Inspirada en la experiencia de otros países, el intento de prohibir la candidatura de personas condenadas sumó a lo largo del tiempo apoyos y resistencias, que no han permitido su aprobación. Una novela en desarrollo que todavía tiene muchos capítulos por escribir y un final abierto.
Así como en su momento las elecciones primarias fueron incorporadas a la política argentina con el ejemplo de su instrumentación en Uruguay -más allá de que las PASO, así como se instrumentaron aquí poco tuvieron que ver con el sistema utilizado en la vecina orilla-, la ficha limpia surge a instancias de la experiencia brasileña. Allí se transformó en ley en mayo de 2010 y su implementación es muy similar a lo que se intentó legislar en nuestro medio: que un candidato no pueda ser oficializado en el caso de haber sido condenado en dos instancias.
Dicho sea de paso: en el caso brasileño tampoco pueden candidatearse aquellos que hayan atravesado un impeachment o hayan renunciado para evitar ser pasibles de juicio político.
Como en la Argentina, también hubo en Brasil una movida motorizada a través de firmas. En aquel país, hubo 1,3 millones y se aprobó durante la gestión presidencial de Lula Da Silva, quien también la apoyó... y terminó sufriéndola en carne propia al no poder ser candidato en 2018.
Brasil fue el primer país de la región en implementar el sistema, que adoptaron Colombia en 2021 y Paraguay al año siguiente. Aunque sistemas similares también rigen en Chile, Uruguay y Perú. En el resto del mundo, mecanismos análogos están vigentes en el Reino Unido, Francia, España, Italia, Bélgica, Países Bajos, Austria, Alemania, Canadá, Polonia y Australia, entre otros.
Veinte años sin ley
En la Argentina, el tema fue por primera vez abordado de manera decidida y bajo esa denominación en 2017, a instancias de la diputada del Pro Silvia Lospennato. Pero ya antes había algunos antecedentes. Lo recordó el jefe del bloque radical del Senado, Eduardo Vischi, durante la sesión cuyo final está muy fresco y en la que destacó que “el radicalismo tiene proyectos presentados desde el año 2006 en este sentido”, y mencionó puntualmente el que presentó entonces la exsenadora nacional Mirian Curletti -una radical chaqueña muy prolífica en materia de iniciativas-. “Hace rato que venimos con esto. O sea, no es a medida de lo que ustedes creen”, les dijo Vischi a los senadores de UP que cuestionaron ficha limpia a lo largo de una sesión en la que invocaron permanentemente el nombre de Cristina Fernández de Kirchner como destinataria de la iniciativa.
Precisamente por eso, el kirchnerismo históricamente se opuso a este proyecto. Sin embargo si se busca el proyecto más antiguo que contenga las palabras “ficha limpia” se encontrará uno presentado por el entonces diputado y actual senador nacional camporista Martín Doñate. Es de 2016 y buscaba implementar modificaciones en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, invocando incompatibilidad para ser precandidato. Esa iniciativa que era acompañada por camporistas de paladar negro como Mayra Mendoza, Andrés Larroque y Rodolfo Tailhade, entre otros conspicuos kirchneristas, apuntaba hacia todo aquel que “dirija, administre, represente, patrocine, asesore, sea accionista, tenga participación o detente capital en cuentas bancarias, fideicomisos, fondos de inversión, o en sociedades que posean acciones al portador o que cuenten con socios que, en cualquier grado resulten ser sociedades no nominativas o bien tenga cualquier tipo de participación en sociedades radicadas en jurisdicciones de nula o baja tributación, o no considerados cooperadores a los fines de la transparencia fiscal que no se encuentren inscriptas en el Registro Público”. Léase “sociedades off shore”. Esta iniciativa estaba inspirada en los Panamá Papers.
El primer proyecto de Lospennato sobre el tema es también de 2016 y tenía solo su firma. Para ella allí era suficiente que una persona estuviera procesada por delitos de corrupción. En rigor, tal cual ella misma lo explicó en la sesión en minoría del 20 de noviembre de 2024, se había inspirado en lo que hizo el kirchnerismo en 2009 cuando aprobó la Ley 26.571, en la que se les prohibió ser candidatos a cargos públicos electivos a los procesados por delitos de lesa humanidad en el período 1976 a 1983. “Esa ley salió votada por la casi totalidad de ambas cámaras del Congreso. Así que ahí no se pidió sentencia, ni sentencia confirmada, ni Corte Suprema”, recordó.
Admite Lospennato que a instancias de varios constitucionalistas cambió de parecer. “La inexistencia de condena podía ser atacada por entenderse violatoria del Pacto de San José de Costa Rica”, argumentó, y decidió entonces presentar un nuevo proyecto en 2017, que contó con el apoyo de toda su bancada, pero también las diputadas Graciela Ocaña, Paula Oliveto, Marcela Campagnoli y Karina Banfi, y consiguió ser debatido en comisiones y hasta alcanzó dictamen el 7 de noviembre de ese año. En rigor, a ese proyecto se sumaban otros y prohibía a personas condenadas por delitos de corrupción presentarse como precandidatos para cargos electivos nacionales.
La primera vez que el proyecto consiguió dictamen, en 2017.
“La propuesta tiene que ver con no permitir que puedan ser candidatos aquellas personas que hayan tenido condena, aun no estando firmes”, subrayó entonces la radical cordobesa Brenda Austin, que puso como ejemplo al entonces senador Carlos Menem, quien había sido re-reelecto en las elecciones del 22 de octubre pasado a pesar de estar condenado por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador.
Precisamente el caso Menem había sido el disparador de ese debate, a partir de la polémica habilitación de la Corte Suprema para que el riojano, condenado por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, pudiera ser candidato a senador, incluso con el visto bueno de la Cámara Nacional Electoral.
Durante esa reunión la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño aclaró que ese no era un debate nuevo, ya que se había dado en el año 2009. Destacó que los constituyentes de 1994 “tuvieron una visión renuente en cuanto a los delitos de corrupción”, y que en la actualidad “la justicia cambió la mirada y los legisladores debemos cambiar la mirada” porque “los cambios sociales tienen que tener un correlato con la ley”.
Gobierno en minoría en ambas cámaras, el proyecto no pudo avanzar hacia el recinto en ese momento.
El último intento con Cambiemos
Volverían a la carga en el año 2019, y en busca de apoyos Lospennato les preguntó antes a diputados de partidos provinciales, del peronismo y a la propia Camaño, por qué no apoyaban el proyecto. Ahí surgió lo del doble conforme. “Me dijeron que con el doble conforme se sentaban y lo apoyaban, porque querían tener una certeza de que la instancia ordinaria estuviese terminada”, explicó la diputada del Pro, que volvió a presentar el proyecto aclarando que la inhabilitación corría para los casos de doble sentencia.
Ya Gastón Marra, un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA había decidido propiciar una iniciativa ciudadana en Change.org.ar, acompañado por la periodista Fanny Mandelbaum. Juntaron 460.000 firmas.
El proyecto tenía dictamen, pero iba camino a perder estado parlamentario, por lo que, para evitarlo, Cambiemos llamó a tratarlo en el recinto el 21 de noviembre de 2019. Ya había perdido las elecciones y, a sabiendas de que volvería el kirchnerismo al poder, hicieron un último intento. Fue al día siguiente de una sesión en la que los diputados aprobaron temas como la Ley de Góndolas y la de Alquileres.
Previsiblemente, no tuvieron éxito: a las 11.36 de la mañana, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, dio por caída la sesión por falta de quórum. Había 101 diputados presentes y por la oposición solo se habían presentado ocho diputados: Marco Lavagna y Graciela Camaño, de Consenso Federal; los justicialistas salteños Pablo Kosiner y Javier David; los puntanos Karim Alume Sbodio y Victoria Rosso; el cordobés Juan Brügge y el santafesino Luis Contigiani.
La diputada Lospennato en la sesión fallida del 21 de noviembre de 2019.
En su intervención durante la sesión en minoría, Silvia Lospennato lamentó no haber podido alcanzar el quórum, pero destacó que “por lo menos llegamos al recinto”. “Hoy estuvimos un poco más cerca de tener esta media sanción en Argentina”, señaló, al recordar que el tema se había tratado en comisiones dos años atrás y no se había podido incorporar en ninguna sesión.
Antes de la sesión, el diputado radical mendocino Luis Petri, había encabezado la recepción de las firmas recolectadas a través de Change.org. El también había estado muy involucrado y en el reciente y fallido tratamiento de ficha limpia fue uno de los que trabajó en la redacción del proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo.
En los años siguientes hubo intentos de lo que ya se conocía como Juntos por el Cambio por tratar el tema en comisión, pero ya no hubo chances sino hasta que el kirchnerismo volvió a dejar el poder.
Nuevos intentos con Milei
Así, el 6 de agosto de 2024 se reanudó el debate de ficha limpia en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia. Hubo reuniones con invitados el 13 y el 20 de agosto y el 17 de septiembre se emitió dictamen, con lo que una vez más el proyecto quedó listo para llegar al recinto.
Embalados como venían, se barajó la posibilidad de incluirlo en la sesión del 1 de octubre venidero, pero sorpresivamente ficha limpia no fue incluido en el temario. En esa sesión se convirtió en ley Boleta Única de Papel, y se trataron también la Ley Antimafias y la entrega voluntaria de armas de fuego. Se interpretó entonces que con temas de tanta importancia habían preferido dejar ficha limpia al margen para no alargar tanto el debate. Una decisión por cierto inusual de quienes no suelen preocuparse porque las sesiones se alarguen.
Más allá de que se había dejado claro que su tratamiento era prioritario, pasaron semanas sin que volviera a hablarse del tema y volvió a cobrar fuerza la sensación que siempre imperó: el Gobierno nacional quería en la cancha a Cristina Kirchner, de ahí el poco interés por apurar el tratamiento. Pero seguía siendo una prioridad para los principales socios de La Libertad Avanza, el Pro, que insistían por lo bajo con aprobarlo al menos en Diputados. El Senado -lo sabían- seguía siendo una colina difícil de conquistar.
Diputados realizó una breve sesión el 9 de octubre impulsada por la oposición, en la que el oficialismo y sus aliados consiguieron blindar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. En el resto del mes no hubo más sesiones, y en noviembre el oficialismo no aparecía con intenciones de abrir el recinto. El Pro, que había batallado codo a codo a lo largo del año con La Libertad Avanza, reclamaba que se le diera tratamiento a ese proyecto. Finalmente ese bloque consiguió sumar a La Libertad Avanza para sesionar por ese tema el 20 de noviembre.
El 20 de noviembre de 2024 no se alcanzó el quórum. A los que impulsaban ficha limpia solo les faltó un diputado.
Todo indicaba que ese día no habría problemas para lograr la media sanción, pero nuevamente apareció un cisne negro. El clima ya había comenzado a enrarecerse cuando el día anterior a la sesión el Gobierno resolvió postergar el tratamiento del Presupuesto 2025, que al final no volvería a ser tratado. Ahí surgieron dudas que se confirmaron cuando a las 12.31 del día siguiente el presidente de la Cámara baja dio por caída la sesión por ficha limpia. Había 128 diputados presentes: solo les había faltado uno para poder arrancar la sesión.
En su discurso, Lospennato aclaró que el diputado Alejandro Finocchiaro se había descompuesto esa semana y estaba internado en el Fernández. También había una diputada de la Coalición Cívica que se estaba operando. “Con estos dos diputados hubiéramos tenido quórum. Y como nos queda una semana más de sesiones ordinarias, vamos a volver a pedir una sesión para tratar ficha limpia la semana que viene y vamos a lograrlo”, expresó, optimista.
El propio oficialismo había tenido bajas: Marcela Pagano, de embarazo avanzado, y el chaqueño Carlos García. A la bancada del Pro le faltaron tres: además del mencionado Finocchiaro, el rionegrino Aníbal Tortoriello y el santafesino José Núñez, cuya llegada se había demorado. El bloque radical estuvo completo; también se sentó el santafesino Mario Barletta, con monobloque; y de Democracia para Siempre el único ausente fue el correntino Manuel Aguirre.
De los 16 del bloque Encuentro Federal, liderado por Miguel Pichetto, hubo cinco ausentes: las cordobesas Alejandra Torres y Natalia de la Sota, el chubutense Jorge Ávila, el bonaerense Florencio Randazzo y el santafesino Esteban Paulón, que llegó tarde. También se hicieron presentes desde el comienzo cinco de los seis miembros de la Coalición Cívica, cuya única baja fue la de Mónica Frade, la diputada a quien habían operado.
De los aliados habituales del oficialismo estuvieron los tres diputados del MID, las dos legisladoras sanjuaninas de Producción y Trabajo, la tucumana Paula Omodeo y la exlibertaria Lourdes Arrieta. La principal ausencia dentro de este sector fue la de los tres tucumanos de Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, peronista alineado con Casa Rosada. Otros de los presentes fueron el neuquino Osvaldo Llancafilo y el santacruceño José Luis Garrido -no así su par Sergio Acevedo-.
Directamente no bajaron al recinto Unión por la Patria, Innovación Federal (bloque que responde a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro) y el Frente de Izquierda.
La gran desilusión
Pero todas las promesas se desvanecieron cuando el 28 de noviembre, en el segundo intento por ficha limpia, volvió a fracasar el quórum. Si la vez pasada solo les había faltado uno, ahora quedaron a 13 diputados del quórum. Hubo 116 presentes, con la notoria ausencia de 8 diputados de La Libertad Avanza. Precisamente ese bloque fue el que registró más ausencias: Santiago Santurio, Álvaro Martínez, Pablo Ansaloni, Carolina Píparo, Lorena Macyszyn, María Emilia Orozco, José Peluc y Marcela Pagano (ya ausente la semana anterior por su embarazo).
Al Pro le faltaron 3: nuevamente Aníbal Tortoriello y José Núñez (dejando claro que su demora de la semana anterior no había sido accidental), y se sumó Gabriel Chumpitaz, estos dos últimos bullrichistas. Por la UCR esta vez faltaron dos: el correntino Federico Tournier y la jujeña Natalia Sarapura. Por Democracia para Siempre faltaron dos de los 12: María Coletta, de embarazo avanzado, y el jujeño Jorge Rizzotti. De Encuentro Federal no bajaron 6 de los 16: Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy, Jorge Ávila, Alejandra Torres y Natalia de la Sota.
Sí dieron quórum en su totalidad los 6 de la Coalición Cívica, los 3 del MID, las 2 de Producción y Trabajo, y los monobloquistas Paula Omodeo (CREO) y Mario Barletta (Unidos).
Directamente no bajaron al recinto los bloques completos de Unión por la Patria, Innovación Federal, Independencia, el Frente de Izquierda, Por Santa Cruz, MPN y Lourdes Arrieta, que después se sumó y habló, con llanto incluido.
“Hoy me siento burlada”, expresó una muy molesta Silvia Lospennato al hablar otra vez en una sesión en minoría. En un discurso durísimo, advirtió que “no nos comemos más el verso, no creemos en las casualidades ni en los imprevistos”, y admitió que la semana pasada, “con buena fe creí en los diputados que no habían podido venir habían tenido imprevistos…”, y sentenció: “Hoy me siento burlada. Pero la verdad, no es a mí, ni a ninguno de los diputados que estamos acá le hacen esto… se lo hacen al pueblo argentino”.
El 28 de noviembre de 2024 la oposición estuvo aun más lejos de alcanzar el quórum.
Ante lo que a todas luces aparecía como un fracaso forzado por el propio oficialismo, desde la oposición dialoguista comenzaron a hablar de “pacto de impunidad” entre Cristina Kirchner y Javier Milei para que no saliera ficha limpia.
Tal fue la reacción negativa, que el Gobierno acusó recibo y comenzaron a aparecer voces tratando de encarrilar la situación. Fue el caso del jefe de Gabinete, quien aseguró que el presidente iba a “promover y participar” de un nuevo proyecto de ficha limpia. Fue así que el propio presidente Milei llamó a Lospennato para garantizarle que estaba a favor de la aprobación de esa ley y que él mismo había dado instrucciones para elaborar una nueva ley que mejoraría las imperfecciones que él entendía que el dictamen de Diputados tenía.
En su conferencia de prensa del día después del fracaso de la sesión en Diputados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno estaba a favor del proyecto, pero criticó el dictamen del Pro, al considerar que “hay cuestiones para corregir”.
En esa línea, Adorni confirmó que el presidente Milei había conversado con Silvia Lospennato, comprometiéndose a elaborar un nuevo proyecto para el cual contaría con un asesor especial, Alejandro Fargosi.
“Efectivamente, la diputada Lospennato le escribió al presidente Milei, refiriéndose a lo triste que se sentía con el rechazo con el que el proyecto no haya avanzado y el presidente se comprometió con ella a impulsar un nuevo proyecto de ficha limpia con este tipo de agujeros o de pequeñas cuestiones que hay que corregir para que no pase lo que vengo describiendo”, contó.
Claramente este tema fue el primer factor de divergencia entre el mileísmo y el macrismo. De hecho, el Pro no dudó en hacer conocer su disenso con los libertarios a través de un comunicado en el que señalaban que “esta semana, el Congreso de la Nación dejó pasar una oportunidad histórica para impedir que los corruptos condenados por la Justicia lleguen al Congreso y se garanticen impunidad con los fueros”, y remarcaron: “Mientras los diputados del Pro cumplieron con el mandato que nos dieron nuestros votantes, el Gobierno decidió estar del otro lado”.
Pese a sus promesas, el Gobierno anunció en diciembre a través de su vocero que llamaría a extraordinarias, pero en el temario que anunció no incluía ficha limpia. Sin embargo en enero, al oficializarse el llamado a extraordinarias, sí apareció ficha limpia.
La aprobación en Diputados
El nuevo texto se conoció el 20 de enero, y el 5 de febrero obtuvo dictamen de comisión. El nuevo proyecto incluía en la prohibición a ocupar cargos como jefes de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, entre otros.
Y llegó el día en el que finalmente se alcanzó la media sanción: fue el 12 de febrero, con 144 votos a favor, 98 en contra y 2 abstenciones, tras más de diez horas de debate.
La sesión en la que finalmente se alcanzó la media sanción.
Nunca ficha limpia había llegado tan lejos. Ahora le quedaba el camino del Senado, donde el proyecto tuvo dictamen el 19 de febrero, aunque no se lo incluyó en el temario de la única sesión que hubo en extraordinarias.
Y persistían las serias dudas respecto de su debate en esa cámara, siempre más inasible para todo oficialismo no peronista. Todos los ojos apuntaban hacia los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. Con un bloque de UP de 34 miembros, con solo dos de esos cuatro legisladores era suficiente para empatar la votación en una ley que necesita sí o sí mayoría absoluta (37 votos).
Los recaudos respecto de los misioneros habían menguado a partir de que en Diputados los cuatro integrantes del Frente Renovador de la Concordia habían modificado su postura oficial y votaron a favor. En cambio, de los dos diputados del bloque Santa Cruz, Sergio Acevedo había votado en contra y José Luis Garrido se ausentó.
Como sea, con el año electoral avanzado, habiendo ya transcurrido las extraordinarias y las prevenciones respecto del resultado en el Senado, todo parecía encaminarse a una razonable postergación del tema, hasta que el 3 de abril llegó el fuerte revés del Gobierno en el Senado, cuando el Cuerpo rechazó los pliegos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte.
Indignado, el presidente denunció esa noche un supuesto “pacto de impunidad” entre Unión por la Patria y el Pro para “voltear los dos jueces y ficha limpia en la misma sesión”. El mensaje presidencial se basaba en que en el inicio de la sesión había habido una moción del jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, para postergar esa sesión una semana y tratar los pliegos de la Corte junto a ficha limpia la semana siguiente. La rechazaron.
Milei cerró su mensaje con una advertencia que era un velado anuncio de lo que vendría: “Espero avance el proyecto de ficha limpia!!! VLLC!”. Así las cosas, se anunció prestamente la intención de llevar al recinto la media sanción de Diputados el miércoles 9 de abril.
Desconfiada, la propia diputada Lospennato pidió al oficialismo asegurarse antes de ir al recinto de contar con los votos para aprobar el proyecto, pues de lo contrario solo conseguirían invalidar el tratamiento hasta 2026 y tener que reiniciar el trámite desde cero. El debate del 9 de abril terminó postergándose con el argumento de que por el paro de la CGT del día siguiente muchos senadores se habían vuelto a sus provincias por la reprogramación de vuelos.
Pero el 18 de abril aparecieron los votos para sacar ficha limpia, cuando los senadores santacruceños confirmaron que estaban a favor de su aprobación. El senador santacruceño José María Carambia difundió el 18 de abril un video que decidió hacer “ante las constantes mentiras, falsedades, manipulación de la información e injurias de los medios nacionales para con el bloque de senadores de Santa Cruz y el gobernador de nuestra provincia respecto al tratamiento de ficha limpia”. Explicó todo lo que rodeó a la sesión suspendida, informando en el video que el mediodía del martes 8 de abril se había reunido con el vicejefe de Gabinete José Rolandi, quien le preguntó qué pensaba respecto de suspender la sesión, porque había senadores que estaban en duda y otros que no sabían si iban a estar presentes.
“Yo me negué rotundamente, porque nosotros estábamos dispuestos a sesionar, dar quórum, e ir a hacer el tratamiento correspondiente”, aclaró Carambia, que contó haber presentado una nota del bloque Por Santa Cruz ese mismo día pidiendo que les dijeran a qué hora se haría la reunión de Labor Parlamentaria, mostrando su voluntad de sesionar. La misma no fue respondida, “y a las horas nos preguntan si estábamos dispuestos a firmar una nota para suspender la sesión”, contó. Esa nota fue suscripta por varios senadores y por eso se suspendió sin fecha la sesión.
Surgió la fecha del 24 de abril, que volvió a postergarse, en este caso por el receso impuesto por la muerte del papa Francisco. La compañera de bloque de Carambia, Natalia Gadano, se quejaría más tarde de que el oficialismo no había aceptado hacer otra sesión luego de la del homenaje al Santo Padre, por lo que afirmó que “el oficialismo no quiere aprobar ficha limpia”.
El inesperado traspié con ficha limpia en el Senado.
Hubo un nuevo intento de dilación cuando, según aseguraron testigos, en una reunión de Labor Parlamentaria Atauche propuso postergar el debate de ficha limpia para después de las elecciones porteñas del 18 de mayo. Esa propuesta no prosperó y se decidió que la sesión se realizara el 7 de mayo. Para entonces, estaban asegurados -supuestamente- los votos para la aprobación: 38, con los dos santacruceños y los dos misioneros que ya no figuraban el radar de la desconfianza.
Las dudas surgieron del propio presidente cuando en una entrevista concedida a una periodista de Neura, un espacio afín, Milei advirtió: “No quiero que (ficha limpia) vaya a recinto y perdamos y se caiga y no se pueda tratar hasta 2026. Entonces, tengamos cuidado, no sea cosa que los ñoños republicanos estén haciendo una jugada sucia”.
Lo demás es historia conocida. El día de la sesión estaba garantizada la aprobación, hasta que al momento de la votación todo el mundo se sorprendió por el número que apareció en el tablero: 36 votos a favor. Los dos senadores misioneros salieron prestamente sin dar explicaciones.
El proyecto volverá a ser tratado con la próxima conformación del Congreso. Será nuevamente con un proyecto del Poder Ejecutivo y allí muy probablemente Javier Milei pueda vanagloriarse de haber sido quien finalmente consiga aprobarlo. Tal vez con el voto en contra de Cristina Fernández de Kirchner, si en estas elecciones ella aparece en las listas de candidatos.