal; presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; Gabriel Savino, defensor del Pueblo de Santa Fe; Rossana Marlí Franco, defensora de NNyA de Misiones; Leandro Javier Drube, defensor de NNyA de Santiago del Estero; Amelia López, defensora de NNyA de Córdoba; Juan Pablo Meaca, defensor de NNyA de La Pampa, y Fernando Avila, presidente de la Asociación Pensamiento Penal.
“Hemos expresado reiteradamente nuestras opiniones en diferentes ámbitos sobre la derogación de la ley 22.278, advirtiendo que la nueva ley que rija el sistema penal juvenil debe adecuarse a los principios de derechos humanos”, señala la declaración.
Sobre el dictamen de mayoría resuelto el 6 de mayo en reunión plenaria de comisiones de la Cámara de Diputados, el documento sostiene: “No recepta las recomendaciones y observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, generando un sistema regresivo en nuestra legislación y desvirtuando el principio de especialidad”. Por eso, afirma que, “de aprobarse, colocaría a nuestro país ante la posibilidad de denuncias (que muchos de nuestros organismos podrían realizar) y condenas por parte de los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos”.
Agrega que “el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General N° 24 (2019), encomia a los Estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada (por ejemplo 15 o 16 años) a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño”. A lo que se suma, con mayor relevancia aún, “que en las Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina, el Comité ha manifestado su seria preocupación por la falta de avances en la aplicación de sus recomendaciones anteriores y ha instado al Estado Argentino a armonizar plenamente su sistema de justicia de menores con la Convención, incluida la derogación de la Ley N° 22.278 y manteniendo la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y sin endurecer las penas”.
Los firmantes recordaron que “la ley penal juvenil debe adecuarse a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados de derechos humanos, manteniendo la edad mínima de responsabilidad penal; promoviendo activamente medidas no judiciales para las y los no punibles (políticas públicas), y para las y los adolescentes punibles justicia restaurativa; la aplicación de penas no privativas de libertad como medida de último recurso y durante el periodo de tiempo más breve posible, que se revisen periódicamente con vistas a su supresión o morigeración; y prohibir la imposición de cadena perpetua a personas por actos cometidos durante la menor edad”.
Indicaron que en reiteradas oportunidades han expuesto “evidencia abrumadora que da cuenta del porcentaje ínfimo de delitos cometidos por personas menores de edad en nuestro país”. Y resaltaron que “muchas de nuestras provincias han avanzado en leyes procesales penales juveniles con intervenciones acordes a la Convención de los Derechos del Niño”, por lo que “de convertirse en ley el dictamen propuesto implicaría un gran retroceso y erogaciones presupuestarias innecesarias para la mayoría de ellas”.