La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, presidida por Laura Rodríguez Machado (Pro), dio el puntapié este martes para el debate de proyectos de ley que proponen un agravamiento de penas por la reventa de bienes adquiridos ilícitamente para la comisión de otros delitos.

Al comienzo, Rodríguez Machado informó que la reunión sería informativa y le dio la palabra a Ricardo Rivero Haedo, creador del petitorio “en busca de seguridad a motociclistas” a través de la plataforma Change.org. “Esto no es una ola de inseguridad, sino algo que viene para quedarse. Yo estoy vivo de milagro”, expresó y contó que, a plena luz del día en Panamericana, lo asaltaron y le dispararon un tiro en el pecho.

“Tiene que haber consecuencias para que este tipo de cosas no pasen”, reclamó Rivero Haedo y sostuvo que “lo que está pasando excede el tema de la política de un lado o del otro”. “La moto se convirtió lamentablemente en una herramienta de delito”, agregó.

La presidenta de la comisión informó que sobre la mesa se encuentra un proyecto del Poder Ejecutivo que prevé el endurecimiento de penas por robo de automotores o motovehículos, cables, cañerías, cobre y otros metales no ferrosos que sirvan para la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica o para la prestación de servicios públicos en general, así como también su comercio ilegal y el de teléfonos celulares y sus repuestos; ello con el fin de incrementar las medidas para prevenir la sustracción de dichos bienes.

“Muchas provincias, como Río Negro, Mendoza y Santa Fe tienen un tipo de normativa en este sentido”, indicó Rodríguez Machado e informó que se acercará a los miembros de la comisión un trabajo comparativo de ambas iniciativas.

La otra propuesta es impulsada por la diputada Patricia Vásquez (Pro), quien manifestó la preocupación por “el problema que tenemos con los crímenes que se cometen por motochorros; hay un delito de estos cada 5 minutos en Argentina y en el 80% de los casos son cometidos a mano armada”.

“Hay que tomar consciencia que no hemos hecho lo suficiente, porque si no, no estaría pasando lo que pasa”, observó la legisladora del ala bullrichista y precisó que plantea modificar el articulado sobre hurto, el robo de motos como herramienta de delito y “el encubrimiento como delito autónomo agravando las penas”. A su vez, reformar “la Ley de Tránsito para facilitar la detención y retención”.

Vásquez completó: “Claro que no es la solución mágica ni la única. Tenemos la firme voluntad de poner penas más severas para algunos jueces que liberan permanentemente a los delincuentes por la puerta giratoria. Miles de víctimas necesitan una respuesta”.

Incendios intencionales

Por otra parte, Rodríguez Machado recordó que el año pasado hubo un despacho unánime, que compatibilizó seis proyectos (dos de UP, uno de EF y DpS, otro de LLA y Pro, y dos de la UCR) para agravar penas por incendios intencionales.

“En sesiones extraordinarias ingresó un proyecto del Ejecutivo sobre la misma temática y días atrás uno de (Miguel) Pichetto”, señaló y habló de dos alternativas: “Una es, con los nuevos proyectos generar una nueva orden del día, con el trabajo que ya hizo la comisión. Y la otra, llevar la orden del día consensuada al recinto y en todo caso modificarla”.

Según la cordobesa, entre ese dictamen y el texto del PEN “no hay tantas diferencias; se basan básicamente en los mínimos y máximos de las penas”. “Entiendo que estamos muy próximos a encontrar un acuerdo”, afirmó y subrayó: “De no mediar acuerdo esperamos que no quede este tema relegado y que tengamos que reflotarlo con motivo de algún incendio”.

Desde la oposición, Martín Soria (UP) arrancó: “Lamento que el Poder Ejecutivo se haya dado cuenta tarde de lo que generan los incendios en Argentina”. Y habló de “un récord en hectáreas quemadas en el último tiempo”.

“Me parece que intentar reabrir un debate sobre una orden del día ya cerrada, donde todos los diputados dictaminaron por unanimidad la modificación de dos artículos del Código Penal, no se justifica”, consideró y apuntó que en el texto del Gobierno “se reduce el área de aplicación de las penas solamente a los Parques Nacionales”, a la vez que “no están contempladas las personas jurídicas”.

El opositor cuestionó: “Si de verdad les preocupa, dejen de echar gente de Parques Nacionales, financien el programa de Manejo del Fuego; el año pasado solamente el 22% se ejecutó”.

“Hay que llevarlo al recinto y ahí dar el debate, y si hay algo válido para tomar de ese proyecto, se tomará en el recinto”, sentenció.

Por su parte, la diputada Vanina Biasi (FIT) opinó que “nuevamente este proyecto está cayendo en un planteo que es absolutamente falaz, y es entender que elevando penas se pueden resolver problemas”. “Hay personas que viven en medio de la naturaleza y denuncian todos los días que empresarios que se quedan con tierras mandan a sicarios a quemarlas. ¡Y no está contemplada una figuran tan importante!”, resaltó.

Para la electa legisladora porteña, “no vamos a resolver el problema de los incendios si no atacamos a aquellos que tienen intereses reales para ir e incendiar”. “Muy poco se resuelve con materia penal. Es una fantochada en términos políticos muy grave, porque se utiliza el Código Penal para perseguir gente inocente y finalmente absolver a aquellos que son verdaderamente responsables”, denunció.