Para el autor, la medida implementada por el Gobierno nacional que reduce aranceles a la importación de electrónicos impacta de manera decisiva en la provincia más austral. No es una reforma: es una demolición.
La reciente decisión del Gobierno de Javier Milei de reducir drásticamente los aranceles a la importación de productos electrónicos no es una simple medida económica. Es un golpe frontal contra la industria nacional y un atentado directo a la provincia de Tierra del Fuego. En nombre de una ideología de mercado ciega y desarraigada, se pretende destruir décadas de esfuerzo colectivo, inversión pública y privada, y políticas de Estado que convirtieron a la provincia más austral del país en un polo productivo estratégico para la soberanía argentina.
Las cifras oficiales hablan de 7.000 puestos de trabajo en riesgo. Pero esa estimación resulta ingenuamente optimista cuando se analiza el impacto real sobre la economía regional. El efecto multiplicador sugiere que por cada empleo industrial que desaparece, se pierden al menos otros cuatro en actividades vinculadas: comerciantes, transportistas, proveedores de servicios, trabajadores del mantenimiento, del comercio, de la logística, entre otros. Estamos ante una posible catástrofe socioeconómica para una provincia que proyecta su desarrollo sobre pilares como la producción, el trabajo y el turismo entre otros.
Si tomamos en cuenta que Tierra del Fuego tiene alrededor de 90.000 trabajadores activos sobre una población de 185.732 habitantes, el golpe sería brutal: un tercio de la fuerza laboral se vería afectada de manera directa o indirecta. ¿Qué país puede permitirse el lujo de desmantelar su tejido productivo con esta liviandad?
La Ley 19.640, sancionada en 1972 fue una decisión estratégica para poblar, proteger, desarrollar e integrar el extremo sur del país, una región marcada por condiciones geográficas extremas y amenazas geopolíticas. Esa ley permitió generar empleo, crear arraigo, consolidar una identidad fueguina y reforzar la presencia nacional en una provincia bicontinental, con proyección antártica y una ubicación geopolítica que el mundo observa con atención.
Reducir todo a una planilla de costos es ignorar la lógica del desarrollo. Ningún país (ni siquiera los más desarrollados) produce tecnología sin importar algún insumo. Y si el único criterio fuera el precio, todo el planeta compraría a China y cerraría sus fábricas. Pero la realidad demuestra lo contrario: las grandes potencias, incluida la administración Trump en Estados Unidos, han aplicado políticas proteccionistas para defender e incentivar su industria local. Porque saben que sin industria, no hay nación fuerte.
No es casual que, mientras las Islas Malvinas continúan ocupadas, Tierra del Fuego haya crecido en población, educación, ciencia, turismo e industria. La producción fueguina es una forma concreta de soberanía. Por eso es tan grave que, desde el propio Gobierno Nacional, se pretenda arrasar con ese entramado productivo y social. Esta medida no solo destruye empleos: destruye el sentido mismo de un proyecto de país.
El argumento del déficit fiscal, utilizado como excusa para justificar la apertura indiscriminada, se desmorona ante cualquier análisis serio. Menor producción local significa menos recaudación, más importaciones, pérdida de divisas y mayor déficit comercial. Lejos de ordenar la economía, esta política profundiza el deterioro. La experiencia reciente ya lo demostró: estas recetas no traen progreso ni desarrollo, sino desempleo, pobreza y exclusión. Lo que se genera es un déficit gemelo que contradice los propios objetivos que dice perseguir el gobierno. Incluso en los casos recientes de reducción de impuestos para los vehículos, se comprobó que la baja de costos no se trasladó al consumidor final.
No podemos permitir que, en nombre de un dogma de mercado, se desguace el esfuerzo colectivo de generaciones. Tierra del Fuego no está sola. Su defensa convoca a todo el país. Porque lo que está en juego no es solo el destino de una provincia: es el modelo de Argentina que queremos.
Convocamos a todas las fuerzas políticas, sindicatos, cámaras empresarias, gobernadores, intendentes, legisladores y a toda la ciudadanía a levantar la voz. A resistir. A organizarnos. A defender lo que es nuestro.
Porque no se trata solo de proteger una ley o una industria.
Se trata de proteger el derecho de nuestro pueblo a tener futuro.
Mario Daniele es senador nacional (MC)